Es mucho más que una rebaja presupuestaria para la JUNJI

Una rebaja presupuestaria en los recursos directos para los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) tiene implicaciones directas en el desarrollo de las futuras generaciones, los problemas que surgirán y sus efectos en la educación son analizados por Sabrina Devia Astorga, académica especialista en educación.

Por Sabrina Devia Astorga – Ante la rebaja presupuestaria anunciada para el financiamiento de jardines infantiles de la JUNJI y Fundación Integra, es a todas luces un motivo de preocupación, sobre todo porque el “cambio concreto”, número 52 del plan actual de Gobierno, indica que se implementará “un programa de expansión de al menos 60 mil cupos de educación inicial, principalmente a través de financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de salas”. El cuestionamiento base de esto es ¿Por qué se requieren más cupos en educación Parvularia?

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En Chile, la educación de niños y niñas en etapa de primera infancia, es un derecho, incluso al que se ha suscrito como Estado miembro de la Convención sobre los Derechos del Niño firmada en 1990. Desde esa época a la fecha, Chile es garante de este y todos los derechos consignados en la convención, por tanto, un Estado llamado al desarrollo e implementación de políticas públicas que den garantía de acceso a la educación en esta etapa de vida.

Los cupos de los Jardines Infantiles de JUNJI, Fundación Integra y Vía Transferencia de Fondos (VTF) no son suficientes para dar esa garantía, es más, el Estado depende de la oferta privada de establecimientos de educación parvularia para garantizar el acceso de los niños y niñas.

¿Cuál es el problema? la oferta privada está disminuyendo, porque la reforma de la educación parvularia, política pública trabajada entre los años 2014 y 2015, concretada en el año 2017, se pensó para la calidad de la Educación Parvularia y no para entregar garantía de acceso a la educación de los párvulos. Esto quiere decir, que los estándares para lograr una autorización de funcionamiento, responde a elevados criterios que la oferta privada nunca cumplió y que hoy, prefiere no cumplir, pues en algunos casos implica importantes inversiones para pequeños sostenedores.

De este modo, la consecuencia es mutar a guardería o “after school”, para lo que no necesitan más que una patente municipal y renunciar al componente educativo, prestando servicios asistenciales que brindan cuidado, alimentación, en algunos casos “entretención” y no necesariamente con personal calificado, porque nadie se los exige.

Bajo este contexto, no se trata de una reducción presupuestaria más, es mucho más que eso, son menos recursos para lo que va quedando de jardines infantiles de la oferta pública, para lo que va quedando de lo que hoy da garantía de acceso al derecho a la educación de niños y niñas, porque ya casi no se puede contar con la oferta privada.