Por Roberto Fernández.- Estamos a pocas semanas de la primera vuelta de la elección presidencial y parlamentaria. A fines de diciembre tendremos un nuevo o nueva presidente electo. Es evidente que los problemas que deberá enfrentar ese gobierno serán múltiples y de una magnitud difícil de imaginar; lo que hace imprescindible un debate serio sobre la gobernabilidad futura La situación se agrava porque, más allá de todas las dificultades ya existentes, los candidatos y candidatas tienen como objetivo obvio el ganar la elección y eso implica hacer ofertas y promesas que estimes se acerquen más a las expectativas de las personas. No hay que ser un genio para darse cuenta que las necesidades de la mayoría de los chilenos son enormes, no tampoco extraordinariamente lúcido para constatar que son imposibles de satisfacer en un plazo breve.
¿Cómo se resuelve esta contradicción? La única posibilidad es apelar a la sensatez y responsabilidad de los candidatos y los partidos que los acompañan, en el sentido que no deben crear expectativas que no podrán resolver recién llegados al gobierno. ¿Es una ingenuidad, una ilusión pedir esto? Tal vez, pero no se ven otras alternativas, salvo que algunos busquen conscientemente la desestabilización del país.
Ahora bien, lo señalado más arriba es un problema serio, pero coyuntural. Entremos en el problema de fondo. En octubre de 2019 las condiciones de concentración extrema de la riqueza, de la desigualdad, de la pobreza, de los abusos, hicieron que este país literalmente estallara. Estuvimos muy cerca de la catástrofe, pero afortunadamente la reacción de “la clase política”, tantas veces denostada, muchas justificadamente, estuvo a la altura de las dificultades y consensuó una salida política que permitió evitarla. Se dio un curso político, democrático a la crisis, lo que permitió el Plebiscito y la elección de la Asamblea Constituyente, la que a pesar de todas las dificultades, en un proceso inédito en la historia de Chile, ha logrado funcionar de manera eficiente y esperanzadora.
Como consecuencia de todo esto, el próximo gobierno deberá enfrentar además una situación inédita en nuestra historia. En paralelo a su instalación, la Asamblea Constituyente estará discutiendo y decidiendo sobre los artículos a plebiscitar, los que darán origen a una nueva Constitución, si se aprueba en el plebiscito de salida. Evidentemente serán procesos que dificultarán aún más la gestión del nuevo gobierno. Afortunadamente, desde la perspectiva de la gobernabilidad, la Asamblea Constitucional tiene un mecanismo, el de los 2/3, que permitirá una amplia e incuestionable mayoría en los acuerdos que se adopten. La derecha, con su 20%, no tiene la posibilidad de veto, lo que permite pensar que los puntos relevantes, los que implican cambios sustanciales y necesarios, serán aprobados por una mayoría considerable.
