El mercado de las drogas ilegales funciona

Por Mauricio Vargas.- A propósito de los dichos del director de SENDA, respecto a que la legalización de la marihuana no está considerado en el programa de gobierno y que por el contrario, “buscan «cerrar con candado la puerta de entrada» al consumo de drogas”, cabe señalar algunas cosas sencillas sobre el mercado de las drogas.

En primer lugar, hay que aceptar que consumidores-compradores hay; es decir, que existe uno de los agentes importantes de cualquier mercado. No está de más decir que no somos la única especie animal que disfruta drogándose. En el caso humano, desde la niñez comenzamos a experimentar con estados alterados, partiendo por juegos como el avioncito o el borrachito que buscan marearnos, para salir caminando a tumbos de un lado a otro. Además, a muy temprana edad (meses) comenzamos a experimentar con azúcar procesada y té; el café está reservado para más adelante (la preadolescencia o adolescencia, en general). Así que, si, somos una especie que consume drogas porque nos divierte y energiza.

Habiendo potenciales compradores, es normal que haya quienes estén dispuestos a producir y comerciar; algo que también ha sido una constante en la historia de la especie y responsable en gran medida del desarrollo de las sociedades. Es difícil parar esto.

Surgió un problema no deseado, quizás, cuando la autoridad trabó el mercado de la marihuana. En particular, cuando la situó al mismo nivel que otras drogas mucho más dañinas. La clasificación no funciona como los sellos de alimentos, advirtiendo la peligrosidad de la droga al usuario, sino que busca desincentivar al comerciante. Básicamente, el mensaje es que si trafica marihuana será tratado de la misma forma que si comerciara cocaína, heroína, pasta base u otras.

¿Qué entiende el comerciante ante esta señal? Simple, que independiente de la sustancia que trafique, la sanción será la misma. A igual sanción, se opta por el menor riesgo.

Dado que los compradores esperan ser satisfechos en su demanda, al vendedor no le queda más que evaluar riesgo y beneficio. Y aquí se produce el problema para la política pública. La marihuana ocupa un volumen mucho mayor que el de otras drogas, por lo que es mucho más difícil de transportar y ocultar (sumado a su característico aroma).

En este punto el mercado comienza a operar como en los libros. Luego que el gobierno de Bachelet puso a la marihuana en la lista 1, el precio subió, porque el riesgo a la inversión (de la producción y comercio) aumentó por la restricción legal. Al subir el precio, al vendedor le es más fácil incentivar al consumidor a cambiar de droga, por el mismo precio o menos; viendo mejorados sus márgenes de ganancia y disminuyendo su riesgo a ser detectado. Esto causó una caída en el precio de la cocaína, que actualmente se encuentra a igual o menor precio que la marihuana.

No es que la marihuana impulse a sus usuarios a consumir otras drogas: son los incentivos generados por la regulación legal los que llevan a la industria a preferir comerciar con drogas más fáciles de transportar y ocultar, que además son más adictivas, por lo que generan clientes cautivos, lo que hace que las personas transiten a otras drogas.

A lo anterior, se debe sumar otro error en los incentivos: los exámenes de consumo de drogas en los trabajos. Por lo general, en algunos trabajos realizan pruebas de orina para controlar el consumo de drogas entre trabajadores y postulantes. Por las características propias de la marihuana, es detectable varias semanas después del consumo; lo que no pasa con el alcohol, la cocaína, la heroína y otras sustancias. Es decir que es posible consumir una droga dura un par de días antes del examen (en una fiesta de fin de semana, por ejemplo) y no marcar positivo, mientras que el consumo de marihuana puede ser detectado hasta tres o cuatro semanas después. Situación que también incentiva al consumo de drogas duras.

Es decir, nuestras políticas públicas para controlar el consumo de psicoactivos impulsan por múltiples vías transitar hacia el consumo de drogas duras, que se definen como tales porque los daños asociados a su consumo son objetivamente mayores, tanto por su poder adictivo como por los daños a la salud física y social.

Como si lo anterior fuera poco, nos encontramos con que agentes corruptos del Estado (militares) están armando a los narcotraficantes. Según palabras recientes del Jefe del Ejército. Seguramente no le venden armas a los pequeños campesinos de los valles transversales.

En resumen, podemos concluir que, en la práctica:

• La autoridad incentiva el comercio de drogas duras, al igualar las sanciones que tiene el comercio de drogas blandas.
• En el ámbito laboral se incentiva a consumidores a transitar a drogas duras (menos detectables).
• Agentes del Estado arman a los narcotraficantes.

Visto así, sólo falta que las autoridades sean parte del negocio de las drogas duras y el círculo se cerraría y las políticas dictadas tendrían una coherencia matemática. Y no sólo autoridades como algún alcalde, sino miembros de los diferentes Poderes del Estado. Cabe señalar en este punto que, si bien la autoridad busca resguardar ciertos bienes sociales, como la salud y la seguridad ciudadana, al prohibir un mercado que existe y seguirá existiendo pese a la política impuesta, genera también los incentivos suficientes para que se produzca, por necesidad del mercado, la corrupción del aparato público; generando una “enfermedad autoinmune” en el sistema socio-político. La revelación hecha por el Comandante en Jefe del Ejército es un botón de muestra.

Cabe preguntarse a cuántos pasos estamos de constituir un narco Estado.

 

Mauricio Vargas es Capitán del Partido Pirata de Chile.