Agencias.- El Papa Francisco resolvió expulsar al sacerdote chileno Fernando Karadima, el centro del escándalo mundial de abuso sexual que sacudió su papado, invocando su autoridad «suprema» para endurecer una sentencia dictada originalmente por un tribunal del Vaticano en 2011.
El Vaticano dijo que Francisco había terminado con el sacerdocio de Karadima, de 88 años, quien fue sancionado originalmente a vivir toda una vida de «penitencia y oración» por haber abusado sexualmente de menores en la parroquia de El Bosque que dirigía.
La sanción de «penitencia y oración» ha sido el castigo del Vaticano de elección para los sacerdotes ancianos condenados por violar y molestar a niños. Las víctimas han criticado esta medida durante mucho tiempo por considerarla demasiado suave y, en esencia, una jubilación con todos los gastos pagados.
El Vaticano no dijo qué nuevas pruebas, en caso de haberlas, llevaron a Francisco a reevaluar la sanción de Karadima e imponer lo que el clero considera el equivalente a una sentencia de muerte. Dijo que Francisco tomó la «decisión excepcional» por el bien de la iglesia, y citó el canon de la iglesia que establece el «poder supremo, pleno, inmediato y universal» del Papa para servir a la iglesia.
La declaración dice que el decreto entra en vigencia inmediatamente y que Karadima fue informado.
Juan Carlos Cruz, un sobreviviente del abuso de Karadima que ha sido un impulsor clave para impulsar la justicia para las víctimas y una revisión de la jerarquía chilena, agradeció a Francisco por tomar medidas contra Karadima.
«Nunca pensé que vería este día», twitteó Cruz. «Espero que muchos sobrevivientes sientan un poco de alivio hoy».
La decisión pareció apuntar a mostrar un acercamiento difícil al abuso sexual luego de una serie de pasos en falso por parte del Papa y acusaciones de un ex embajador del Vaticano.
Aunque la medida es bienvenida por las víctimas, la decisión podría desatar un debate religioso para aquellos que lo ven como un segundo castigo por el mismo crimen. Los críticos conservadores de Francisco también podrían alertarse ante otra muestra del crudo poder papal del jesuita argentino. Ya antes había ejercido un poder similar al expulsar del sacerdocio al ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, por motivos similares. Su defensa ha alegado falta de un juicio adecuado.
Francisco desencadenó una crisis en su papado a principios de este año cuando defendió enérgicamente a uno de los protegidos de Karadima, el obispo Juan Barros, contra las acusaciones de que había presenciado los abusos de Karadima y lo ignoró.
El Pontífice había afirmado que las acusaciones contra Barros eran «calumnia» y motivadas políticamente, y defendió su decisión de 2015 de nombrar a Barros obispo de Osorno pese a las objeciones de los fieles y muchos en la jerarquía chilena.
Encarado por la prensa y por los feligreses, Francisco ordenó una investigación del Vaticano que descubrió décadas de abusos y encubrimientos por parte de los líderes de la iglesia chilena. Francisco se disculpó con las víctimas y se dispuso a hacer las paces, incluyendo conseguir que cada obispo activo en Chile ofreciera renunciar.
Hasta la fecha, ha separado a siete obispos, incluido Barros, por su participación en abusos o en encubrimiento.
La pregunta es, cuándo se hará cargo también del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, quien está imputado por la justicia chilena por encubrimiento de casos de abuso sexual, y cuyo rol en la Iglesia se encuentra en serio entredicho, al punto que debió marginarse del tradicional tedeum ecuménico. O del cardenal Francisco Javier Errázuriz, cuya participación en el encubrimiento a Karadima ha sido acusada por las víctimas, pero que sigue ejerciendo bajo el alero del Papa.
