La industria educacional detrás de los Bingos

Por José María Vallejo.- Hay un gran revuelo por las declaraciones del ministro de Educación Gerardo Varela quien, pese a malentender su función ministerial, reveló el estado de nuestra cultura educacional en Chile, al recomendar a quienes se quejan de la infraestructura educacional que “hagan un bingo”.

No me referiré a -voy a usar un eufemismo- la insensatez del secretario de Estado, cuyas competencias para el cargo una vez más quedan en duda. Lo que sí diré es que detrás de sus palabras se esconde una realidad a la que los chilenos estamos malamente acostumbrados y que está constituida por el financiamiento oculto que realizan los centros de padres de establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados a los propietarios (públicos o privados) a través de la recaudación de las cuotas y de la organización de bingos, rifas y otro tipo de evento.

Cada año una cantidad increíble de recursos pasa por los Centros de Padres. Un cálculo conservador indica que sólo por concepto de cobro de cuotas los centros de padres estarían moviendo cerca de $45 mil millones al año. A eso súmele los bonos y bingos solidarios, que bien podrían llegar al menos al 10% de esa suma, es decir, unos $4.500 millones al año. Un total que alcanzaría los $49.500 millones anualmente.

Quienes somos padres y hemos tenido que soportar año tras año las destinaciones de fondos, hemos sido testigos de que un gran porcentaje de esos recursos van a parar al financiamiento de obras de infraestructura para los establecimientos: desde el mejoramiento del techo del gimnasio hasta el arreglo de los baños o la adquisición de nuevas canchas. Todos los años, lo que los padres y apoderados aportan termina en obras para “el bienestar de sus hijos”, a través de un verdadero arancel oculto mediante los Centros de Padres.

Es una cantidad enorme considerando que el año pasado el presupuesto del Ministerio de Educación para infraestructura escolar ascendió a solo $38.622 millones.

Hago un llamado, por tanto, a los parlamentarios que tanto se indignaron por las palabras del ministro Varela a algo muy concreto: prohibir por ley que los fondos de Centros de Padres y Apoderados financien obras de infraestructura.

En la actualidad el traspaso de fondos se hace bajo una argucia emanada del artículo 2 letra b) del Reglamento sobre Centros de Padres, que señala que una de las funciones de estas instituciones es “apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral del alumno”. Pero claramente esto es una irregularidad, pues para el financiamiento de las escuelas y liceos están los impuestos. Cobrar un impuesto oculto a través de los Centros de Padres (y menos de sus bingos, señor ministro) definitivamente no puede estar bien.