El “mal acuerdo” y el camino constitucional

Por Roberto Fernández.- La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) confirmó lo que todas las anteriores durante años mostraban: los partidos políticos y el Congreso están entre las instituciones más desprestigiadas y rechazadas por las chilenas y chilenos.

Extrema paradoja: son las que definirán los mecanismos y contenidos de la propuesta de nueva constitución que será plebiscitada a fines de año.

Evidentemente el rechazo a la proposición de la Asamblea Constituyente en el plebiscito de salida y la importante derrota de los que apoyaron el Apruebo, crearon una situación política nueva e inesperada.

La incredulidad y el desconcierto por el resultado en los sectores de centro y de izquierda fue evidente y lo sigue siendo. 

La respuesta “oficial” del gobierno y los partidos que se jugaron por esa opción fue que “perdimos, así que es mejor llegar a un mal acuerdo con la derecha a no tener ninguno”… Y así comenzaron las concesiones, que en lo básico fue pasar de exigir una Asamblea de al menos 100 miembros, todos elegidos democráticamente, con asesores que apoyaran el trabajo,  a aceptar la de la derecha, una de 50 y la designación de 24 “expertos”, nombrados por el parlamento, que son los que redactarán el proyecto y que tienen atribuciones que van bastante más allá de una simple asesoría.

Además el método de elección de los convencionales será el de los senadores, lo que significa en la práctica que el principio elemental de la democracia, un persona un voto, no se cumple. El sistema proporcional acordado favorece a la derecha, que con menos de la mitad de los votos podría obtener la mayoría de los constituyentes. A esto hay que agregar que el 75% de las chilenas y chilenos dicen no sentirse representados por ningún partido político, sin embargo estos últimos decidieron que no pueden haber listas de independientes, solo personas que ellos acepten en sus coaliciones.

Otro hecho relevante es el de los “expertos” que jugarán un rol mucho más importante en el proceso de lo que se da a entender. La pregunta que amerita una respuesta es “expertos” ¿en qué? Se supone que lo deberían ser en la elaboración de constituciones, porque para eso serán designados. O sea tener un currículum ad hoc. Esto no será así, no existen tales expertos, solo serán representantes de opciones políticas, por lo que se puede sospechar que al menos hay oscuridad en lo que se nos propone.

Es indiscutible que el proceso tendrá, al final, una salida democrática dado que el proyecto que se elabore deberá ser aprobado en un plebiscito, pero vale la pena preguntarse si el mecanismo acordado para llegar a tal fin pasa totalmente el test de la blancura democrática. También es válido plantearse si el “mejor un acuerdo que ninguno” era la única alternativa.

En mi opinión no es así. Dada la magnitud de la derrota en el plebiscito de salida, los que estaban por el Apruebo podrían, manteniendo el objetivo de lograr una nueva constitución elaborada democráticamente, haber decidido darse un tiempo prudente para el análisis y la reflexión. En el intertanto se podrían haber llevado a cabo las reformas de la actual constitución, que la derecha decía estar de acuerdo en realizarlas.

Cabe recordar que el rechazo del 62% de los votantes en el plebiscito de salida partió con el 20% en el de entrada. Ese era el porcentaje de personas que estaban por mantener la constitución actual. Estimo que ese será el piso del rechazo en el referéndum de fin de año. Seguramente habrá también un porcentaje del 62% que preferirá esa opción y tal vez parte del voto de Apruebo, entre los que  no están de acuerdo con esta negociación, se sumarán a esa alternativa. No es para nada evidente que el proyecto de constitución que la convención presentará será aceptado.