Es fundamental realizar un análisis profundo respecto a la razón de ser de esas vulnerabilidades que nos pueda proveer de insumos claros y orientadores para incidir en las políticas públicas, afirma la académica Judith Guajardo.
Por Judith Guajardo.- En nuestro país uno de los principales instrumentos para medir la desigualdad es la Encuesta Casen que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia periódicamente desde 1990. Se espera que la próxima aplicación sea entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025.
En las últimas versiones surgió el indicador de pobreza multidimensional, el que amplía la medida tradicional de pobreza, entendiendo que las carencias que afectan la calidad de vida de las personas van más allá de los ingresos. Hoy esto se mide en cuatro dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social.
En la última medición las mayores tasas de pobreza multidimensional se presentaron en las regiones de Tarapacá, Bío-Bío y Atacama. Se estableció una incidencia de 10 puntos porcentuales mayor en los hogares con jefaturas de hogar nacidas en el extranjero. Eso, en un país con altas tasas de inmigración en los últimos años.
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Además, llega a incomodar que la carencia que presenta mayor porcentaje es el trato igualitario, lo que se traduce en que un 17,6% de los hogares a nivel nacional advierten carecerlo.
La pregunta clave es cómo desde la política pública distributivas y redistributivas, se logra hacer frente a éste desafío país.
En Chile existen políticas públicas dirigidas a abordar la vulnerabilidad desde diferentes áreas: el sistema protección social realiza transferencias monetarias directas a familias vulnerables, a partir del ingreso ético familiar o del subsidio único familiar o bolsillo electrónico; existen programas de empleo y capacitación laboral; políticas de vivienda; políticas de protección en áreas como infancia, adolescencia y salud mental, entre otros.
Estos buscan reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no es suficiente.
El trabajo interdisciplinario y colaborativo entre el sector público y privado es fundamental para superar la vulnerabilidad. Las funciones de promoción, prevención, y educación, entre otros, nos ayudarán a enfrentar situaciones de desventaja o discriminación en el sistema legal y social. Desde allí el trabajo y las voluntades de los diferentes sectores, de mirar las demandas a nivel país, y entender que no son coyunturales, sino que se han arraigado a través de los años, y generar cambios significativos en estas materias son prioritarias.
Es fundamental realizar un análisis profundo respecto a la razón de ser de esas vulnerabilidades que nos pueda proveer de insumos claros y orientadores para incidir en las políticas públicas y demostrar con evidencia que los canales ejecutores deben modificarse, adecuarse o eliminarse para conseguir el éxito.
No sólo hay que mejorar los indicadores como lo ha hecho la Casen para cambiar realidades. Necesitamos el compromiso de todos los actores en la implementación de medidas de calidad certeras y adecuadas. Y eso pasa por un cambio cultural y educacional en nuestro país, dejemos la reflexión y pasemos a la acción.
Judith Guajardo Escobar es directora de la carrera de Trabajo Social en la U.Central
