Por Mauricio Vargas.- Hay decisiones y acciones importantes. Las hay urgentes y también hay emergencias. Si bien los límites suelen ser difusos, es necesario diferenciar estas categorías para asignarle apropiadamente tiempo (plazos) y recursos. Bien sabemos que si contamos con poco tiempo y recursos, es complejo priorizar entre aquello que es importante y lo que es urgente; también sabemos que para postergar definiciones importantes es muy cómodo saturarnos de decisiones urgentes. Por otro lado, introducir discusiones importantes en las decisiones urgentes puede llevarnos a la reformulación permanente de alternativas y no resolver oportunamente. Pero cuando hay una emergencia, la prioridad y el foco cambian y se concentran en atenderla; porque es una emergencia.
Es común que la política nacional, no resuelva democráticamente lo importante, mezcle categorías en sus conversaciones y reaccione inadecuadamente a las emergencias.
Desde enero, la diseminación del COVID-19 ha llevado al mundo a enfrentar una de las emergencias sanitarias más complejas de las últimas décadas. Chile, por su parte, se encuentra en la crisis socio económica más grave desde los ochenta; ya que sumó a la crisis política iniciada en octubre de 2019 y la llegada de la pandemia, con sus efectos sobre el empleo, el comercio y la producción.
A medida que fuimos conociendo los efectos que el COVID-19 iba generando en Europa, especialmente en España e Italia, nos preguntamos qué debería hacer el Estado para enfrentar la enfermedad y sus consecuencias en los ingresos de los hogares, advirtiendo que la crisis podría llegar hasta el hambre. En este contexto era prudente preguntarse: ¿Qué haría el gobierno para garantizar los derechos humanos de la población?
La primera medida del gobierno fue decretar Estado de Excepción Constitucional y restablecer un toque de queda nocturno, que habíamos superado recientemente tras las manifestaciones del estallido de fines de 2019, el que aún no acababa de resolverse.
Afortunadamente, en parte, la crisis política había conseguido articular cierta organización social a nivel de barrios, lo que permitió a las comunidades enfrentar el desastre que se comienza a manifestar en comunas pobres y de clase media con ollas comunes que surgen espontáneas a lo largo del país. Algunas de las cuales son reprimidas por Carabineros, que no logran salir de la lógica del enemigo interno.
En las esfera políticas, algunos comenzaron a hablar de ingreso básico universal y otros de ingreso básico de emergencia. Pero, claramente en un Chile históricamente asistencialista y constitucionalmente neoliberal, no hay masa crítica para propuestas de un Estado de Bienestar, tampoco para estudiar una reasignación del presupuesto nacional como medida para enfrentar la emergencia. La respuesta del gobierno son bonos y cajas de mercadería.
Frente a la incertidumbre que generan las medidas erráticas de la autoridad sanitaria y un discurso oficial que busca reiteradamente alcanzar algún estado de normalidad, poco a poco se va imponiendo la lógica del salvarse solo y comenzamos a perder el foco que debería estar puesto en la emergencia. Aparecen préstamos focalizados y se comienza a defender el empleo, no a empleados ni empleadas; al tiempo que la crisis va profundizándose junto al alza de la desocupación.
Ante la ineficacia de las medidas implementadas por el gobierno, surge la propuesta de utilizar los fondos individuales de pensiones para enfrentar los estragos económicos que está causando la pandemia. Esto marca un punto de inflexión donde se mezclan propuestas paras atender los efectos la emergencia -por lo tanto, de la contingencia-, con una de las luchas más importantes del cambio de modelo de país, particularmente en materias de Seguridad Social. Aquí se crea un nudo donde se entrelazan el cortísimo y el largo plazo.
Mezcladas las categorías importante y emergencia aparecen las AFP, que si no fueron diseñadas para garantizar pensiones, mucho menos para atender una emergencia, como el elemento de la institucionalidad al que recurrir y, de pasada, corremos el cerco del país posible. Así, el retiro del 10% de los ahorros individuales se consolida como demanda. Las personas quieren lo que les es propio. Se plantea un aporte solidario para aquellas personas cuyos fondos previsionales sean insuficientes (la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, cuyos ahorros se ven disminuidos por la precarización laboral, los bajos sueldos y las lagunas impositivas). Sin embargo, la medida no consigue suficiente apoyo.
Al ritmo de a tramitación legislativa y las manifestaciones de apoyo parlamentario, la discusión se concentra en el fin de las AFP y la crisis que el proyecto genera en la derecha.
A medida que avanza la certeza de la aprobación del proyecto, comenzamos a preguntarnos en qué ocuparemos el 10%. Los noticieros y matinales se llenan de expertos que nos plantean alternativas entre pago de deudas e inversiones. Como era de esperar en un país con hogares altamente endeudados, gran parte de los recursos se destinará al pago de deudas históricas y derivadas de la emergencia producida por el COVID-19.
Tras la aprobación en el Parlamento, la derrota del gobierno y las rencillas en la coalición oficialista se toman los medios. Hay renuncias a bancadas y amenazas de llevar a parlamentarios a los tribunales supremos de sus colectividades. Las redes sociales nos recuerdan quienes se opusieron al proyecto, por estar a favor de las AFP.
Una vez promulgada la reforma constitucional que permite el retiro de fondos, se abre la posibilidad de saldar otra deuda de nuestro sistema, el pago de deudas de pensiones de alimentos. Así, una medida que tiene su origen en los estragos económicos causados por la cesantía impuesta por las restricciones producidas por la pandemia, permitirá a las madres solicitar la retención de la deuda de pensiones con cargo al monto retirado por los padres deudores. Como el retiro del 10% es voluntario, se plantea que el retiro del 10% sea obligatorio para pagar deudas de pensiones alimenticias.
¿Habrá pensado alguien en marzo que, a costa del desempleo y el hambre, avanzaríamos en temas tan urgentes como el fin de las AFP y el pago de pensiones alimenticias?
Así, al día de hoy, los nefastos son los «papito corazón» y las AFP, no las autoridades que aún son incapaces de garantizar un plato de comida en todas las mesas del país, ni dar certezas mínimas para el retorno de trabajadores y estudiantes a sus actividades cotidianas.
