Por José María Vallejo.- Mi primera hipótesis respecto de la detención de Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), es que fue una operación de Héctor Llaitul, no de la Justicia y, ciertamente, no del gobierno.
Primero, porque resulta del todo inverosímil que el cabecilla de una organización paramilitar que había estado amenazando, justificando el robo y los ataques y establecido un clima abiertamente sedicioso, hubiera sido “pillado” sin el círculo de seguridad tradicional que tendría cualquier persona en ese rol… círculo de seguridad que efectivamente lo rodeaba, como se evidenció, por ejemplo, cuando estuvo en la población Lo Hermida de Santiago, como parte de la presentación de un libro, hace algunos meses.
Segundo, porque tratándose de una querella del gobierno de Sebastián Piñera, vigente desde 2020 y presuntamente en conocimiento de todo el mundo, nadie haya hecho nada… hasta ahora. ¿Por qué no se había dictado orden de detención en virtud de esa querella en más de dos años? Y, más importante, ¿por qué dictarla justo ahora, a pocos días del plebiscito de salida? Las respuestas más obvias llevan a suponer que Llaitul habría operado su propia entrega, avisando al juez dónde estaría y que este sería el momento preciso para detenerlo. No se explica de otro modo la facilidad, las condiciones en que fue hallado y la tranquilidad del líder de la CAM al momento de ser capturado.
Dicho sea de paso, este hecho revela muchas dudas sobre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien se escudaba en la falta de querellas de parte del Ejecutivo para poder actuar como Ministerio Público, en circunstancias que había. Y, asimismo, del grado de cooptación del sistema penal en la zona, donde hace poco las amenazas a gendarmes y el alcaide de un penal permitieron el traslado de presos mapuche.
¿Por qué sería plausible que Llaitul se entregó? ¿Cuál podría ser su objetivo, si ese fuera el caso?
La hipótesis de la entrega, a mi juicio, se torna más verosímil tanto por las reacciones de sorpresa y hasta estupor de parte de un gobierno que hasta hace poco afirmaba que no condenarían palabras (el motivo de la detención), sino hechos; como, sobre todo, por el tratamiento mediático que ha recibido Héctor Llaitul.
En pocas horas, se instaló como EL líder del pueblo nación mapuche y su detención ya recorrió el mundo, recibiendo un reconocimiento nunca antes visto entre dirigentes indígenas. Además, a diferencia de otros liderazgos “civiles” del mundo mapuche -como fue en su momento Aucán Huilcamán y, más recientemente, Elisa Loncón- Llaitul encabeza una organización paramilitar que muchos consideran terrorista. De alguna forma, parece un deja vù de Manuel Marulanda, que como líder guerrillero en Colombia fue el que se sentó a la mesa de negociaciones de paz con varios gobiernos.
Se puede aseverar, sin temor a equivocarse, que con esta acción ha desplazado a todos los demás líderes mapuches y se ha instalado como la voz del pueblo nación, al punto que probablemente, aunque sea encarcelado, cualquier negociación que se haga en el futuro cercano respecto a autonomías, recuperación de tierras y proceso de paz en la “macrozona” sur, deberá pasar por él.
Por un lado, puede ser positivo, pues dentro de un marco donde no se encontraba interlocutores válidos para un diálogo, ahora hay un liderazgo claro.
Sin embargo, el momento en que se establece esta resignificación del rol de Llaitul en el mundo mapuche es muy complejo y su impacto puede ser enorme. Si, como parece haber comenzado a ocurrir, la macrozona sur e incluso Santiago, comienzan a ver sus calles y caminos nuevamente con hechos de violencia gatillados por la prisión del líder de la CAM, la situación de inseguridad podría llevar a dos escenarios: el primero, más dramático, que se ponga el riesgo la seguridad del proceso plebiscitario completo; el segundo, que disminuya la intención de voto debido a la sensación de inseguridad en una zona donde tradicionalmente es más fuerte la derecha. ¿Qué pasaría si, con este panorama, se realiza el plebiscito y el Apruebo vence por estrecho margen? ¿Acaso no habría sectores que podrían impugnar la legitimidad de la elección si la votación de la región de la Araucanía y el Biobío cae debido a la inseguridad?