ElPensador.io.- Con la policía y los militares cercando el Congreso del Perú, pareciera que la crisis política precipitada por el fujimorismo con mayoría en el Parlamento tiene la balanza cargada hacia el poder constitucional del Presidente Martín Vizcarra.
Porque la grave situación institucional que tiene al país entero con dos Presidentes de la República tiene su origen en la presión políticas de las fuerzas que apoyan a Keiko Fujimori.
La debacle se origina por el nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional, organismo que lleva a cabo las investigaciones sobre corrupción que el Presidente Martín Vizcarra había impulsado desde que asumió el poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuzcinsky. En el intento de controlar ese órgano, el Legislativo logró la elección del primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
«La mayoría parlamentaria recurre a innumerables argumentos y trucos, destinados a dañar no solo al gobierno sino a la sociedad en general», dijo Vizcarra, ante esta estrategia. Tras ello, el Presidente pidió un voto de confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas, pero fue rechazada por el Congreso, lo que derivó en la decisión del Mandatario de disolver el Parlamento, dominado por la oposición.
Los congresistas reaccionan, como en una pulsada, suspendiendo al Mandatario en el cargo y nombrando como interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
Más allá del debate constitucional generado tras ambas decisiones, la contienda entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene la balanza cargada hacia el primero, que cuenta con el apoyo de los líderes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, quienes ya se han movilizado para cerrar el paso a los parlamentarios a la sede del Congreso. Vizcarra también tiene el apoyo popular, que apoya su intento de limpiar la política a través de investigaciones anticorrupción que tienen ya en la cárcel al ex presidente Kuczinsky y a Keiko Fujimori. También tiene el apoyo de las localidades.
«Los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ante los últimos acontecimientos desarrollados en el Congreso de la República, expresamos respaldar la decisión tomada por el presidente de la República, quien ha hecho uso de su prerrogativa constitucional», señalaron los gobiernos locales, según lo publicado por El Comercio.
Los peruanos ahora miran el calendario, pues tras la disolución del Congreso se convocó a nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Hasta entonces, funcionará la Comisión Permanente del Parlamento, de 18 miembros, que tienen mayoría opositora. El mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.
Si se elige, algo que tiene que ocurrir máximo en cuatro meses, deberá reunirse para decidir de qué lado está. Mientras tanto, en el período de suspensión, es el Poder Ejecutivo quien legisla y lo hace por medio de decretos de urgencia, examinados por la Comisión Permanente.
Pero si en el plazo de cuatro meses no se llegan a realizar las elecciones, el Parlamento disuelto podrá reunirse de pleno derecho, recobrar sus facultades y destituir al Consejo de Ministros.
