Por Cristian Candia.- La cuestionada estrategia con que la compañía de gas Metrogas incrementa precios y utilidades a través de la creación de entes intermediarios que le permite inflar los precios que cobra a sus usuarios encendió las alertas sobre nuevos casos de abuso por parte de grandes empresas contra la ciudadanía. Hasta un 20% de las ganancias de Metrogas del último año -cerca de 394 millones de dólares- se obtuvieron a partir de una «sociedad espejo» intermediaria llamada Agesa fundada por la filial del grupo CGE Gas Natural. Según un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la práctica podría ser de carácter indebido. Esta controversia expresa la manera laxa y tardía en que se relacionan las grandes empresas y consumidores a partir de un marco que debía regular a las firmas de servicios públicos privatizadas en Chile en las décadas de 1980 y 1990.
Desde que comenzó ese proceso, se argumentó de manera bastante ingenua que los mercados se autocorrigen en torno a la libre competencia. Respecto al gas de cañería no existe esa libre competencia porque estamos frente a lo que se conoce como un monopolio natural, donde un conjunto de usuarios (residentes, negocios, industrias) está capturado y no tiene la posibilidad de buscar otro proveedor. También se debe tener en cuenta que, cuando se privatizaron las empresas de servicios públicos en Chile, las normativas regulatorias surgieron mucho después de ese hecho. Metrogas partió en 1994 y la ley que buscó limitar su frontera de rentabilidad en torno al 11% recién se generó en 2016.
Lo que, en teoría, debió haber beneficiado directamente a los consumidores, terminó en la práctica como letra muerta debido a fallas que se dieron durante la discusión de la ley N° 20.999. En la tramitación legislativa usualmente hay fugas de información donde un agente en el Ejecutivo o desde el Parlamento le avisa a las empresas los problemas que la regulación podría traerles, como ocurrió durante la discusión de la Ley De Pesca. Entonces las empresas anticipan la acción regulatoria y diseñan una estrategia ad hoc, que fue justamente lo que Metrogas hizo al dividirse en dos empresas espejo, una de las cuales -Agesa- tenía utilidades que estaban fuera del marco regulatorio.
Desde el punto de vista de la norma que regula la rentabilidad del monopolio, no se cometió un delito. Sí pudo haberse generado una situación de precios abusivos que se debe investigar. Hay cosas que se deben revisar: una es si hubo uso de información privilegiada por parte de Metrogas cuando hizo la separación de las compañías, como aparece el artículo 12 transitorio que exime explícitamente las ganancias de Agesa de la regulación y cuáles han sido las consecuencias negativas que tuvo esta acción sobre los consumidores.
Las vías para enfrentar las estrategias que van contra el espíritu de la ley siempre pasan por una fiscalización más robusta y penas más severas. En este momento la ley de libre competencia no está protegiendo los intereses del consumidor, lo que protege es la libre competencia en general. Se requiere reformularla en línea con estándares que definan cómo los consumidores se ven afectados cuando hay prácticas de este tipo. También hay que endurecer nuestras penas por delitos económicos, que son bastante más laxas que en Estados Unidos, por ejemplo, dónde tanto la colusión como este tipo de estratagemas conllevan altas penas de cárcel y pecuniarias.
Sumado al perjuicio económico que producen estas estrategias, hay otro efecto potencialmente corrosivo para la ciudadanía: cuando en las sociedades de mercado se producen acciones que atentan contra los/as consumidores/as, se pierde la credibilidad tanto en el sistema económico como político. Cuando este tipo de abuso vienen desde distintos frentes (el banco, la tarjeta de crédito, los servicios públicos), se profundiza una brecha de confianza que ya existe entre la sociedad y esas instituciones. Lo que hemos visto en los últimos años en Chile es precisamente el malestar de la ciudadanía, que ve cómo la promesa de los mercados autorregulados no se cumple y no existe una barrera eficaz para impedir que se repitan estos abusos. Aquí lo que está en juego es la fe pública en el sistema y ese es el problema más grave.
Cristian Candia es economista, magíster en Políticas Públicas y docente en las cátedras de Economía y Problemas del Desarrollo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
