“Para avanzar hacia una sociedad que tenga presente la igualdad de género y sostenibilidad -terminando con tragedias como el femicidio- es necesario transformar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos que se registran en nuestras comunidades”, dice el columnista Ernesto Yáñez.
Por Ernesto Yáñez.- El año pasado, al menos 4 mil 50 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en América Latina y el Caribe, según los últimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
La cifra muestra la persistencia y gravedad del femicidio en la región e indica que, en la mayoría de los países de América Latina, las tasas de este delito persisten sin grandes variaciones en los últimos años.
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Durante la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en noviembre de 2022, los Estados miembros de la CEPAL aprobaron el Compromiso de Buenos Aires, que propone un camino para avanzar hacia la sociedad del cuidado, con acuerdos para una recuperación transformadora con igualdad de género y sostenibilidad.
Se reconoce el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado. Se llama a promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.
En Chile la Ley 21.565, promulgada el 19 de Abril de este año, en su artículo primero establece que “el objetivo de este cuerpo legal es la creación y fortalecimiento de las acciones efectivas y necesarias por parte del Estado para la atención y reparación integral de las víctimas de femicidio y suicidio femicida”.
Pero para avanzar hacia una sociedad que tenga presente la igualdad de género y sostenibilidad es necesario transformar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos que se registran en nuestras comunidades.
Estos patrones sexistas y discriminatorios, conforman una cultura de privilegios, sostienen la persistencia de la violencia de género y socavan los esfuerzos de las propias mujeres y niñas por alcanzar su autonomía limitando el pleno ejercicio de sus derechos humanos.