Por Rodrigo Larraín.- Proponen algunos modificar la ley a fin de que se puedan abrir los archivos de las declaraciones de la Comisión Valech. La medida está dentro del Plan de Búsqueda de Verdad y Justicia para encontrar en esas declaraciones clasificadas información que permita dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.
Como se sabe, esas declaraciones provienen de las víctimas que declararon ante la Comisión de Prisión Política y Tortura, en 2003, que dejaron testimonio de los vejámenes sufridos por miles de chilenos que se atrevieron a contar la maldad que se les infligió. Fueron 28.459 víctimas de tortura, prisión y muerte, en más de 800 centros de prisión y tortura. Más tarde -en la Comisión Valech 2- se añadieron 9.795 nuevas víctimas.
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Una ley estableció que las declaraciones archivadas se podrían conocer luego de 50 años. Se trataba de proteger la intimidad de las víctimas que no querían que sus descendientes conocieran las torturas a las que habían sido sometidas.
Es un asunto de dignidad y pudor; ultrajes sexuales de toda clase, hambre y mugre en los recintos, dolor y enfermedad, traiciones y horror, bajeza humana y brutalidad incomprensible e indescriptible quedaron sellados casi para siempre.
Lo terrible es que allí no hay nada, pues nunca han sido las víctimas la que encubren a los victimarios. La ofensa a las víctimas es realmente atroz, ya que se dice que esas víctimas de prisión y tortura no entregaron la información que tenían a la justicia y sí que lo hicieron ante una persona que les escuchó sus cuitas.
La incomprensión de los hechos es no saber que en la Comisión se entregaba información y no se iba a buscar consuelo o terapia. Los proponentes de abrir los archivos parecen no haber declarado nunca ante la Comisión.
Para suavizar la vejación de la confidencialidad se sostiene que las víctimas y sus herederos deberán autorizar la apertura en cada caso. Dos errores maliciosos: se dice que algunos obstaculizarán a la justicia al permanecer la duda si -a lo mejor- declararon algo útil en su oportunidad, a una historia trágica ahora se estimula una culpa.
Segundo, de dónde sale el insólito derecho de que se debe saber todo sobre cada ser humano, una nueva violación a la intimidad y hacer padecer vergüenza a quien ya sufrió bastante.
La falta de empatía de estos nuevos defensores de los perseguidos de antaño es inmensa. ¿Por qué revictimizar y no buscar donde sí hay información y tratar de conseguir romper los pactos de silencio entre victimarios?
Contrario a los dichos del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en orden a que aunque el gobierno no tenga mayoría en ninguna de las dos cámaras “hay una razón de persuasión suficiente para que consigamos los votos”. Ojalá que no, pues antes hubo dos iniciativas en que se opusieron parlamentarios de partidos que hoy son oficialistas.
Hablando de falta de empatía, también hay mala fe. Por ejemplo, insinuar más o menos desembozadamente que el carácter secreto de los archivos del Informe Valech es una denegación de justicia y la causa del dolor a quienes buscan a sus deudos desaparecidos.
No conozco casi a nadie, en todos estos años, que cuente con precisión y detalle lo que le hicieron en prisión. Se refieren con generalidades, implícitos y sobrentendidos, así que el estrés de declarar es desconocido por estos proponentes de cambios en la legislación.
No son los memoriales, las nuevas listas en registro civil o añadir nuevos delitos a los códigos, es la justicia y nada más que la justicia, y si no la hay por lo menos no molesten reviviendo dolores. Sospecho que todo se va quedar en el intento de abrir los archivos y nada más.
Rodrigo Larraín es sociólogo y académico de la U. Central
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