La Araucanía y la urgencia de un Estado presente

La creciente inseguridad en la Región de La Araucanía requiere un enfoque político integral, con respuestas concretas del Estado y una apuesta firme por la cohesión social y el desarrollo territorial

Por Mario Neculman Neculman.- En los últimos años, la Región de La Araucanía ha experimentado un preocupante aumento de la inseguridad, que ha impactado profundamente la vida cotidiana de miles de familias, especialmente en los sectores rurales.

Si bien el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha centrado su atención en la complejidad del conflicto histórico con el pueblo mapuche, la ciudadanía demanda que esta mirada también incorpore soluciones concretas y sostenidas frente a los problemas de violencia y criminalidad que afectan a la región.

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La situación ha tenido efectos palpables. René Inzunza, presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Temuco, ha señalado que “los locales comerciales están cerrando más temprano por temas de inseguridad”. Este testimonio evidencia cómo el temor ha alterado la rutina y el dinamismo económico local, afectando a comerciantes, trabajadores y familias que, con esfuerzo, han levantado sus proyectos de vida en esta zona.

Hoy, la violencia en La Araucanía no es sólo un tema de titulares; es una realidad que erosiona la cohesión social y debilita la confianza de las personas en la posibilidad de vivir en paz. Robos, asaltos y ataques en sectores rurales han obligado a las comunidades a reforzar sus viviendas y predios con medidas de seguridad costosas, muchas veces inaccesibles para familias vulnerables.

Avanzar hacia una respuesta estatal integral y colaborativa

En este contexto, es fundamental que el Estado, en todos sus niveles, actúe con decisión y eficacia. Si bien ha habido anuncios importantes, la percepción ciudadana es que las respuestas han sido parciales y lentas. La ciudadanía espera un enfoque integral que combine prevención, control, protección social y desarrollo local, articulando esfuerzos entre los gobiernos locales, regionales y el Ejecutivo.

El rol de los municipios es clave. Así lo expresa el alcalde de Cholchol, Álvaro Labraña: “La inseguridad ha aumentado no sólo en los delitos comunes, sino también en aquellos que afectan la economía local, como el robo de animales y el asalto a pequeños agricultores”.

Desde su mirada, esta situación requiere un enfoque que combine seguridad pública con estrategias de desarrollo rural. “Como municipio estamos trabajando mancomunadamente con las comunidades y Carabineros, mediante juntas de vigilancia rural, pero esta triada —vecinos, municipio y policía— aún es insuficiente. Cholchol, una de las comunas más pobres del país, necesita un plan especial del Estado que permita salir del rezago y enfrentar la inseguridad con equidad territorial”.

Este llamado refleja una realidad que se repite en muchas comunas rurales de La Araucanía: la urgencia de dotar a los municipios de mayores recursos, equipamiento policial adecuado y herramientas de gestión para abordar los desafíos de seguridad desde el territorio.

Confianza en las instituciones y liderazgo estatal

En tiempos de crisis, es esencial fortalecer la confianza en las instituciones. Las policías —Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI)— siguen contando con un alto nivel de respaldo ciudadano. Apoyarlas de manera decidida y garantizar su resguardo jurídico y operativo es clave para que puedan cumplir su labor con eficacia y respeto a los derechos fundamentales.

En ese sentido, el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tiene la responsabilidad y la oportunidad de liderar un proceso transformador. Como ha señalado el alcalde de Temuco, Roberto Neira: “Es necesario avanzar hacia una mayor coordinación entre los municipios y el gobierno central. La seguridad debe ser una prioridad nacional, abordada desde la colaboración y el compromiso de todos los actores del Estado”.

Hacia una política de seguridad con justicia territorial

La Araucanía enfrenta una desigualdad estructural que se manifiesta con particular crudeza en el mundo rural. No se trata sólo de combatir el delito, sino de reconocer que la seguridad también es acceso a oportunidades, a servicios públicos dignos y a condiciones de vida que promuevan el arraigo, la paz y el desarrollo sostenible de los territorios.

La mirada del Estado debe ser profunda, transversal y con vocación transformadora. Esta crisis puede y debe convertirse en una oportunidad para reconstruir la confianza, fortalecer las instituciones locales y demostrar que las autoridades están presentes, no solo en los discursos, sino en los caminos, campos y comunidades que más lo necesitan.

Mario Neculman es periodista y Administrador Público, Magíster en Gerencia y Políticas Públicas