Editorial.- ¿Cuántos meses pasaron desde que se dictó el fallo que determinó una modesta compensación a los chilenos por la colusión que protagonizaron los fabricantes de papel higiénico?
Recordemos: el fallo que otorgó los modestos (es un eufemismo) $7.000 por ciudadano fue en enero de 2017 y se retrasó por una serie de recursos que presentaron comunidades indígenas.
Pero en el intermedio, el total del dinero (unos $97.600 millones de pesos) ya había sido puesto a disposición del tribunal para su reparto y quedó a la espera, dando intereses que fueron justificados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como un modo de financiar los “gastos administrativos” del sistema de reparto.
Sin embargo, ahora que se anuncia que comenzará el reparto en agosto, se advierte que a cada chileno que le depositen el monto en sus cuentas RUT deberá pagar el costo del servicio de retiro al BancoEstado. ¿Por qué? ¿Por qué deberían pagar los chilenos un gasto administrativo que le resta un 4,3% al monto total recibido?
No tiene sentido. Constituye una apropiación indebida de parte de esta institución financiera. Primero, no hay tales gastos administrativos en el BancoEstado para este pago. Su sistema de cuenta RUT implica una economía de escala. Es decir, el pago de los $7.000 no significa para el banco ningún peso adicional en sus costos, y no se justifica que se les pague por su extracción desde el cajero.
Y si hubiera un costo, debería estar financiado ya a través de los intereses que dio el dinero a la espera de su reparto. Si calculamos apenas un 0,5% mensual en el período de espera (unos 16 meses), se deberían haber acumlado más de $7.800 millones… ¿no es suficiente?