Por Hugo Cox.- Se acerca una fecha que en el tiempo adquirirá la dimensión histórica: la posibilidad de que mediante un plebiscito se mandate a una convención constituyente para que elabore un nuevo texto constitucional, que posteriormente será aprobado mediante otro plebiscito, es retorno al soberano. Este acto cívico tiene un carácter épico similar al que permitió terminar con la dictadura.
Es primera vez en la historia de este país que una constitución sería escrita fuera de los cuarteles, y de ahí la dimensión nueva de este hecho.
Este acto se va a dar en un escenario altamente complejo en medio de una crisis sanitaria, social, política y económica, que requiere (para su solución) de un pacto social de características muy distintas a lo que conocemos.
A propósito del COVID-19, la CEPAL en su informe de septiembre de 2020, entrega una serie de antecedentes para América Latina que desnudan la crisis del continente. Por ejemplo, el aumento de la pobreza, que crece en 4,4 puntos porcentuales, lo que significan 28,7 millones de pobres en comparación al año 2019, sumando un total 214,7 millones de personas. La extrema pobreza aumentaría en 2,6 puntos porcentuales, elevándose en 15,9 millones frente al 2019, lo que cifraría la cantidad total en 83,4 millones de personas.
En el caso de Chile sería un aumento 1,5 puntos porcentuales de pobres y 2,9 puntos porcentuales de aumento en la extrema pobreza.
Lo que asoma con fuerza es el franco deterioro de las personas que pertenecen a los estratos medios y bajos, que son las más afectadas. En particular, la crisis afecta a las mujeres de ese segmento, el mismo donde están trabajadores informales, trabajadoras de servicios domésticos, jóvenes, personas de la tercera edad, y población rural y urbana que vive en comunas no acomodadas.
Este tipo de crisis profundiza los conflictos que venían manifestándose en la sociedad chilena, que se expresan en un malestar contante, desconfianza, desafección democrática lo que constituye un riesgo alto para la cohesión social, lo que requiere un pacto social cuya construcción comienza con el plebiscito de octubre. Este es el primer hito de un largo caminar, este nuevo pacto social debe estar centrado en el bienestar y los derechos de las distintas etapas del largo ciclo de vida de las personas, que permitan enfrentar los impactos de las crisis venideras y de la actual. Se ha de construir este pacto en la lógica de una protección colectiva e igualdad, con respuestas altamente solidarias ya sea en los costos, como en el financiamiento, lo que necesariamente nos lleva a nuevos pactos fiscales.
La actual crisis ha puesto de manifiesto las actuales limitaciones estructurales del modelo vigente, pero también ha demostrado las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social.
Es urgente avanzar hacia la creación de un trabajo decente y que emerja la corresponsabilidad entre el Estado y el mercado y, a su vez, con las familias, y por ende promover el acceso universal a la protección social, y que debe por lo tanto asegurar el acceso expedito a sistemas de salud públicos de calidad, lo que es fundamental para proteger las condiciones de vida de todas las personas.
Por lo tanto, para salir de la actual crisis y de otras que vendrán es necesario repensar un nuevo modelo de desarrollo centrado en las personas y que permita consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales, y que permiten un desarrollo sostenible y no dejar personas en la berma del camino.
Estos deben ser los mínimos que permitan ordenar el camino a seguir y entender que es más lo que une que lo que diferencia, y en la diferencia es la tolerancia activa lo que permite que las sociedades avancen.
No hay que abandonar el único camino, que es de la unidad de la mayoría, y no hay que dejar que una minoría condicione el avance hacia una sociedad con mejor calidad de vida.
