Por Edgardo Riveros Marín.- El último episodio de violaciones a los principios democráticos en Nicaragua ha sido la verificación de que las elecciones presidenciales, convocadas por Daniel Ortega, no tuvieron condiciones de legitimidad. Mediante las elecciones del domingo 7 de noviembre Ortega obtiene un cuarto período presidencial consecutivo desde 2007. En el último ha tenido como vicepresidenta a su cónyuge, Rosario Murillo.
Al clima de represión desatado desde el estallido social de 2018, que costó la vida a más de 300 personas, se une el apresamiento y persecución de líderes opositores, entre ellos, siete candidatos y candidatas que pretendieron disputar el poder al actual gobernante. A ello se suman otras figuras del ámbito político, de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos e intelectuales, como es el caso de Sergio Ramírez, destacado escritor que obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y que formó parte del primer gobierno sandinista que se formó luego de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en 1985.
La comunidad internacional no puede permanecer impávida ante las violaciones de los derechos fundamentales de la población nicaragüense. Su reacción debe ser enérgica para evitar que se imponga y consolide, por la fuerza y sin respeto real de la soberanía popular, este régimen claramente ilegítimo.
Con seguridad Ortega y su círculo reaccionará, ante el rechazo internacional por la situación que ha desencadenado, con el clásico argumento utilizado por las dictaduras y los autoritarismos, esto es, que se está vulnerando el principio de no intervención y la soberanía nacional. Principios que no se pueden invocar cuando se violan los derechos humanos. Esto está expresamente consagrado por el derecho internacional desde que se estableció la vigencia universal de dichos derechos.
De esta forma, la comunidad internacional tiene no solo el derecho, sino la obligación de velar por el resguardo de ellos en los diversos Estados. Es más, a partir de las acciones desarrolladas por el gobierno de Nicaragua se debe consignar que se está violando, en su esencia, el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el principio consagrado jurídicamente. No existe un derecho de autodeterminación de los gobiernos.
Los chilenos, por nuestra propia experiencia histórica, debemos ser especialmente solidarios con la causa democrática en Nicaragua y otros países que sufren el impacto de violaciones a la vida, la libertad y la dignidad de sus habitantes, independiente de las adhesiones ideológicas de sus gobiernos.
Edgardo Riveros M. es abogado y magíster en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público