Señor director:
El proyecto de ley de 40 horas en lo esencial se traduce en una modificación del Código del Trabajo que reduce la jornada de trabajo 45 a 40 horas, considerando cierta gradualidad anual. Sin embargo, parece no considerar que existen funcionarios públicos que se regulan por dicho cuerpo legal por remisión de normas estatutarias, a los cuales se les debería aplicar esta reducción de jornada.
Según DIPRES, en el gobierno central hay cerca de 35.000 funcionarios en esta situación (8%) y en el mundo municipal, si bien son menos (cerca de 1.600), el tema se complica por cantidad de trabajadores de las corporaciones de salud y educación.
Lo cuestionable es que en áreas sensibles como salud y educación, la administración central municipal de esos servicios tendrá una jornada distinta (40 horas) a la que tengan docentes, asistentes de la educación o profesionales de la salud (44 horas), sin que dicha diferencia de jornada tenga algún sustento que impida calificarla como arbitraria e incluso, inconstitucional.
Christopher Gotschlich
Abogado y académico UCEN
La tragedia de Renca expuso no solo fallas humanas, sino también deficiencias estructurales en las…
La expedición del obispo Marán hacia tierras mapuches en 1787 revela el choque entre el…
Si el petróleo de Medio Oriente pierde valor, el eje de lucha Irán–EEUU–Israel, convierte el…
Mon Laferte encarna la paradoja del arte contemporáneo: transformar el trauma en mercancía. Entre Byung-Chul…
La ofensiva de Donald Trump contra Irán no solo derriba un tabú histórico, sino que…
"Firmes y dignos" no es solo una consigna épica de Gladiador, sino un principio de…
