Por Fernando Martínez.- La mayor parte de los informados coinciden en que la deuda contraída por las personas en general se ha transformado en un enigma económico y un asfixiante problema social. Un enigma por su contribución eventual a la generación de una crisis por dilatación excesiva de una supuesta burbuja; un problema social, por la presión excesiva sobre la capacidad económica de los sectores vulnerables. No obstante, la deuda de las personas participa además en la configuración de una forma compleja del desarrollo económico actual en casi todo el mundo.
Dentro de la deuda misma, los créditos hipotecarios o créditos con garantía hipotecaria destinados a la vivienda, no sólo son un factor de endeudamiento que castiga severamente los hogares chileno. Son también parte de un mecanismo muy poco virtuoso cuya finalidad es utilizar los recursos de las personas que provienen de sus salarios, para incrementar la renta de las entidades financieras y del 1% más rico de este país que opera a través de los mercados financieros.
En este artículo describiré condiciones generales del endeudamiento actual de los hogares chilenos con el objeto de identificar focos de interés político y luego estableceré una somera descripción de mecanismos financieros enraizados en las instituciones que limitan los ingresos de los hogares y frenan el desarrollo social y económico del país.
Lo más propicio en momento de crisis sería unir las perspectivas políticas de corto y largo plazo para definir medidas contingentes y eficaces.
Los endeudados y la deuda
Análisis ampliamente difundidos en la prensa destacan que en 2019 el endeudamiento de los hogares registró un máximo histórico. Los hogares registraron un stock de deuda equivalente a 73,3% del ingreso disponible, superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior.
Una visión convergente con el endeudamiento de las personas está en las colocaciones de las entidades financieras según el Banco Central. El incremento de las series de colocaciones comerciales en vivienda y consumo es significativo entre 2010 y 2020:
No siendo factible cruzar las colocaciones con el destino hogar de los créditos, podemos al menos suponer que el destino de la cifra consolidada de los bancos referentes a las colocaciones en créditos a la vivienda y consumo representa 57.446 y 27.052 respectivamente (cifras en miles de millones de $ o billones: x1012).
La información más difundida en artículos de prensa sitúa el endeudamiento de los hogares en créditos para la vivienda en 45.000 MM$ (miles de millones o billones), en créditos de consumo por 12.000 MM$ y en el CAE 6.000 MM$.
Esta sexta versión del Informe de Endeudamiento de Hogares 2019 de la Comisión de Mercado Financiero (en base a datos administrativos), enfocado en clientes de bancos, de tarjetas de crédito y CACs, ofrece una instantánea del endeudamiento de las personas en Chile.
Los clientes que tienen obligaciones en créditos de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos hipotecarios para la vivienda mantenida en bancos, SAG, tarjetas de crédito no bancarias y cooperativas de ahorro y crédito, fiscalizados por la CMF adeudan según los datos del 2018 el 70,15% del ingreso disponible. Según este informe, el endeudamiento agregado de los hogares en Chile es comparable a la de países de similar ingreso per cápita. Esto significa que Chile es una refracción más de una situación generalizada en el mundo.
Deuda bancaria: Ingresos mensuales, carga financiera y apalancamiento
De acuerdo a la misma fuente, se contabilizan 5,6 millones de deudores bancarios con un total $77 mil millones en colocaciones. Estas cifras corresponden al 81% del volumen total de las colocaciones en consumo y vivienda del sistema financiero. La deuda de los deudores bancarios representada por la mediana de la distribución estadística es de $2.088.396. La mediana de la carga financiera (porcentaje del ingreso mensual destinado al pago de las obligaciones financieras) de los deudores bancarios en junio de 2019 es de 19,9% de los ingresos mensuales. El apalancamiento (número de ingresos mensuales que un deudor tendría que destinar para saldar por completo sus obligaciones financieras) es de 3,7 veces.
En el informe se justifica la disminución de los indicadores respecto del año anterior por la absorción de deudores de tarjetas no bancarias por sociedades dependientes de las instituciones bancarias. Estas nuevas deudas son más bajas y con plazos más cortos. Sin este cambio en la organización del sistema financiero, los indicadores habrían mantenido el itinerario creciente observado en los periodos anteriores. La mediana de la deuda sería entonces de $3,1 millones, la carga financiera de 24,4% y el apalancamiento de 5,28.
Las categorías de edad que presentan las mayores obligaciones se sitúan entre 35 y 45 años, consecuencia de la deuda en vivienda que se adquiere tempranamente en la vida con montos de crédito más elevados. Como es esperable, el nivel de las deudas está correlacionado con los ingresos de las personas.
Entre los deudores bancarios un 38% gana menos de $500 mil pesos, representando el 6% de la deuda total. Geográficamente, las regiones (fuera de la RM) son el 60,6% de la deuda y el 53,9% del número total de deudores. Aysén y Antofagasta tienen los valores más elevados de carga financiera y apalancamiento (25,6% y 5,64, respectivamente).
Con una deuda mediana de $1.536.540 (carga financiera: 19,1%-apalancamiento: 3,22), asumiendo el 36% de la deuda total, las mujeres (48,4% del número de endeudados) se han involucrado bastante menos que los hombres, cuya mediana es $2.933.269, su carga financiera 20,9 % y apalancamiento 4,42, alcanzando el 64% de la deuda total y contabilizando el 50,5% del número de endeudados. Es muy probable aunque no está informado que estas diferencias corresponden a limitaciones en el acceso al crédito inferidos por el inferior nivel de salarios.
El 18,8% de los deudores bancarios asume una alta carga financiera superior al 50% del ingreso mensual. Destacan los deudores en los tramos medios de edad (efecto del crédito hipotecario) y los tramos de ingresos más bajos. Cerca de 1,1 millón de deudores bancarios registran atrasos lo cual representa un 20,4% del total. Los niveles atrasos más altos corresponden a los menores de 30 años y los adultos de más de 65 años.
Tarjetas no bancarias
El 65% de los deudores de tarjetas no bancarias gana menos de $500.000 y el 50% de ellos tiene más de 50 años.
El 57% de los deudores de cooperativas de ahorro y crédito gana menos de 500 mil pesos. Las regiones (excluida la Metropolitana) concentran el 77% de esta deuda.
Se deben agregar las obligaciones referentes a los mutuos hipotecarios endosables para la vivienda, financiados por compañías de seguros, los cuales incrementan ligeramente la deuda a $2.117.599, la carga financiera a 20,1% y el apalancamiento a 3,8.
La incorporación de emisores de tarjetas de crédito al ámbito bancario bajo la figura de sociedades de apoyo, no solo ha aumentado el número de tarjetas emitidas por la banca, sino que también ha generado la bancarización de segmentos de clientes con perfiles de ingreso y deuda poco tradicionales.
En resumen: Descartando el efecto en la estadística de los cambios recientes en la organización del sector financiero, la deuda de los hogares respecto de los bancos crece y crece.
Los indicadores sobre el crédito hipotecario que consideran 7,4% de los deudores, son significativamente mayores para un endeudamiento que mantiene una tendencia creciente. En el último año, la deuda mediana del segmento hipotecario aumentó 10,6%.
Por otra parte los indicadores de deuda con los bancos, sin incluir las tarjetas del “retail” financiero (hoy “bancarizadas”), aumentaron significativamente, así como la deuda mediana asociada a la cartera del “retail” absorbida por el giro bancario (SAG).
La deuda de los hogares
La Encuesta Financiera de Hogares (EFH) es un estudio del Banco Central de Chile desde el año 2007 que analiza información sobre ingresos y gastos en los hogares de acuerdo a un procedimiento de encuesta.
En el informe EFH de junio del 2017, en los tres estratos de ingreso obtenidos de la distribución del ingreso total de los hogares (el estrato 1 corresponde a los deciles 1 a 5; el estrato 2, a los deciles 6 a 8; y el estrato 3, a los deciles 9 y 10), se subraya un aumento significativo del endeudamiento y carga financiera de los hogares en todos los estratos de ingreso, aun cuando disminuye el número de hogares involucrados. Adicionalmente, se registraron incrementos en los problemas de pago de deudas no hipotecarias y en tarjetas de crédito.
Los estratos 1 y 3 representan dos realidades diferentes en la asignación de créditos que son visiblemente el resultado de las políticas de las instituciones financieras sobre deuda e ingreso. Se percibe al estrato 1 que con un bajo nivel de ingresos está limitado en su acceso al crédito. El estrato 3, seguido en menor grado por el estrato 2, reflejan una proporcionalidad en el acceso al crédito amparada en mayores ingresos.
El porcentaje de familias endeudadas del estrato 1 (58,3% de la categoría) es inferior al promedio de los estratos (66,4): Exhibe un RCI (razón de carga financiera sobre el ingreso efectivo mensual) que es elevado (27,4), respecto de la mediana general de todos los estratos (24,7), lo cual ilustra bien la presión de la deuda de corto plazo para la categoría.
Aunque no es foco de interés comercial para las entidades financieras, el 9,5% de los hogares del estrato 2 mantiene deudas hipotecarias y el 49,2% tiene deudas de consumo, pero por debajo de los otros dos estratos. Son hogares de hasta cuatro habitantes, principalmente personas mayores de 50 años que tienen educación media o básica. Más de la mitad de los integrantes de la categoría ha pagado su deuda hipotecaria y un 25% vive en propiedad arrendada. Habitan principalmente en el centro del país y en la Región Metropolitana.
El estrato 3 se caracteriza por un elevado RDI (Razón de Deuda sobre el Ingreso efectivo anual de los hogares) que representa 62,5 respecto de una mediana global de 28,8. El 79,6% de los hogares de la categoría mantiene alguna deuda lo que evidencia a una categoría masivamente endeudada. Tanto en crédito de consumo (68,3% de los hogares de la categoría) como en crédito hipotecario (46,5% de las familias del estrato). Sufre del privilegio de ser foco de interés del sistema financiero. Para un 67% del estrato, los principales regímenes de vivienda son la vivienda propia pagada o con crédito hipotecario vigente. Sus otras características son los estudios universitarios y de post-grado y una edad dominante entre 35 y 49 años.
La presión de la deuda de muy corto plazo del estrato 1 y la situación de los hogares de los estratos 2 y 3 era preocupante ya en 2017, atrapados en un sistema de deudas de hipotecarias y de consumo. ¿Cuál será la proyección de esta situación al horizonte 2020 con sus factores de crisis? ¿Como enfrentarán el freno económico y las pérdidas de empleo -que podrían ser desastrosas- para la capacidad de reembolso con efectos desconocidos para el sistema financiero responsable de la asignación de créditos?
La perspectiva política
La visión ultra-liberal apostó en Chile y en otras partes del mundo por un desarrollo singular que se apoya en mecanismos conscientemente organizados, apartados de la ortodoxia liberal clásica y donde los verdaderos poderes políticos y para-institucionales son componentes fundamentales. Son mecanismos económicos dirigidos por categorías sociales rentistas y monopolistas amparados por una ideología dominante sin contrapesos y sin disposiciones legales equilibradas. Quienes lo implementaron tenían conciencia que se requerían nuevos mecanismos para expandir la acumulación de la riqueza. Estos mecanismos comenzaron a proliferar de manera definitiva en el mundo fines de los setenta del siglo XX con la actividad expansiva de las finanzas, el desarrollo de mecanismos globales amparados en los poderes para-institucionales y el debilitamiento creciente del control regulador de los estados.
La expansión de las finanzas ha seguido la tradición promovida por agentes “económicos” que tuvieron un lamentable desempeño en los 80 asociado a mecanismos piramidales. Los agentes financieros se han ido instalando como en todas partes, a la cabeza de las principales decisiones de la economía. Se les reconoce por el propósito no confesado de transformar toda generación de flujos económicos del sistema económico tradicional, en recursos generadores de interés financiero para ser administrados finalmente por acreedores titulares de activos financieros. Se ha configurado en definitiva un sistema de apropiación, dirección y orientación de los flujos disponibles para su administración por entidades financieras: los bancos, las aseguradoras, la bolsa y sus especuladores y por supuesto los grupos controladores de los fondos de pensiones.
Muy lejos de las controversias del siglo XIX sobre el valor económico, ahora se trata de la disponibilidad del salario. En esta visión, este último es considerado mucho menos un factor de demanda y mucho más un flujo generador de riqueza en manos de agentes económicos capaces de sumarle intereses con la lógica de la aritmética del interés compuesto. El direccionamiento financiero ha ido reforzando nuevos mecanismos de endeudamiento, con gran efecto de reducción sobre el salario nominal de las personas.
Para los promotores de estos mecanismos, nunca ha sido cuestión de desarrollar finanzas al servicio de las necesidades del sistema ni un comercio con “ganancia justa”. Lo importante para ellos es decidir, entre otras cosas, sobre sobre una parte significativa de la generación de valor de la economía real: los salarios. En esta lógica, lo importante es lograr transferir la mayor parte posible aguas arriba, al sistema financiero. A mayor ganancia “indebida”, mayor es la suma que será redirigida hacia el sistema financiero, para que luego las finanzas obtengan sus verdaderos beneficios al redistribuir con una base más ampliada, nuevos préstamos y transacciones especulativas gracias a la magia del interés compuesto.
La interpenetración del sistema de economía real que genera valor con el sistema financiero que succiona los recursos y los redistribuye como préstamos (con el beneficio del interés), produce una incongruente relación de crecimientos. Así, el crecimiento del PIB se sitúa por debajo del crecimiento de la deuda que se duplica más rápidamente. Esta situación que se repite a nivel planetario, ha conducido desde el 2008, después de la gran crisis, a un período de tasas de interés más bajas. Sin embargo esta disminución de tasas no parece dañar la capacidad del sistema financiero que compensa las reducciones de tasa con una presión al alza sobre los valores de los activos. En el sector inmobiliario los préstamos otorgados han hecho crecer la demanda, presionando los precios al alza. Este incremento de precios de los activos aumenta el valor de los nuevos préstamos, los intereses y las garantías correspondientes en una figura que asemeja a la burbuja ya conocida en Estados Unidos en el 2008 y que fue reventada dramáticamente por Reserva Federal a través de un alza de tasas de interés.
Más allá del real potencial de crisis y del estiramiento de la burbuja, el alza de precios del inmobiliario succiona una parte significativa de los ingresos reales de las personas, quienes reducen sus salarios pagando deudas cada vez más altas y dedicando menos al consumo de otros bienes, afectando negativamente la economía real. Al mismo tiempo, esta sustracción “inflacionaria” de los recursos mantiene su condición parasitaria, pues los flujos succionados no se destinan posteriormente en forma de préstamos a la economía productiva. Esta operatoria no constituye ningún apoyo para el crecimiento de la economía real. Sólo sirve de mecanismo de acumulación para el 1% más favorecido que gestiona con criterio rentista los sistemas de crédito, los beneficios de bolsa, la gestión de bonos, la potestad de administración de los fondos de pensiones, la desregulación financiera y las bajas penas para los delitos asociados. Resulta evidente entonces porqué este a sector no parece inquietarse por los precios elevados que hay en el país. Mientras más elevados sean los flujos expoliados que vuelven aguas arriba al sistema de direccionamiento financiero, más elevadas serán las ganancias.
El realismo político no debe limitar la proyección política y en el tiempo, de las medidas destinadas a mitigar los efectos económicos de la situación actual.
El crédito ha sido utilizado durante largo tiempo como un mecanismo destinado a sustituir la ausencia de políticas sociales. La elección del refinanciamiento de los hogares más afectados por la deuda no específica a priori el tipo de deuda que podría ser incluida en las medidas de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Por esa razón a partir de lo indicado más arriba y consciente de las limitaciones tanto en el aspecto financiero como en las negociaciones políticas que serán necesarias, la reducción del peso del servicio de la deuda de los hogares más afectados, requiere contemplar las opciones más contundentes.
Es una prioridad la deuda bancaria relacionada con la vivienda, que al mejorar la solvencia del hogar titular, asegura activos en beneficio de los más pobres. Como ventaja en el refinanciamiento, esta deuda parece ser mucho menor que la de las otras categorías sociales y cuenta con un respaldo de garantía. Desde el punto de vista del sistema general, permite sustraer a los eventuales beneficiados de la expoliación crediticia. Otra ventaja complementaria, como es sabido, es que estas categorías sociales no son el núcleo de interés principal del sistema financiero. Desde el punto de vista de la operación, independientemente de su dificultad administrativa, se debería poder aprovechar el cacareado mecanismo de “portabilidad financiera”. Queda pendiente la cuestión de saber hasta dónde llegar en escalamiento social, pues el empobrecimiento afecta también fuertemente a las clases medias más necesitadas.
Omitir de las políticas el progresivo y necesario desmantelamiento de este sistema financiero perverso es una falta al realismo. Es imposible pretender un desarrollo equilibrado de la economía, más cerca de las necesidades de población, con crecimiento sustentable y mejoramiento continuo de la productividad, sin desmontar estos mecanismos y reorientarlos hacia su finalidad original que es sostener la actividad productiva generadora de valor agregado.
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