Por Hugo Cox.- Mucho se ha escrito y hablado, con reportajes de todo tipo durante estos días, con respecto al 18 de octubre y lo que siguió. Pero ¿en qué situación está hoy el país?
Lucy Oporto, en una entrevista en un diario de la capital, sostenía que el país se encuentra en un “proceso generalizado de descomposición… que es de orden, moral, espiritual, social, cultural”. Esto partiría en la dictadura y se desarrolla durante toda la post dictadura, generando un lumpen. Pero, por otra parte, surge una desconexión profunda del sistema político con lo que estaba ocurriendo en la sociedad, y la educación no da cuenta de la transformación capitalista que estaba ocurriendo y generando un proceso de consumo que se transforma en un factor de legitimación social.
Este consumo va desde los sectores poderosos, hasta los sectores medios en todas sus capas, como uno de los motores del crecimiento. Por lo tanto, la sociedad de consumo se asume sin ninguna crítica.
También es cierto que Chile supera la extrema pobreza y que la pobreza se disminuyó sustantivamente. Posiblemente otras inversiones en educación y salud no dieron los resultados esperados, dejando campo abierto al consumo.
Lo que ocurrió en octubre de 2019 no fue propiamente una protesta contra las carencias y necesidades, sino más bien la enorme frustración derivada en parte de la avidez que implica la sociedad de consumo. No se puede negar que existen necesidades, pero los niveles de violencia en la sociedad no se condicen con estas necesidades. Surge, entonces, la pregunta: ¿Qué sentido tiene saquear una tienda para llevarse un televisor plasma? Eso no tiene nada que ver con necesidades en materia de salud o educación, pensiones, mejor alimentación.
Por otra parte, la “revuelta” -en términos reales- fue derrotada el 15 de noviembre, cuando los partidos políticos llegan a un acuerdo que, dentro de la democracia, logró canalizar el conflicto, que permite la instalación de un proceso de cambio Constitucional, proceso en curso actualmente. Pero ocurre que el 4 de septiembre, en un evento plenamente democrático (plebiscito de salida), muere la utopía de hacer transformaciones sin límites.
Aún hoy ocurre que lo que sucedió en octubre sigue presente en la calle, en dirigentes de gobierno y en los partidos políticos del Frente Amplio y en el Partido Comunista. No se puede desconocer que muchos de los problemas están vigentes, y se vieron aumentados con la pandemia. Todos los problemas de distinta índole se colocaron en su solo paraguas “desigualdad”; esto está dentro de los conflictos que son una madeja enmarañada presente en toda sociedad y la política existe para canalizarlos a través de la democracia. Por ejemplo, la ola de violencia que se expresa en un conflicto de seguridad (saqueos, robos, delincuencia de todo tipo y un largo etc.), refleja que el Estado ha perdido el uso monopólico de la fuerza.
El Estado solo puede recuperar el uso de la fuerza ejerciéndola; para recomponer los límites que definen al Estado de Derecho se necesita volver a imponerlos. Más complicado todavía: en el actual grado de descomposición del orden público, la tarea de reestablecerlo va a ser larga y dolorosa, requiriendo que el gobierno tenga la voluntad de pagar los costos políticos que son inevitables. Además, va a necesitar una oposición constructiva, dispuesta a compromisos y respaldos que también tendrán costos, es decir, va a ser imperativo una oposición con altura de miras y visión de Estado, exactamente lo contrario a la irresponsabilidad que el actual oficialismo perpetró en la administración anterior.
Frente al dilema anterior surge la pregunta: ¿tendrán el Presidente y las fuerzas políticas de gobierno la voluntad de pagar el precio que todo esto involucra? Esto no es un problema solo de borrar la historia de cada uno de los miembros de gobierno (tuits). En concreto, no solo es cambiar de opinión, porque la coyuntura lo exige.
Como las utopías sin límite fueron derrotadas, también el camino de trazar un futuro de cambios revolucionarios y la lógica mesiánica cuya frontera casi teológica. Eso ya no es el camino. Por lo tanto, el gobierno debe hacerse cargo de los grandes problemas generando caminos posibles de transitar y siempre pensando en los ciudadanos buscando un sentido de mayor igualdad.
En síntesis es el momento de pensar en la ética de la responsabilidad y no en la ética de las convicciones.