Por Alvaro Medina Jara.- El debate en torno al escandaloso secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno abre la puerta a dudas e inseguridades aún mayores, además de indignación a granel.
Indignación por el hecho de que una persona que estaba en Chile como asilado político y, por lo tanto, en una calidad en que el Estado de Chile asegura su refugio seguro de un país extranjero, sea abruptamente capturado. La impunidad con que sucedió el hecho es llamativa, no sólo porque los captores se hicieron pasar por policías con acento venezolano, sino porque revela que este es un país donde no se cumplen las promesas.
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Desde el punto de vista de la protección al asilado, no es relevante si los secuestradores eran o no agentes de la policía política del régimen de Maduro, o integrantes del tren de Aragua bajo órdenes o acuerdo de la dictadura en Caracas. Todo apunta a que es un hecho político, no una captura simplemente delictual.
Nadie parece estar a salvo en Chile. ¿Qué se le puede decir a otros que han llegado a nuestro país a pedir refugio frente a tiranías? ¿Qué garantías tienen otros ex presos políticos venezolanos que han llegado a nuestro país?
¿De qué sirve una querella de parte del ministerio del Interior o el refuerzo de las fronteras o el aviso a Interpol? ¿De qué sirve que ahora la Dirección de Inteligencia del Ejército se involucre en investigar y obtener información? ¿De qué sirve que ahora la ex presidenta Michelle Bachelet articule declaraciones de ex cancilleres para evitar lo que califica (ahora) de “tendencias dictatoriales” del régimen de Maduro?
Aunque todavía no esté claro el por qué este hecho político debía involucrar a un joven ex teniente, un oficial de menor rango, y por qué hasta ahora no hay adjudicación del secuestro por parte de nadie, es un asunto a dilucidar.
Pero, haciendo ficción, si realmente esto es responsabilidad de la dictadura de Maduro, y el teniente secuestrado no ha salido del país, entonces nuestro país no es nuestro y un tirano, por redes propias o por alianzas con narcotraficantes, tiene su propio territorio y dominio dentro de Chile.
También queda en la duda el extraño uso de un automóvil que era propiedad de la esposa de un dirigente de la Izquierda Ciudadana (IC), que no había sido encargado por robo. ¿Para qué necesitarían un vehículo “prestado” que deja huellas? ¿Qué vinculaciones tienen chilenos con estas redes?
Pero, por sobre todo, queda la duda sobre los contactos con actuales y las repercusiones políticas de este hecho. Sobre los contactos actuales, no ha habido noticia ni del embajador de Venezuela en Chile ni sobre la actitud del gobierno chileno. Estas no son “cosas que pasan” y las decisiones que se tomen en las siguientes 48 horas van a determinar si podemos sentirnos protegidos o no.
¿Habrá expulsión de diplomáticos? ¿Embargo de bienes? ¿Suspensión de compras? ¿Qué represalias habría si se comprueba que fue un acto de secuestro político? En la práctica, ¿qué se puede hacer?
Corre el rumor una reunión de Diosdado Cabello, el jefe de las Fuerzas Armadas de la dictadura venezolana, con autoridades chilenas. Si eso llegara a ser efectivo, sería grave. ¿Conoceríamos los detalles de la reunión? Se ha sabido que este jerarca, además, ha negado que la policía política del régimen haya estado involucrada en el secuestro. Pero, ¿podemos creerle a una dictadura que ha encarcelado sin pruebas a tantos de sus ciudadanos?
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