
Por Bernardo Javalquinto.- La afirmación de que la naturaleza humana es codiciosa no es nueva en el pensamiento económico. Desde Adam Smith hasta las teorías modernas del comportamiento, la búsqueda del interés individual ha sido reconocida como un motor, pero también como un riesgo sistémico. Tras la pandemia de COVID-19, el mundo enfrenta una crisis inflacionaria global, exacerbada por disrupciones en cadenas de suministro, políticas monetarias expansivas y, en algunos casos, especulación.
Sin embargo, mientras los ciudadanos sufren el erosivo impacto del alza de precios, muchos gobiernos parecen reacios a aplicar políticas fiscales más contundentes, similares a las prevalecientes antes de la era Reagan (década de 1980). Este ensayo explora las razones de esta parálisis, analiza la relación entre inflación, crecimiento económico y confianza institucional, y evalúa por qué líderes, académicos y medios no actúan con mayor contundencia ante una crisis que mina la legitimidad de los sistemas económicos.
Antes de la revolución neoliberal de los años 80, caracterizada por las administraciones de Reagan y Thatcher, la política fiscal era considerada una herramienta primordial para estabilizar economías. Estados como el de bienestar keynesiano utilizaban impuestos progresivos, control de precios en sectores estratégicos, subsidios a bienes básicos y gasto público contracíclico para mitigar la inflación y proteger el poder adquisitivo.
Hoy, su reactivación enfrenta obstáculos estructurales e ideológicos:
La afirmación de que “el crecimiento económico no sirve de nada si tienes una inflación alta” resume una verdad dolorosa: la inflación, especialmente cuando es no anticipada y descontrolada, actúa como un impuesto regresivo que distorsiona decisiones económicas, erosiona ahorros y amplía desigualdades.
En contextos de alta inflación, el crecimiento nominal puede ser ilusorio, mientras el poder adquisitivo se contrae. Esto explica el descontento ciudadano incluso en economías que técnicamente no están en recesión.
Sin embargo, los gobiernos temen que políticas fiscales más agresivas (como controles de precios o subsidios generalizados) puedan sobrecalentar la economía o desincentivar la inversión privada. El dilema radica en que, sin intervención, la inflación alimenta un círculo vicioso: pérdida de confianza, disminución del consumo real y presión social creciente.
La pregunta sobre por qué los ciudadanos pierden fe en los gobiernos apunta al núcleo del problema: la falta de legitimidad limita la eficacia de cualquier política. La corrupción sistémica y la percepción de que las élites económicas no contribuyen equitativamente (ejemplificado en la evasión fiscal de grandes corporaciones y fortunas) socavan la disposición ciudadana a aceptar sacrificios.
Los líderes políticos, atrapados en ciclos electorales cortoplacistas, suelen evitar reformas fiscales estructurales por miedo al costo político. Los académicos, aunque alertan sobre riesgos, carecen de capacidad ejecutiva. Los medios, por su parte, suelen tratar la inflación como un fenómeno técnico, sin contextualizarla en la crisis de distribución del ingreso.
Conclusión: Hacia un Nuevo Consenso Económico
La coyuntura actual exige repensar el arsenal de políticas económicas. Las herramientas fiscales pre-Reagan —ajustadas a realidades del siglo XXI— pueden complementar la política monetaria para combatir la inflación con justicia social. Esto implica:
La inflación no es solo un fenómeno técnico, sino un síntoma de desequilibrios más profundos entre mercado, Estado y sociedad. Ignorar esta dimensión política y ética condena a las economías a ciclos de crisis y deslegitimación.
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