El «problema» de la migración

Por Manuel González.- Quizás el problema internacional más relevante para América del sur hoy en día es la crisis política que vive Venezuela y su posible desenlace. Temen los estados limítrofes y demás de América del Sur que empeore la crisis de migración e inclusive podrían darse campos de refugiados. A todo ello se une la falta de políticas públicas migratorias de los diferentes países que buscan, sin éxito por demás, detener la corriente migratoria a través de medidas restrictivas.

Hoy, cuando la crisis interna de Venezuela se agudiza y se ve claramente la agitación social, con variados pronósticos hablando de guerra civil y otros de invasión. No obstante, los que hablan así, jamás han sentido una bala y lo hacen tranquilamente, desde el living de su casa viendo por televisión lo que está pasando.

En ambos casos, esto sería un fracaso a la razón y a las salidas político-diplomáticas. Nadie puede negar que si llegara a estallar un conflicto interno de estas características, la corriente migratoria sería una estampida y muchos estados se verían afectados por ella.

Quizás la poca capacidad analítica de la sociedad se enfrasca en ver este problema como un problema interno cuya afectación es residual en los respectivos países, pero muy por el contrario es un problema que tiene efectos en toda América del Sur y por ende crea escollos a los Gobiernos en su política interna y externa.

Este fenómeno de la corriente migratoria en vez de disminuir, va en aumento, con una serie de problemas asociados: pobreza, marginación, privación de derechos entre muchos y el miedo de algunos sectores postergados que ven en la migración un riesgo inminente de perder sus empleos, mientras en otros crece la xenofobia o el nacionalismo mal entendido.

Ningún Estado estaba preparado para la crisis humanitaria y es por ello que se han visto sobrecargados en muchos casos, los servicios públicos, que ofrecen derechos sociales y garantías mínimas de protección. Por lo mismo, se ha optado por la creación de murallas reales o invisibles para contener estas corrientes migratorias.

Históricamente, está comprobado que no sirven, sólo son un paliativo momentáneo. Es cosa de recordar las murallas del Imperio Romano a los Pueblos Indoeuropeos, pero una solución más correcta fue la empleada por el emperador Antonino Caracala en el año 212 DC, en donde les da ciudadanía a los extranjeros, igualando derechos.

El problema nacional

Mientras en Chile el Gobierno de Sebastián Piñera, con el lema “Ordenar la Migración”, prometía detener la migración, lo que no ha ocurrido y se ve a simple vista que las políticas restrictivas que buscan contener este fenómeno no dan resultado, en sí para el Gobierno la “Migración es un problema” que repercute al Gobierno y un sector de la sociedad chilena.

Esto se une a una mirada de una buena macroeconomía, la que no se ve reflejada en su microeconomía, es decir que el crecimiento porcentual de Chile no llega al bolsillo del ciudadano común, pues la vida hoy es más cara que hace un año atrás y con variaciones salariales menores que no son capaces de compensar esa subida del costo de la vida. Esto se une a una tasa de desempleo de 7.3% lo que se explica según el Ministro del Trabajo, porque hay más gente buscando empleo, es decir hay más extranjeros en el país.

Pero, en realidad lo que preocupa al gobierno chileno en materia migratoria, es la creciente llegada de extranjeros al país. Sólo un dato para tomar en cuenta: al respecto el año 2018 ingresaron al país 211.000 venezolanos. Habiéndose aprobado aproximadamente sólo 17.000 Visas de Responsabilidad Democrática. Si hacemos una comparación el año 2017, esta cifra era de 167.000 venezolanos.

Mientras, en la prensa vemos un discurso de apoyo al pueblo venezolano, pero en la práctica existen una serie de medidas que dificultan la legalización de los extranjeros, partiendo con la reforma administrativa de abril de 2018 que lo único que hace es tener más ilegales en el país.

El solo hecho de haber restituido la cláusula de viaje en los contratos y la duración de 24 meses, desincentiva a los pequeños y medianos empresarios, al chileno común y corriente que contrataban migrantes.

Muy por el contrario, no desincentiva la migración en un país donde se vive en el caos y al borde del enfrentamiento interno, creando por demás dos grandes males: el lucrativo mercado ilegal de contratos de trabajo, lo cual es una solución recurrente en la desesperación. Y un gran número de migrantes que saben que quedarán de ilegales y que aun eso es mejor que quedarse en su país pasando a un mercado laboral informal, a ser mano de obra barata.

Pero esto no se queda en estas pequeñeces sino que hay otros dos puntos preocupantes: uno es el rechazo de Chile a la Resolución de Naciones Unidas que habla de migración ordenada, no reconociendo la migración como un Derecho Humano, al analizar la resolución de Naciones Unidas que solicita medidas como por ejemplo la revisión del Derecho interno para dar igualdad en materia laboral, lo que en el caso chileno beneficia tanto a nacionales como extranjeros.

Además, existe un proyecto de nueva Ley migratoria que para broche de oro solo citemos que “los extranjeros que vengan a Chile no podrán cambiar su estatus migratorio, es decir deberán solicitarlo en su país de origen”.  Alguien puede pensar que esto es muy lógico, pero esa lógica no funciona para Venezuela y un sistema político social que se cae a pedazos.

Todas estas medidas erráticas que piensan que la migración se detiene por Ley o por Decreto, se puede observar en la práctica que solo traen consigo abusos, desigualdad social y marginación del sistema social, financiero y laboral del país.

Es cosa de ver en la Inspección del Trabajo que hoy está llena de extranjeros de diferentes nacionalidades, exigiendo sus derechos que han sido transgredidos y a estos deberíamos sumar los que de forma infundada, no hacen las denuncias por miedo a alguna medida que pudiese tomar la autoridad por su condición de ilegal.

Párrafo aparte merece la problemática social en la cual se ven inmersos algunos extranjeros en lo que se refiere al hacinamiento en que deben vivir en nuestro país, y en trabajos informales, en que nos hemos acostumbrado a ver por ejemplo a vendedores haitianos en cada esquina, vendiendo todo tipo de productos y en la prostitución en que caen muchas mujeres extranjeras, lo que refleja a un Chile que no da más espacios y que no integra a estos migrantes.

Medidas urgentes adoptar

Chile es una nación constituida por la migración, puesto que los únicos realmente dueños de este país son los pueblos originarios, que capítulo aparte hoy se encuentran casi al margen de nuestra sociedad.

Una de las primeras medidas es una definición clara sobre la migración, entendiendo que migrar es un derecho, que el migrante es un ser humano, que llega desprovisto de muchos derechos y prerrogativas que los chilenos tenemos en nuestra vida diaria.  Y es por ello que el Estado debe ser el garante y protector de los más débiles, debe establecer una serie de políticas gubernamentales que ayuden a la inserción en el campo laboral y social de Chile, como son:

Lograr ese trasvasije cultural y la comunicación que enriquece al país en tradiciones  y costumbres que se verán arraigadas con el pasar de los años, creando puntos de unión que no se encuentran distantes y promoviendo políticas intersectoriales.

Propender a un profundo debate sobre este tema de afectación social que provoca la migración, es decir discutir  el cómo cambiar estructuras, hacerlas más flexibles e implementar por parte del Estado políticas públicas focalizadas, en Educación con la facilitación de reconocimiento de títulos profesionales, en Salud con campañas preventivas dirigidas a extranjeros que se residencian en el país y  en lo que respecta a la previsión social creando una tipificación especial en contra de los empleadores que evadan el pago de las cotizaciones legales.

Una forma de acercar a Chile es mostrar un país igualitario en derechos y deberes, hombre y mujeres iguales sin importar su nacionalidad.  El concepto es dar protección real y efectiva en lo que se refiere a derechos y proporcionar los medios para desarrollarse en este, el último rincón del mundo.

Adoptar una política de protección real y efectiva de los derechos laborales insertando en nuestro Código del Trabajo normas especiales o transitorias para quienes se integran a nuestra fuerza laboral, sobre todo en lo que respecta a la protección e igualdad laboral en materia de remuneraciones y jornada. Es decir, crear normas que den igualdad en donde no la hay.

La solución, como se puede apreciar, no pasa por modernizar el aparataje administrativo, sino por una visión nueva hacia la migración “no es un problema”, sino muy por el contrario, es “una oportunidad” de hacer crecer a Chile con un nuevo capital humano e intelectual.

Un debate abierto, que deje atrás el encasillamiento del  problema a discutir en las aulas o en  los círculos político e intelectuales, ver lo positivo del fenómeno al que el momento histórico nos enfrenta. Sociabilizar este tema es educar con la base del  país y que requiere una serie de cambios concretos a nuestra legislación que se vean plasmados en el quehacer social. Un trasvasije cultural y social necesario para la integración.

Para ello, necesitamos no sólo una Ley Migratoria que sea moderna, sino que fije el marco social de lo que queremos a mediano y largo plazo, con respecto a los que se residencian en Chile.

Nuestro país es un cumulo de culturas y costumbres reunidas bajo una misma historia y representadas por una misma bandera. Mientras no hagamos sentir participe de esto al extranjero lo seguirá siendo, sin amar a la patria que lo acoge.

Manuel González es presidente de la Fundación Chile Te Ayuda.