Por Hugo Cox.- Hasta aquí, el gobierno sigue llegando con propuestas que no dan con el tono de las demandas. El porqué de esto puede tener muchas explicaciones, pero creo que una de ellas es la falta de fondo político de quienes dirigen el gobierno y, por otra parte, sería la falta de credibilidad del Presidente, quien ha asumido el control total de la coyuntura.
Esto ha significado que las soluciones ofrecidas han quedado desfasadas de la realidad concreta y, por lo tanto, se corre el riesgo de que el conflicto escale a estadios superiores. Por otra parte, en Chile ya se encuentra una delegación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también una comisión investigadora de Amnistía Internacional. Ambos informes deberán dar cuenta de la violación a los derechos humanos, situaciones a las que deberá dar respuesta el gobierno, complejizando aún más el actual escenario.
Las medidas anunciadas en el ámbito social no fueron aceptadas por la ciudadanía porque no daban cuenta de lo que realmente era demandado. El cambio de gabinete tampoco da con la solución. Si bien es cierto hay un matiz de cambio más generacional, no basta, ya que el gabinete debe apuntar a la solución de los problemas de fondo, como es -por ejemplo- una nueva Constitución, cuyo mecanismo se podrá discutir.
Ante el escenario descrito se presentan tres posibles vías:
1.- Seguir administrando la crisis. Sin embargo, con los instrumentos dados a conocer y la falta de credibilidad del Ejecutivo, lo más seguro es que el conflicto se agudice, transformándose en inmanejable y con consecuencias nefastas.
2.- Renuncia del Presidente. Creo que este escenario es difícil, dadas las características que el Presidente ha demostrado en sus actuaciones públicas.
3.- Acusación Constitucional. Este escenario es factible en la medida que las condiciones se agudicen. La actual Constitución establece dicha posibilidad en su artículo 29, y aunque esta opción hoy no tendría piso político, a medida que se extiendan las movilizaciones y no haya capacidad de control de parte del gobierno, podría ganar apoyo.
En síntesis, el presidente no gobierna, no existe una alternativa creíble desde la izquierda y la solución militar -como ha quedado de manifiesto- es rechazada por la inmensa mayoría del país. Por lo tanto, un paso serio sería adelantar las elecciones presidenciales y de parlamentarios en un plazo prudente.
Pero las contradicciones cada hora que pasa van en aumento.
Un nuevo contrato social
En varias columnas que se han publicado en este medio he planteado la necesidad urgente de un nuevo contrato social, y esto surgía de la constatación de que lo que Hegel denomina las corrientes subterráneas de la historia, que emergen con mucha fuerza y violencia. Ejemplos sobran en América Latina (Ecuador; no olvidar el “Caracazo” en Venezuela; Perú, etc.).
En Chile cada cierto tiempo emergen estos acontecimientos, que se construyen en tiempos largos, y que antes de estallar muestran los síntomas que se deben leer en forma correcta, y ser corregidos en forma profunda en el momento preciso.
El siglo XX en Chile muestra algunos ejemplos como la crisis de 1925; las distintas revueltas por el alza de la locomoción el 47 y 57, que dieron lugar a reformas de fondo, tanto en el plano político como social (eliminación de la Ley de Defensa de la Democracia, la cedula de votación única, etc.).
En Chile el modelo como estaba concebido tiene su primer cuestionamiento con la “Revolución pingüina”, que cuestionó el sistema educacional, lo que da paso a la eliminación de la LOCE y, posteriormente, el movimiento estudiantil del 2011, que consigue la educación gratuita por ejemplo, y en paralelo surgen otros movimientos sociales como por ejemplo No Más AFP y otros. Todo esto, más otros hechos, daban cuenta de que el pacto social sobre el cual descansaba el país estaba entrando en una crisis profunda.
Hoy ese pacto social definitivamente se rompió, y por lo tanto urge construir un nuevo pacto social, pero dicha construcción es muy compleja ya que las instituciones están muy cuestionadas léase Poder Judicial, partidos políticos, Congreso, Poder Ejecutivo, Iglesia, etc.
La construcción de este pacto debe ser sobre la base de las demandas planteadas por la sociedad civil y que se pueden conceptualizar en una baja del costo de la vida, en la creación de una vida digna, y esto tiene que ver con reformas profundas a las estructuras que sostienen la sociedad.
En la medida en que el Presidente no resuelva el actual conflicto con celeridad, éste tiene una tendencia crecer, a una mayor desobediencia civil, con pérdida del miedo, y mayor violencia. La resolución de la crisis requiere de mayor coraje político, para la construcción de un Chile distinto, se requiere de una oposición coherente con proyecto de reformas profundas y que sea creíble por la ciudadanía, con medidas de corto plazo que entreguen mejoras sustantivas a la calidad de vida, y medidas de mediano plazo y largo plazo que tiendan a construir un país menos desigual y más inclusivo.
No se debe olvidar que el gobierno, y el país está superado por una crisis que es profunda donde se mesclan distintos tipos de fenómenos sociales y que requieren respuestas de fondo que la sociedad chilena reclama.
En síntesis del nuevo contrato social requiere de una salida política, requiere de más política y menos soberbia tecnócrata, requiere revertir las medidas que han dañado y provocado el terremoto social.
