Por Juan Medina Torres.- La finalidad de las municipalidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Así lo establece la Ley 18.695 y sus funciones, son todas aquellas materias o tareas que la ley ha entregado a su competencia.
Sin embargo, a pesar que la finalidad y las funciones se establecen claramente en la Ley, éstas no se cumplen en la gran mayoría de los municipios por fallas en la gestión administrativa o derechamente por problemas de corrupción.
Licitaciones irregulares, déficits presupuestarios, malversación de fondos, la inexistencia de planos reguladores, conflictos de interés, millonarios sobrepagos, etc., son algunos de los problemas detectados por la Contraloría General de la República, todos los cuales son graves porque dejan de manifiesto la poca o nula transparencia que tienen los gobiernos comunales provocando la desconfianza ciudadana.
Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el Informe Consolidado Nº N°502, de 2018 sobre Auditoría a las Concesiones de los Servicios de Aseo Municipales, donde se observan pagos objetados por la cantidad de $727.939.244 correspondiente a desembolsos que no se ajustaron a la efectiva prestación del servicio concesionado cuyo calculo fue inconsistente con el método definido en la normativa que regula la contratación.
O sea se pagaron $727.939.244 de más a los concesionarios por cálculo incorrecto.
Las municipalidades comprometidas son:
- Iquique $ 3.960.922
- Talcahuano $ 26.429.003.
- Calama $ 116.981.455
- Maipú $ 215.079.506
- Estación Central $ 8.161.364
- El Bosque $ 17.575.832
Las sumas indicadas son recursos que bien podrían destinarse a satisfacer las necesidades de la comunidad, pero por una mala gestión no cumplieron los objetivos que espera la población.
Pero hay más: Por mala gestión o falta de gestión, las municipalidades dejan de percibir ingresos por derechos de aseo no cobrados, por falta de aplicación y cobros de multas correspondiente a incumplimientos de las disposiciones del contrato de prestación de servicios por parte de las empresas concesionarias –que llevaban aparejada una multa–, pero que no fue advertida, aplicada o cobrada por el municipio, todo lo cual constituye un cuadro de ineficiencia administrativa que compromete la gestión de Alcaldes y Concejales que ya se preparan para las próximas elecciones y los partidos políticos estudian fórmulas que les permitan una mayor representación, sin considerar las capacidades de gestión de esos postulantes.
