Mario Neculman: “El próximo gobierno debe abordar el problema de la tenencia de tierra en la Araucanía”

El periodista y administrador público, Mario Neculman, analiza el escenario electoral en la región de La Araucanía, el voto mapuche, los desafíos del próximo gobierno y la urgencia de modernizar la gestión pública, especialmente en territorios rurales.

Por Alejandro Chanique Soto.- Hablar de La Araucanía y sus territorios rurales es inevitablemente hablar de política, desigualdad histórica y deuda estatal. Tras un proceso electoral en el que los candidatos de oposición al actual gobierno lograron amplia mayoría legislativa, el periodista y administrador público Mario Neculman, magíster y conocedor profundo del territorio mapuche y de la administración pública, comparte su análisis sobre este nuevo escenario.

¿Cómo explica el fenómeno de que una región con alta población mapuche, altos índices de cesantía y demandas sociales vote mayoritariamente por la derecha?
Lo primero es dejar de estigmatizar al votante mapuche. Existe un sector político que cree que el voto indígena “debe ser de izquierda” o que, por tener menos recursos, ciertas personas deben votar automáticamente por un sector. Eso no solo es equivocado: es paternalista. El voto es soberano. En esta elección, especialmente, hubo un voto de castigo a las promesas incumplidas del gobierno de turno: seguridad, salud y empleo. La gente está cansada, y eso se expresó en las urnas más que en una adhesión ideológica rígida.

Se ha dicho que “el mapuche es de derecha” por los resultados electorales. ¿Comparte esa afirmación?
En absoluto. Si así fuera, la mayoría de los militantes de los partidos de derecha serían mapuche, y eso no ocurre. El electorado mapuche vota por gestión, credibilidad y cercanía, no por etiquetas. Si aplicáramos el mismo razonamiento, entonces todos los mapuches deberían ser de izquierda por ser mapuches, lo cual es absurdo. Un ejemplo claro es la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio): muchos votos que recibió no correspondieron necesariamente a militantes de su sector. En La Araucanía existe voto cruzado, y eso se vio también en las elecciones de senadores y presidenciales. El votante mapuche observa, compara y elige.

¿Por qué cree que se eligieron tan pocos representantes mapuche?
Porque no hubo capacidad de dialogar y construir unidad. La prueba está en los votos de Rosa Catrileo, Elisa Loncón y Aucán Huilcamán.
Si sumamos sus resultados, obtuvieron cerca de 82 mil votos, suficientes para alcanzar un escaño en el Senado. Pero los egos, la falta de comunicación y la ausencia de acuerdos hicieron que ese capital político se fragmentara. Ojalá este error sirva para las próximas elecciones; el pueblo mapuche necesita representación en todos los poderes del Estado.

¿Cree usted que la derecha volverá a ganar en La Araucanía en la elección presidencial?
No tengo dudas de que volverá a ganar. Y quiero ser claro en esto: la candidata oficialista carga con el peso del voto de rechazo al Presidente Gabriel Boric. Eso es evidente. Pero insisto: no todos quienes votan por la derecha se consideran de derecha. Los mapuche y no mapuche votan por quien creen que puede representarlos mejor o por quien es distinto al gobierno de turno. Ese es un análisis sociológico y antropológico profundo que aún falta realizar.

¿Ha sido tan drástico el rechazo al actual gobierno en la región?
Sí, ha sido evidente. Las elecciones funcionan de manera similar a las relaciones de pareja: al inicio hay entusiasmo y altas expectativas. Con Boric ocurrió algo parecido. Sin embargo, con el tiempo, la ciudadanía y particularmente un sector importante de La Araucanía, incluidos muchos votantes mapuche, fue tomando distancia y se produjo un “divorcio político”. Las razones son diversas. Un ejemplo es el concepto de “manos limpias, superioridad moral” instalado por un exministro del Frente Amplio, que generó un estándar ético y expectativas de coherencia que, para una parte de la población, no se cumplieron. A eso se suman otros hechos y percepciones que profundizaron el distanciamiento entre la región y el gobierno. El estado de excepción fue otro tema donde las decisiones fueron débiles y contradictorias.

¿Cuál es su opinión del trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento?
Me gustaría que en algún momento pueda llegar toda la información de esta comisión a las comunidades de la región. Mi opinión es que solo un pequeño grupo de personas sabe de esto. Lamentablemente no trascendió ni ingresó a la discusión ciudadana o de las comunidades mapuche. Cuando pregunto si saben de esta comisión, muchos me miran con cara “asustada”.

Se ha instalado el concepto de “turismo electoral” en la región. ¿Qué piensa al respecto?
Es un concepto de muy poca profundidad, casi un eslogan sin contenido. Los temas urgentes de la región son otros: desarrollo rural, seguridad, pobreza, infraestructura, empleo y tierra. Decir “turismo electoral” es tan superficial como criticar que políticos adultos mayores que fueron autoridades volvieron a competir en estas elecciones. Esto también puede molestar a alguien. Invito a preocuparnos de la realidad política que vive la región. Para los senadores electos que no son de la región, mi recomendación es simple: asesórense con profesionales competentes, con formación académica y conocimiento profundo del territorio, incorporen asesoría de personas mapuche a sus equipos. Eso sería un verdadero acierto para los senadores Cartes y la senadora Kaiser.

¿Cómo debería ser la relación entre las comunidades y el próximo gobierno?
El próximo gobierno debe mirar con mucha atención los sectores rurales, sobre todo escuchar a las comunidades. Creo que todos sabemos que se debe realizar un diálogo político y el Estado, representado por el gobierno electo, es el anfitrión.

¿Qué temas debería tener el futuro presidente o presidenta en mesa para buscar soluciones en La Araucanía?
Hay varios temas que la ciudadanía requiere con urgencia y esos temas el presidente electo debe tener muy claros. En lo personal, le diría que algunos son: mejorar la infraestructura básica, apoyar al agro y a los pequeños agricultores, fortalecer el empleo y, por supuesto, abordar el tema de la tenencia de la tierra, que es central para el pueblo mapuche.

¿Cómo evalúa la relación entre el Estado y los municipios?
Debería ser una relación mucho más estrecha, casi familiar. Los municipios son la primera puerta de entrada para la ciudadanía. La gente llega ahí antes que a un ministerio o representante regional. Tanto el Estado como los municipios requieren funcionarios públicos capacitados, actualizados y adaptados a los cambios. Las respuestas deben ser oportunas, claras y resolutivas, evitando que la persona recorra cinco oficinas para un mismo trámite. Aquí los municipios deben planificar a corto y largo plazo: muchas personas están comprando o regresando a sus tierras, lo que implica incremento en la atención de salud, solicitudes de obras, asistencia social e incluso mayores residuos y basura. Las municipalidades y servicios públicos deben iniciar una restructuración, planificar y ordenar para poder enfrentar estos cambios.

Usted ha dicho que el Estado necesita un cambio. ¿A qué se refiere?
A lo mismo que ocurre en cualquier organización: la actualización es obligatoria. Los usuarios cambian, aumentan las solicitudes, los territorios se modifican y las tecnologías pueden ayudar a descomprimir, sobre todo en regiones. La transformación digital debe llegar a los municipios, y ya hay algunos que lo entendieron. Pero falta mucho, especialmente en zonas rurales, donde sería un aporte enorme.

¿Cómo podría la transformación digital beneficiar a sectores rurales?
De forma muy concreta y sin necesidad de grandes inversiones. Existen acciones simples que un municipio puede implementar con equipos motivados y profesionales bien organizados. Por ejemplo, permitir que las personas puedan agendar una hora en el CESFAM o solicitar trámites como la licencia de conducir vía WhatsApp o a través de la página web municipal. Para quienes viven en sectores rurales, trasladarse a la ciudad puede significar una hora y media de viaje, pagar transporte y alimentación, solo para realizar un trámite que perfectamente podría resolverse en minutos y desde su casa o lugar de trabajo. Esa brecha es desigualdad territorial, y la tecnología bien gestionada puede reducirla de manera rápida, eficiente y sin grandes costos para el municipio.

¿Los funcionarios públicos están preparados para estos cambios?
Al principio siempre hay resistencia. Pero es clave contar con líderes que convoquen y trabajen con los funcionarios interesados en innovar. Ellos son quienes contagian a los demás. La frase típica es “esto es muy difícil”, pero cuando se invita a participar y se acompaña adecuadamente, los cambios se producen. Nadie quiere quedarse atrás en conocimientos.

¿Es realmente posible cambiar la percepción ciudadana respecto a la administración pública?
Sí, absolutamente. Pero se necesita liderazgo, equipos preparados y el fin de la lógica de “los amigos de”. En la Administración Municipal existe el concepto de “levantamiento de información de funciones”, que permite revisar perfiles de cargo y saber cuáles son los conocimientos reales del funcionario. Eso se debe aplicar con rigor.

Ha señalado que muchos funcionarios trabajan en áreas que no son de su especialidad. ¿Por qué ocurre y cómo se soluciona?
Sucede por múltiples razones: traslados por conflictos internos, malas prácticas, diferencias con jefaturas o simplemente asignaciones poco responsables. ¿Quién paga el costo? El ciudadano, que recibe una gestión lenta, confusa o ineficiente. La solución es clara: políticas internas firmes, jefaturas empoderadas y equipos elegidos por mérito y capacidad, no por ser familia o amigo de. Eso sí marca una diferencia.

Pero muchos funcionarios también sufren malos tratos o inestabilidad según el tipo de contrato. ¿Cómo enfrentar eso?
Es cierto. Los mecanismos de denuncia existen, pero muchas veces no funcionan bien. La realidad es que la situación contractual del funcionario —honorario, contrata o planta— determina su nivel de protección y estabilidad, y eso no debiera seguir siendo así. La diferencia de trato entre contratos es una deuda del Estado con sus trabajadores. Sin dignidad laboral, no habrá un servicio público moderno ni eficiente.