La prohibición del interés compuesto no corrige abusos: niega principios económicos básicos y amenaza el ahorro de millones, en una señal preocupante de negacionismo legislativo.
Por Piero Soto Rivas.– Hay ideas tan malas que uno supone que morirán en el primer trámite. Y después descubre que la Cámara las aprobó por 79 votos, que el Senado las ratificó y que hizo falta que el Banco Central rompiera su prudencia habitual para advertir que el país estaba a punto de legislar contra la realidad.
Hablo de la indicación del diputado Héctor Ulloa (Independiente–PPD) que, colada en la megarreforma, busca prohibir el anatocismo: el cobro de intereses sobre intereses. Sin eufemismos, un proyecto para prohibir el interés compuesto. Es decir, para prohibir una operación matemática.
Allí anida el negacionismo económico. El interés compuesto no es una trampa de la banca para exprimir al deudor: es la expresión aritmética de algo elemental, que el dinero vale distinto en el tiempo. Es el mismo mecanismo que hace crecer un depósito a plazo o el ahorro previsional. No hay un interés compuesto “malo” para las deudas y uno “bueno” para el ahorro: es el mismo. Prohibir uno es mutilar el otro.
Por eso la advertencia del Banco Central fue tan categórica. Prohibir el interés compuesto no abarata el crédito: los oferentes subirán las tasas simples hasta reconstruir su margen y el deudor pagará lo mismo o más. A cambio, el ahorrante pierde la capitalización de productos tan masivos como los depósitos renovables. Y la medida no tiene un solo precedente internacional. Ninguno.
Eso es negacionismo económico: creer que basta un artículo en el Diario Oficial para derogar principios que operan como la gravedad. La misma familia de ideas que fija precios y produce desabastecimiento, que congela arriendos y destruye la vivienda, que confunde la buena intención con el buen resultado.
Y aquí la buena intención es agravante. Se legisla contra el deudor en nombre del deudor; se castiga al ahorrante en nombre de la justicia; se celebra una “solución” que los propios reguladores técnicos sugieren no aprobar. Que 79 diputados aprueben algo que ningún país del mundo ha hecho, y que el instituto emisor deba advertirlo, debería bastar para detenerse a pensar. Se prefirió el titular. El Ejecutivo prepara un veto, y hará bien. Pero el veto corrige la ley, no la mentalidad que la produjo.
Piero Soto Rivas es analista y académico, U. Central
