ElPensador.io.- Al menos ocho casos de detenidos desaparecidos y muchos otros de desapariciones forzadas en Venezuela dio a conocer un informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, la ONG Espacio Público y la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas.
El informe, titulado “La negación del paradero de personas detenidas como práctica de desaparición forzada en Venezuela”, señala que en ese país se han detectado tres tipos de desapariciones forzadas: las de corta duración, las efectuadas durante el traslado de prisioneros posterior a una detención, y las de larga duración. Los casos han tenido una tendencia creciente: según la organización Provea, en 2015 se contabilizaron 3 casos y en 2016, 19 casos. En el período 2000-2016 se documentaron 188 desapariciones forzadas en el país, las cuales casi en su totalidad se encuentran impunes.
Según el informe, “las desapariciones forzadas suelen ser utilizadas como política de Estado para infundir terror en la ciudadanía, además de generar inseguridad para la sociedad en general. Recordamos que Naciones Unidas manifestó su preocupación en relación con esta práctica ya que empezó a implementarse como método de represión política contra los opositores por parte de los Estados”.
En el caso de Venezuela, señala que “en el contexto de una creciente conflictividad, existe una situación crítica que revela el incremento de estas prácticas como respuesta represiva del Estado hacia manifestaciones disidentes, así como en el marco de los operativos de seguridad ciudadana, que fueron militarizados. La negación del paradero de una persona detenida es una práctica inaceptable que se enmarca dentro de los supuestos del delito de desaparición. Mientras el Estado venezolano no transmita un mensaje claro a los funcionarios que prohíba y sancione esta acción, se corre el riesgo de que se generalice y extienda en el tiempo. El Estado se encuentra bajo la obligación internacional y constitucional de adoptar de inmediato todas las medidas adecuadas y necesarias para prevenir, investigar y sancionar todas aquellas acciones que constituyan una desaparición forzada de personas”.
Lo extraño es que esta práctica no sólo infringe convenciones internacionales e interamericanas, sino también la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, en la que “se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes…”.
Entre los casos de desaparición forzada ocurrida después de su detención se cita el del periodista Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial, quien fue detenido por funcionarios del Sebin (la policía políticaq de Maduro) cuando se dirigía a su programa de radio, y su casa fue allanada. Los hechos ocurrieron a escasas horas de la publicación de videos sobre una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en el sector Villa Rosa, Isla de Margarita”.
Entre los casos de desapariciones forzadas de largo plazo, o detenidos desaparecidos, se mencionan el del activista social Alcedo Mora y los ciudadanos de origen colombiano Jesús Esneider Vergel Prado y Eliezer Antonio Vergel Medina, de quienes no se sabe nada desde febrero de 2015, luego que el primero hiciera pública una denuncia de contrabando de petróleo desde la empresa estatal venezolana hacia Colombia.
Otros casos son los de Cenis Michel Carrero, Jonathan Sheitherman Mora Zambrano, John Tarwy Aguilar Barrasa y Alexis José Vivas Guillen, quienes fueron interceptados por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) en julio de 2015, mientras se encontraban de tránsito en la localidad de El Vigía en el estado de Mérida. La organización PROMEDEHUM, que acompaña a los familiares de una de las víctimas, denunció que, según testimonios recogidos en la comunidad, los funcionarios ocultaban parcialmente sus credenciales para no ser identificados, no portaban uniformes reglamentarios y además portaban armamento de guerra.
Uno de los casos más dramáticos es el de Nelson Carpio, un menor de edad desaparecido desde noviembre de 2015, tras haber salido en su bicicleta, en San José de Chirica, estado de Bolívar. Testigos aseguraron a su madre que cuatro funcionarios de la policía del estado Bolívar (PEB) lo interceptaron y lo montaron en la patrulla del organismo de seguridad.
Puede ver el informe completo aquí.
