Por Gonzalo Martner.- La diferencia entre las destrucciones urbanas de grupos irracionales, los saqueos del lumpen y la violencia policial es que esta última es el ataque directo a personas por parte de funcionarios del Estado, con frecuencia de manera indiscriminada, lo que le confiere una responsabilidad particular en la grave crisis que vivimos.
Reproduzco el insólito testimonio de la funcionaria policial que denuncia haber sido golpeada por Fuerzas Especiales cuando había terminando su turno patrullando el Metro y se retiró de civil. Este hecho increíble ilustra bien que Carabineros no sólo está ejerciendo de manera sistemática una violencia ilegítima al disparar perdigones y balines a los ojos y al cuerpo de manifestantes (e incluso -insólitamente- a niñas al interior de un Liceo por parte de un mayor de Carabineros), la mayoría pacíficos; al lanzar gases dañinos en las calles (incluso al interior del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar) y detener personas sin justificación alguna (incluso -insólitamente- a un vicesuperintendente de Bomberos de Talca), sino que además golpea de manera cobarde a detenidos en buses y comisarías, junto a sistemáticas injurias y vejaciones.
Carabineros está descontrolado y alimenta una suerte de guerra urbana, dándole más espacio y alimentando la furia de los grupos irracionales que solo encuentran en la destrucción su modo de expresarse, sin lograr su indispensable control y aislamiento.
Mientras, la política no abre los cauces para darle efectividad institucional a las demandas de la protesta social, especialmente por la resistencia del gobierno a hacerlo (Piñera declara hoy en El Mercurio que está preparando un cambio constitucional ¡después de tres semanas!, y sin poner ningún plazo de anuncio), y no logra detener la espiral de destrucciones, violencia policial y más destrucciones.
La respuesta debe ser de tanta firmeza contra las destrucciones urbanas como contra sus causas. Y de primordial rechazo a la violencia policial: el Estado debe controlar la violencia, no ejercerla ni exacerbarla. Y la respuesta de la sociedad debe ser seguir manifestándose hasta conseguir un nuevo pacto social y constitucional en el país.
