Señor Director:
El reciente reporte de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) reveló un alarmante aumento del 23,7 % en la pérdida de armas inscritas en Chile. Entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 7.648 armas extraviadas, robadas o hurtadas, lo que representa 1.467 más que en el mismo período del año anterior.
El destino de estas armas extraviadas es preocupante y, lamentablemente, previsible: el crimen organizado se convierte en el principal beneficiario de esta pérdida. Allí radica el mayor peligro: que estas armas terminen facilitando la comisión de delitos violentos, producto del descuido y la falta de resguardo por parte de quienes las poseen, sumado a la insuficiencia de la ley que regula su tenencia y uso.
En este contexto, cobra especial relevancia el debate sobre la tenencia de armas por parte de civiles. Lejos de garantizar mayor seguridad, su posesión puede generar mayor preocupación, evidenciando una falta de regulación efectiva y control estatal.
Por ello, se vuelve fundamental reforzar la confianza que la ciudadanía deposita en instituciones como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), organismos que el Estado prepara, capacita y faculta para portar armas con el propósito exclusivo de proteger a la población. Esta profesionalización contrasta con el riesgo que implica la tenencia privada sin los debidos controles.
Diego Arancibia
Investigador CE en Seguridad U.Central
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