ElPensador.io.- Entre enero y febrero de este año, la Municipalidad de Lo Barnechea consumió la totalidad del presupuesto destinado al mantenimiento de arbolado urbano, pagando a la empresa contratista -ChilePrados S.A.- casi 253 millones de pesos.
Así lo confirmó a ElPensador.io la directora de Medio Ambiente de la comuna, Victoria Álamos, luego de contestar consultas de este medio.
Los pagos fueron a la empresa que mantuvo el contrato de una firma anterior a la que compró, denominada Servicios Metropolitanos (que opera también con el nombre de Gestión Activa), cuestionada en Ñuñoa en el marco de una investigación millonaria por no pago de impuestos.
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El pago total a ChilePrados por sus servicios anuales 2019 se produce “adelantado”, antes de desarrollarse los servicios, a través de dos órdenes de compra: la N° OC 2735-332-SE19 de fecha 30 de enero de 2019, por $63.079.658, y la OC 2735-406-SE19, por $189.920.338, a nombre de Chile Prados SpA. Ambas suman $252.999.996, que es la totalidad del presupuesto anual.
En mayo de 2018 se pagó exactamente la misma suma, también adelantada, por el servicio anual de mantención del arbolado urbano, pese a que el contrato sólo empezó el 1 de junio, es decir, se pagó un año adelantado por sólo 7 meses de servicio.
Traspaso de contrato
El cuestionamiento no solo se refiere a los montos, sino también a la legalidad del traspaso de contrato. Y es que originalmente en la licitación de abril de 2018, la empresa ganadora fue Servicios Metropolitanos, la que, sin embargo, fue bloqueada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que se querelló por un millonario no pago de IVA. Tras ello, apareció una empresa nueva, Chile Prados, adquiriendo a la firma bloqueada. Pese a que la Ley de Compras Públicas y las mismas bases de licitación prohíbe los traspasos de contrato, en Lo Barnechea esa situación fue permitida.
La misma situación ocurrió en otras dos comunas donde Chile Prados tiene contratos de arbolado urbano: en Ñuñoa, donde ese traspaso está siendo investigado por la Contraloría General de la República, dado que la autorización del traspaso ocurrió cuando el jefe jurídico municipal era un ex abogado de la misma empresa; y en Vitacura, donde decidieron poner fin al contrato y llamar a licitación otra vez, evitando una investigación.
En Lo Barnechea, el traspaso ocurrió con la venia del Departamento de Asesoría Jurídica, dirigido por el abogado Patricio Lazcano Silva, ex concejal RN por San Joaquín, en cuyos antecedentes figura haber estado entre quienes emitieron boletas a SQM, y que también parece haber sido asesor jurídico en Ñuñoa.
