La crisis republicana: preludios de su explosión

Por Luis Riveros.- “Me parece que no somos felices…”, escribía hace poco más de cien años don Enrique Mac Iver, reflexionando sobre la crisis que por entonces vivía Chile, cuando primaba el descontento y se manifestaba un profundo malestar ciudadano. Radicaba el problema en una crisis moral entroncada con una escasez de iniciativas para proveer los servicios públicos que permitieran servir adecuadamente los requerimientos de la población. “El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad”, postulaba admonitorio. Y, en efecto, pocos años más tarde se profundizaría aquella protesta, marcando la cúspide de un reclamo social que afligía al país desde inicios de siglo y que tenía también mucho que ver con la necesidad de transformar la institucionalidad vigente. Los problemas se abordaron tardíamente, al costo de conflictos y enfrentamientos que podrían haberse minimizado si tal situación se hubiese enfrentado ante sus primeros síntomas.

Sin embargo, no existió la disposición de los políticos para abordar cuestiones que eran entonces centrales: reforma de la Constitución, creación de mayores oportunidades educacionales, protección al trabajador y sus derechos, instauración de políticas de Estado sobre el necesario bienestar social. Se anhelaba mirar al país más allá del transitorio esplendor del salitre, hacia una industria capaz de sustituirlo y de asegurar así un mejor futuro para la niñez y la juventud. Los políticos simplemente no escucharon el clamor que venía de todas partes y que tenía como protagonistas principales a los trabajadores y a los estudiantes.

Llama poderosamente la atención cuánto se parece aquel inicio del siglo XX con estos años de principios del siglo XXI. Hoy el país disfruta de los buenos resultados de las exportaciones de cobre, que alimentan con notorio esplendor nuestras arcas fiscales. Y también el país ha logrado desarrollar una infraestructura vial y comunicacional moderna y efectiva, que le pone a la cabeza de muchos otros países subdesarrollados. El ingreso per cápita se ha triplicado en pocos años y domina un ambiente de expansión económica y estabilidad de precios que hace a muchos mirar distante hacia atrás días de pobreza, desequilibrios económicos y notoria escasez. La cobertura de la educación alcanza hoy cifras comparables a los países más avanzados, la salud se moderniza crecientemente y las inversiones pronostican un mayor desarrollo de los servicios y de muchas industrias beneficiosas al crecimiento del país. Se nos distingue internacionalmente entre los países con mayor estabilidad macroeconómica, mejor ambiente para la inversión y también dentro de aquellos donde campea una destacada competitividad económica. Todos esos logros se sitúan dentro de una generación, la cual ha tenido la oportunidad de ver el salto social y económico que nunca nuestros antecesores pudieron apreciar. Y, al parecer, ¡no somos felices!

Efectivamente, la protesta se ha venido generalizando, ya no como una expresión política de rebeldía y de insatisfacción puntual generada por algunos grupos obedientes a ciertos intereses políticos. Prima el descontento en tantos ámbitos como áreas de relevancia pueden concebirse en el campo económico y social.
Nuestra juventud reclama acerca del futuro que le acecha, destaca lo poco representativo del sistema político actual y subraya su desaliento por la calidad de la educación a todo nivel. La clase media se siente desprotegida, obligada a pagar por todo y, sin embargo, carente de los medios necesarios puesto que los salarios y su evolución no están acordes a sus propias expectativas y necesidades. Hay un reclamo fuerte y creciente que proviene de las regiones del país, que ven que la mayor parte de las decisiones benefician principalmente al centro, donde radica también el mayor volumen de electores, manteniendo a muchas de ellas relegadas a un pasado que el país en su conjunto desea superar. Hay descontento porque la distribución del ingreso está entre las peores del mundo, lo que sorprende en un país con tan buenos resultados económicos generales, que permite así la coexistencia de dos realidades: la del éxito y la modernidad y aquella de la miseria y el retraso. También hay insatisfacción porque hemos dañado suficientemente el medio ambiente y se arriesga la sustentabilidad del crecimiento, predominando criterios estrechos y faltantes en esta materia. Por doquier existe un reclamo que no es adecuadamente atendido por los políticos, los partidos y las distintas coaliciones, los cuales están catalogados en los últimos niveles en la escala de aprecio ciudadano, al igual que el propio Parlamento y el Gobierno de la República.

Estamos en medio de una crisis

Muchos dicen que, a pesar de todo eso, Chile no está en medio de una crisis. Eso puede ser cierto, como lo era cuando escribió su carta a Chile don Enrique Mac-Iver. Pero lo incontestable es que el país está encaminado hacia una crisis que su dirigencia parece no desear reconocer ni enfrentar, la cual quizás ni siquiera percibe adecuadamente, enfrascada como está en asuntos de más corto plazo y regida más bien por una lógica electoral y no por una nacional y trascendente. En la situación presente es donde debiese intervenir la actividad política con voluntad de dirigir e influir, no solo con la limitada ambición de ser seguidora de la protesta y poder así incrementar el capital electoral de cada grupo, sino para darle un sentido transformador al sentimiento ciudadano.

Lograr la paz social requiere dar cauce a la intranquilidad existente, con vocación de comprometer las salidas necesarias a través de adecuadas reformas, no solamente en el afán de dar conformidad precaria a una ciudadanía que reclama sus derechos y que volverá a levantar su protesta acrecentada si lo medular no es atendido. Es aquí donde deben surgir los liderazgos capaces de encauzar los sentimientos de insatisfacción que dominan a nuestros compatriotas, para dirigirlos a un programa de cambios que logre accionar sobre los aspectos más fundamentales de aquellos que la ciudadanía anhela: cambio institucional para tener una democracia más directa y efectiva; un plan nacional de desarrollo para lograr un consenso que domine el camino hacia el futuro; una efectiva descentralización hacia las regiones del país; una educación que termine con la mediocridad y comprometa de verdad un cambio profundo para así lograr modificar la precaria situación distributiva; una estrategia de internacionalización que asegure el crecimiento y se base en la necesaria integración nacional; una política tributaria y una definición de Estado que efectivamente puedan permitir los bienes públicos que reclaman los chilenos para acceder a una distribución más justa del ingreso; una política cierta de protección medioambiental que sea también capaz de garantizar la energía que Chile requiere para su desarrollo.

Es posible que otros aspectos puedan ser incorporados en esta matriz de aspiraciones nacionales que debe ser atendida. Sin duda se concordará en que los aspectos enumerados están dentro de los más esenciales, debiendo revestir el carácter de preeminencia para atacar de modo solvente la crisis que está explotando en forma evidente. Es posible que distintos actores puedan establecer diferentes prioridades entre los aspectos mencionados, pero es indudable que el país necesita avanzar en forma simultánea atacando varios de ellos para así lograr la estabilidad social y económica que precisa como forma de garantizar un necesario crecimiento que se encamine efectivamente hacia un desarrollo con rostro humano. La cuestión fundamental radica en la necesidad de abordar estos problemas en forma oportuna, decidida y visionaria, ya que de ello depende el futuro de Chile.

Las causas de la crisis

En sus días don Enrique Mac-Iver atribuyó a una crisis moral la causa última de la insatisfacción ciudadana, debido a que el Estado y sus organismos habían dejado de cumplir en forma cabal con sus responsabilidades. La estagnación y degradación del país se vinculaba, en su opinión, al ambiente de corruptela reinante, situación que le llevaba a una sola conclusión: “…falta gobierno, no tenemos administración”.

No podríamos objetivamente replicar el diagnóstico de Mac-Iver para los días presentes. Sin embargo, es procedente indicar que la crisis moral de aquellos inicios del siglo XX tiene que ver hoy en día con la crisis de la actividad política nacional. Los partidos han dejado de ser centros de pensamiento y factores de impulso a la acción cívica; las coaliciones de partidos son más unas organizaciones de tipo electoral que grandes avenidas de reflexión y propuestas sobre la realidad social que se supone deberían entender y atender. Como resultado, los poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo, están más bien atenidos a puras cuestiones de corto plazo, sin atender con eficacia las tareas que demanda la construcción del país del mañana y que requiere de una política pública pensada en sus efectos en décadas adelante y no mirando un horizonte de solo meses. Nuestra actual crisis moral se debe al decaimiento de la política como arte de gobernar, a su precaria visión sobre los cambios necesarios para que Chile logre un desarrollo efectivo, a su desgastada ponencia frente a las diferentes visiones sobre el Chile que queremos. En gran medida, esto tiene que ver con un necesario cambio cultural en el hacer político, pero mucho también se relaciona con la institucionalidad con que contamos, la cual limita la competencia de distintos actores políticos, coarta las posibilidades de elección ciudadana, y pone a la efectividad de la democracia representativa como algo más bien inalcanzable para un pueblo que no está tampoco –y por efecto de lo obrado a través de décadas de descuido de la educación– haciendo mérito a la necesaria vigencia de las virtudes cívicas republicanas.

La juventud ha expresado no temer protestar frente a este estado de cosas. Como en los días de Mac-Iver. “Es la juventud que, sin más ley de servicio obligatorio que la escrita en su alma ansiosa del bien y amante de la Patria, se alista bajo las banderas que representan una gran causa nacional”. Es necesario un despertar del país, comprometiendo un camino de salida que aborde los temas que reclama la ciudadanía y que se reflejan en siete grandes e inevitables retos que enfrenta Chile. Para eso es necesario avanzar en la definición de nuevos liderazgos políticos capaces de transformar el ambiente actual y de postular un camino nuevo, lejos del populismo, de la inacción y de la cómoda forma de hacer política escuchando la protesta, sumándose a sus muchos ribetes pero no accionando ningún cambio sustantivo que, aunque costoso hoy, pueda indicar un camino de salida para el Chile del mañana.

Los retos fundamentales

Como se ha dicho, hay ámbitos muy precisos que pueden identificarse para aludir a las causas de la crisis que se profundiza día a día en nuestra patria. Es necesario atacarlos por medio de un pronunciamiento del estamento político, especialmente porque los retos existentes se constituyen en ámbitos relacionados y no corresponden a una dimensión o causa singular o exclusiva. Hay que mirar el bosque en el sentido de avizorar la compleja realidad que se enfrenta, la interrelación entre diversos problemas, para poder así esgrimir una estrategia adecuada y constituir propuestas sensibles ante una ciudadanía que espera impaciente. Ese es el principal propósito de estas líneas, que se inspiran en lo escuchado a distintos líderes ciudadanos en sus personales visiones y aprensiones. Líneas que pretenden solamente describir la magnitud de nuestros problemas, enumerándolos y estableciendo criterios centrales para abordarlos de modo efectivo.

PRIMER RETO: Consensuar una estrategia nacional de desarrollo
El país no cuenta con una estrategia formalmente definida para avanzar en la próxima década en los campos más relevantes del quehacer económico y social. Los lineamientos que el país propicia en torno al desarrollo son de tipo muy general y no establecen aquellas definiciones apropiadas que se necesitan frente a diversos posibles nuevos escenarios y la interacción entre distintos problemas. Hoy en día cualquier institución debe contar con una mirada a futuro que fundamente su acción estratégica y que, sobre escenarios posibles según las oportunidades existentes, consolide sus fortalezas y apunte a la eliminación de sus debilidades. Chile no posee esa mirada de futuro y de conjunto porque nuestra clase política no ha sido capaz de generar ese consenso.

No se cuenta, por ejemplo, con una estrategia de diversificación productiva para enfrentar posibles escenarios adversos en materia de exportaciones. Tampoco hay un plan de acción sobre la necesaria incorporación de mayor valor agregado a la producción, lo cual necesita de una suficiente inversión en ciencia y tecnología no inferior a 1.2 puntos del PIB anual (muy por encima de los actuales 0.3 puntos) y sobre la base de instituciones universitarias y centros de investigación privados. No cuenta tampoco con una estrategia que aborde apropiadamente la realidad social y regional que el país debe modificar en la misma medida en que progresa en sus resultados económicos generales.

El plan de desarrollo nacional no debe ser de tipo indicativo ni uno impuesto desde el Estado hacia la sociedad. Lo que postulamos es la necesidad de establecer lineamientos para el desarrollo nacional que impliquen el logro de un consenso nacional y que partan de un diagnóstico acerca del medio mundial y regional en que Chile se mueve. El plan debe contener, asimismo, una estrategia para el desarrollo del recurso humano, una visión sobre el tipo de sociedad que se anhela construir y una definición respecto de la acción que debe llevar a cabo el Estado en materia social, económica, financiera y regional, especialmente en lo educacional.

Las discusiones puramente ideológicas son poco pertinentes en esta materia. Muchos pensarán que la idea de “plan” es la que existía a mediados del siglo pasado, cuando este se consideraba una herramienta “dirigista” de la economía y la sociedad. Ya hemos dicho que nuestro concepto de “plan” se refiere a la existencia de un consenso sobre el futuro que queremos construir para el país y que debe estar constituido por un gran acuerdo nacional. Plan que debe responder a orientaciones y políticas de Estado y no solamente de gobierno, permitiendo con ello que exista una continuidad en las políticas más allá de sucesivas administraciones, debiendo renovarse quinquenalmente en sus diagnósticos y lineamientos.

La estrategia contenida en el plan debe consignar la realidad en que se mueve la economía chilena y que modela sus oportunidades, poniendo a prueba sus fortalezas y permitiendo superar sus debilidades. Además, dicho plan debe orientarse por la firme definición de que la nuestra es una economía mixta, donde la iniciativa privada es libre para desarrollar la empresa y los modelos de negocio que sean propicios, acotado ello al superior interés nacional en términos del impacto social de su hacer y en cuanto a la necesidad de que la política pública establezca las orientaciones necesarias para lograr un desarrollo acorde a los grandes objetivos nacionales. Muchas naciones experimentan hoy con modelos de índole pragmática en que el Estado tiene una labor de control y de orientación y la empresa privada es libre de jugar el rol que desee, sujeta a las restricciones que impone el bien común a través de las políticas del Estado.

La “ausencia” de Estado, hoy como antes, genera incertidumbre y desconfianza y provoca reclamos válidos e insistentes por parte de la ciudadanía. El desarrollo del Estado, por otra parte, y como lo prueba la experiencia de muchos países, nosotros incluidos durante la segunda mitad del siglo XX, no puede tampoco convertirse en un freno para la iniciativa privada que es capaz de generar actividad económica y poner los recursos de inversión necesarios para ello. La cuestión consiste en adecuar el funcionamiento de un Estado activo en materia de política pública transparente y efectiva, con el de una empresa privada que tenga la posibilidad de desarrollo con los incentivos adecuados pero sujetos a reglas basadas en la búsqueda del bien común. El plan que debe buscar Chile debe reflejar un consenso respecto de aquella compleja relación, cuyo fruto será el desarrollo equitativo y estable que la sociedad chilena anhela.

SEGUNDO RETO: Cambio en la institucionalidad

Es evidente que el término de la transición política chilena demanda un cambio en la institucionalidad vigente en al menos los cuatro aspectos siguientes: sistema electoral binominal, régimen presidencialista, rol del Estado en educación y en materia social en general, y estatuto de concesiones para la explotación de recursos naturales. El cambio en el sistema electoral debe orientarse a edificar un modo de tipo proporcional pero capaz de evitar una atomización de partidos. El régimen presidencialista debe ser revisado para balancearlo mejor con el poder del Parlamento, otorgando a este último iniciativa legal en aspectos definidos que no vulneren la necesaria disciplina fiscal. La educación y otras políticas sociales como salud primaria y seguridad social básica, el Estado debe asumirlas como responsabilidades preferentes dado su carácter de bien público y estratégico nacional, pero sin con ello eliminar la iniciativa privada sujeta a los objetivos nacionales prioritarios. Finalmente, el estatuto de concesiones debe ser modificado para que la contrapartida efectiva sean los recursos tributarios necesarios para consolidar el desarrollo futuro del país y donde el agua sea reconocida como recurso estratégico del Estado.

Los jóvenes reclaman por un nuevo marco institucional del país, ya que ellos no están dominados por los temores del pasado que naturalmente despierta el salirnos de la Constitución vigente. La revisión de la Carta Fundamental debe estar inspirada en la necesidad de diseñar una democracia directa en muchos aspectos decisivos para el país, permitiendo iniciativa legal a los propios ciudadanos y consultando un proceso de referéndum para algunas decisiones vitales de Estado. Esa “democracia 2.0” debe diseñarse cuidadosamente y las experiencias que han ocurrido a nivel de muchas comunas del país que han consultado a sus habitantes sobre los proyectos que anhelan, han arrojado una experiencia mayormente positiva. El país podría también impulsar consultas directas para abordar problemas de singular trascendencia, imponiendo la necesidad de una mayor educación de la ciudadanía, hoy acostumbrada a un ritmo de propaganda política medial y mayormente superficial con motivo de las elecciones de autoridades representativas.

Una asamblea constituyente elegida en forma directa debe establecer los criterios para este nuevo diseño constitucional, permitiendo la participación ciudadana en este decisivo debate. Esa asamblea será garante del cambio necesario, al ser las propuestas elevadas al propio Congreso Nacional para que tenga lugar su estudio y promulgación como nueva Constitución de la República de Chile. Pero la asamblea debe tener el mérito de ser un organismo representativo de la comunidad nacional, capaz de expresar la diversidad de visiones sobre el país que se anhela. Muchos la temen como si ella fuese a ser una entidad “peligrosa” o “inadecuada”, cuando en verdad se trata de una instancia representativa de la ciudadanía y sus anhelos. Indudablemente, no se trata de excluir al Congreso Nacional de su responsabilidad en cuanto a las modificaciones constitucionales, pero sí ha de tratarse de que se escuche a la ciudadanía y que sea el peso de su opinión el que efectivamente domine en las decisiones que el país urgentemente requiere en esta materia.

TERCER RETO: Descentralización por la vía del énfasis regional

El país no debe perder su esencial característica de constituir un Estado unitario, fortaleza indiscutible en el mundo globalizado actual. Sin embargo, Chile necesita también un desarrollo más equilibrado en materia económica, social y política con relación a su estructura geopolítica, especialmente cuando por años ha dominado un crecimiento no armónico en esta perspectiva. Una adecuada descentralización de las decisiones y las políticas de gasto público debe permitir distribuir mejor el resultado económico nacional en términos de las prioridades regionales. Este es también un camino importante para atacar la desigualdad social y económica, que se asocia íntimamente a la desigualdad prevaleciente entre regiones.

Desde el punto de vista político las regiones precisan mayor autonomía para determinar sus proyectos de inversión prioritarios y el uso específico de sus recursos en materia administrativa, además del régimen de incentivos que deben crear para atraer la inversión privada. El programa nacional de inversión se debe coordinar con las prioridades regionales de manera que la integración del país siga siendo un objetivo primordial en el marco de una mayor autonomía regional. Resulta esencial que las regiones decidan sobre sus proyectos de inversión contando con un adecuado filtro para conservar prioritariamente el espíritu del interés nacional pero, a la vez, impidiendo que tales decisiones se tomen únicamente en la capital del país.

Las regiones deben contar con autonomía para elegir a sus autoridades en un régimen que considere la plena compatibilización del poder político regional con el central, materia que requiere también de la definición de adecuadas normas constitucionales. El programa de regionalización del país debe poner especial énfasis en el diseño de la política educativa, para que ella se adapte a la realidad regional de manera adecuada aunque compatible con las orientaciones nacionales. Este aspecto es de fundamental importancia con vistas al apoyo que requiere la educación superior, especialmente la técnica, como factor de impulso regional.

CUARTO RETO: Educación de calidad para la productividad, la equidad y la buena ciudadanía

Chile cuenta con una educación retrasada e ineficiente que solo promueve la mantención o incremento de los actuales estánda- res de desigualdad social y económica. Ha logrado elevar significa- tivamente las tasas de cobertura pero su calidad es pobre, haciendo de esto un factor que genera una innegable debilidad nacional. Es además inequitativa debido a las enormes brechas que caracterizan a sus resultados de acuerdo a los niveles socio-económicos que atien- de, haciéndola un factor que mantiene o acrecienta la deteriorada distribución del ingreso nacional en lugar de ser un vehículo de integración y movilidad social. Por su carácter de bien público de naturaleza estratégica, la educación debe ser una tarea prioritaria del Estado por medio tanto de la provisión directa como de la existen- cia de una adecuada regulación.

Cuatro aspectos es necesario considerar en un programa de recuperación de la educación chilena, considerando que ella no solo debe orientarse a formar individuos “productores” sino también ciudadanos e individuos educados en los valores del humanismo: una mejor gestión que considere la asignación de recursos estatales sobre la base de resultados y que termine con el sistema de municipalización de la educación pública, radicándola en corporaciones educacionales de tipo público; disponer los recursos docentes, tecnológicos y de infraestructura necesarios para mejorar la educación pública, incrementar la subvención escolar, aumentar la cobertura de la educación prees- colar y de la educación técnica media y superior, financiar adecuadamente a las universidades del Estado e incrementar significativa- mente la inversión en investigación científica y tecnológica, todo ello sujeto a que el Estado no podrá financiar a instituciones que lucren o que no rindan cuenta pública de sus resultados; la educación debe mejorar su eficacia con una profunda revisión de los contenidos que se entregan desde el nivel preescolar a la media y con relación a la duración de los estudios en el caso de la educación superior, mejorando las reglas de supervisión y control con una Superintendencia independiente y brindando especial énfasis a la formación cívica y valórica que debe caracterizar a la ciudadanía del Chile futuro, y definir una política de Estado en materia de formación de profesores, implicando la creación de una Escuela Nacional de Educación que marque los estándares que el Estado chileno ha de requerir para un aspecto tan vital de la seguridad nacional.

Para llevar adelante este ambicioso programa de recuperación de la educación chilena el país necesita otorgarle hacia el largo plazo al menos tres puntos adicionales de su producto interno. Solo así y al cabo de una década el país podrá contar con una educación que alcance los trascendentes objetivos nacionales mencionados: mayor equidad social, mayor productividad laboral y mejor formación ciudadana y valórica de la juventud.

QUINTO RETO: Una economía internacionalizada con crecimiento sostenido

El país ha venido desarrollando, sin haberse nunca suscrito un plan específico ni un acuerdo político determinado, una política de promoción del comercio internacional basado en acuerdos bi o multilaterales con otros países. Esto ha permitido una acentuada expansión y diversificación del comercio exterior que resulta en un significativo mecanismo de seguridad ante las crisis de tipo regional y en mayor bienestar de la población chilena. Lo alcanzado prueba que un consenso transversal es posible en materias de trascendencia intertemporal y de amplia cobertura en materia de política de desarrollo.Se debe insistir en este camino, pero en lo interno se necesita dar lugar a políticas de estímulo efectivas a la PYME para que este sector sea el protagonista de una segunda etapa del crecimiento ex- portador.

Este objetivo es concordante con el afán descentralizador y su éxito requiere de una acción decidida de los organismos del Estado para construir un esquema de incentivos y de apoyo al de- sarrollo de este sector, especialmente por la vía de la gestión y del traspaso de tecnología y conocimiento aplicado. Un país internacio- nalizado, con más turismo, con una cultura internacional incenti- vada desde una nueva educación y con una economía diversificada y competitiva cuenta con factores de primer orden para conseguir crecimiento económico alto y estable. Pero este deberá darse en el contexto de un país integrado en que los beneficios del comercio se hagan tangibles no solo para ciertos enclaves productivos sino para todo el país y sus regiones en general. Chile debe consolidar su estrategia económica basada en la apertura al resto del mundo y en la iniciativa privada, pero reforzando el rol social que debe estar asociado a la misma y el de un Estado activo que, con pragmatismo y visión de futuro, debe regular y alentar un desarrollo industrial efectivo y eficiente.

Es evidente que sin crecimiento económico todos los objetivos que el país se proponga en distintos campos pueden resultar en un notorio fracaso. Sin crecimiento no puede favorecerse una estrategia de mejoramiento en la calidad de los empleos ni puede auspiciarse una política de elevación de la productividad laboral y los salarios, y tampoco llevarse a cabo plenamente las acciones destina- das a mejorar la distribución del ingreso. Sin crecimiento el país es menos atractivo para la inversión y es, por lo tanto, predecible que la tasa de expansión del producto se debilite por ese efecto de segunda instancia. Promover el crecimiento es indudablemente promover la mantención de una política de apertura comercial y financiera, pero es también la necesidad de una política de Estado destinada a consolidar el desarrollo del sector de medianas y pequeñas empresas productivas y de servicios.

Un país con crecimiento sano no es aquel en que la actividad se concentre en un sector de grandes conglomerados que invaden todos los campos económicos y productivos, sino un país donde exista una adecuada diseminación del crecimiento a través de una estructura industrial. Por eso una adecuada política de inserción internacional debe promover una integración del país desde el punto de vista de los diferentes ámbitos productivos y regionales, para que los beneficios del crecimiento económico y la diversificación y expansión del comercio sean un factor de equidad y progreso.

SEXTO RETO: Un Estado activo con financiamiento adecuado

El Estado chileno debe asumir roles que ha venido abandonando o minimizando en las últimas décadas, creando una profunda debilidad en el desarrollo nacional bajo un pretendido “rol subsidiario”. El área social, por ejemplo, especialmente en educación, salud y previsión, necesita de una acción decidida que sea capaz de incluir a todos los chilenos y exprese el sentimiento de que el éxito económico del país va más allá de titulares que el chileno medio aprecia pero que en términos concretos no disfruta ya que los resultados se concentran en un mínimo de la población nacional. El Estado chileno necesita ejercer una labor decidida en materia de redistribución de los recursos asociados al progreso económico. Asimismo, debe regular eficazmente para impedir que el libre mercado y el libre juego de intereses vulneren el bienestar de las personas, como ocurre con la colusión de empresas comerciales, la poca transparencia de empresas de servicios y la indebida oferta de educación o salud que no cumple con los mínimos estándares de calidad. Chile necesita un Estado que intervenga con pragmatismo en la actividad económica, sea factor decisivo en materia de redistribución del ingreso, introduzca señales sobre orientaciones futuras en base al plan de país, regule adecuadamente el hacer económico, sea un factor decisivo en materia de transferencia tecnológica al sector de nuevas empresas y PYMES, y provea la adecuada información al ciudadano y que abra paso al sector privado en todo aquello que redunde en posibles mejores resultados. Un Estado que sea garante de estabilidad social, económica y política y que, por tanto, sea determinante para atraer la inversión extranjera bajo las condiciones que establezca la nación chilena y en condiciones de estabilidad social y política.

El Estado chileno requiere de una reforma integral para ser más efectivo en el alcance de su tarea y en la aplicación de la política pública, pero también precisa de más recursos para atender prioridades innegables especialmente en el campo social. Es cierto que el crecimiento proporciona más recursos, pero también es cierto que las necesidades en educación, salud y previsión son cada vez mayores en la medida que envejece nuestra población, prevalece una inadecuada distribución del ingreso y se necesita financiar nuevos y significativos objetivos nacionales. Una reforma que rinda siete puntos más del Producto Interno Bruto para entregar tres a educación, dos a salud y dos a previsión social como objetivos de mediano plazo es viable y garante de la estabilidad social que Chile necesita para crecer.

No queremos un Estado agigantado que solo sirva de botín para los que triunfan en las sucesivas elecciones
de autoridades. Queremos un Estado eficiente y eficaz en su tarea de orientación para el largo plazo, de redistribución y regionalización efectiva y de adecuada regulación en materias definidas cuidadosamente en la política pública. Un Estado con mirada estratégica que responda ante las necesidades que levanta el desarrollo y en que la respuesta del mercado es incompleta o inexistente. Chile tiene derecho a aspirar a un Estado capaz de ser garante de un desarrollo estable y sostenido.

SÉPTIMO RETO: El cuidado ambiental y la matriz energética

El futuro de Chile y de su economía se liga profundamente a la necesidad de mantener mejores estándares en materia ambiental. Los esfuerzos hechos hasta ahora deben redoblarse, en especial para reducir el deterioro ambiental asociado a los procesos productivos y al desenvolvimiento de la vida urbana, debiendo reducir el nivel de contaminación que afecta a las grandes ciudades del país. En particular, la estrategia ambiental debe cuidar la sostenibilidad del desarrollo económico chileno para que no se consuman en el presente todos los recursos que pertenecen también a los chilenos del futuro. Nuevos recursos naturales como el litio deben ser explorados y explotados por el Estado con mecanismos de concesiones que permitan la alianza con empresas privadas.

Asimismo, el país debe definir una política energética que considere la huella de carbono para privilegiar el cuidado del medio ambiente. En esta debe incentivarse la eficiencia energética y el uso de una matriz energética que produce energía eléctrica considerando fuentes de energía renovables no convencionales, como la fotovoltaica, la eólica y la hidráulica. Por otra parte, el uso de hidrógeno verde en reemplazo de los combustibles fósiles, debe impulsarse y apoyarse. Para esto el Estado debe tener un rol primordial, en que la evaluación de impacto ambiental considere producción y transmisión como parte integrante del mismo proyecto y en enfrentar con tiempo suficiente las necesidades de inversiones que se requieren en producción, para satisfacer el consumo de energía eléctrica que se proyectan para los próximos diez años móviles.

Consideraciones finales

Las ideas que se esbozan más arriba no son excluyentes de otras propuestas en ámbitos diferentes o de distintas concepciones en torno a las soluciones esbozadas. El punto de fondo es que el reclamo ciudadano tiene que ver con estas prioridades no atendidas suficientemente, exigiendo de las autoridades políticas un pronunciamiento y una acción concordante. Más que un programa de componentes fijos y predeterminados, las áreas anteriormente mencionadas pretenden abrir un debate que sirva para adoptar las soluciones que la sociedad demanda y que sean parte del plan que necesita el país para mirar con optimismo su futuro.
Como se ha dicho, la problemática tras el conflicto social que se está alimentando radica en la falta de pronunciamiento respecto de estos y otros problemas vitales de la sociedad chilena. La crisis moral que vemos en curso y que se manifiesta en la protesta ciudadana, se asocia precisamente a ese déficit de análisis y propuesta por parte de los poderes del Estado y del estamento político de nuestra sociedad. Hoy más que nunca es necesario anticiparse a una crisis de la cual el país no saldrá sino en medio de conflicto y divisiones, y por eso es tan importante que el pronunciamiento ocurra antes como un medio de reducir el costo de un trance asociado en forma importante a la ausencia de determinaciones.

Sin duda alguna el tema pasa por un liderazgo capaz de conducir estas propuestas de manera convincente y efectiva, canalizando la inquietud ciudadana y promoviendo una visión integral de país. Sin ese liderazgo el programa necesario no podrá ser abordado íntegramente y las propuestas se diluirán en acciones con mirada de corto plazo, pero manteniendo sin solución la salida de largo plazo. Será este el campo propicio para planteamientos populistas que, como se ha comprobado en muchas otras realidades, alimentan expectativas, pero no concretan soluciones. El problema mayor en Chile para combatir la probabilidad creciente asociada a este mal es que el liderazgo necesario debe crear y construir los acuerdos y consensos necesarios en torno al país que queremos. En esto todos los chilenos tenemos la palabra.

Luis Riveros es economista y académico. Fue decano de la Facultad de Economía y Negocios y rector de la Universidad de Chile.  El presente texto es un extracto del libro “Chile: Los dilemas de una crisis” (Forja, 2021)