Por Neida Colmenares.- Chile atraviesa una crisis en materia de seguridad. En ese sentido es positivo el despliegue que observamos por parte del Estado para prevenir y combatir el delito. Lo que preocupa es la relación indiscriminada que se ha establecido entre migración e ilícitos penales, porque no hay evidencia suficiente para afirmar que la migración irregular per se sea la causa principal del crimen organizado, y porque esta asociación induce la xenofobia y el conflicto social.
Lo que se puede afirmar objetivamente es que la población migrante corresponde a casi un millón y medio de personas que ingresaron por pasos regulares y que hacen grandes aportes económicos y en capital humano al país. También es cierto que han ingresado por pasos no habilitados al menos 140 mil personas en los últimos años. En su mayoría se trata de una movilidad forzada, dejando a este grupo humano en una situación de vulnerabilidad social.
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Migrantes y derechos humanos
Entonces, vale la pena preguntarse si el despliegue político-institucional actual, que lleva el debate público sobre la migración al terreno de lo criminal, es justo y proporcional con la realidad del millón y medio de migrantes y de los más de cien mil desplazados en el país. También es necesario preguntarse si acaso estamos realmente apuntando a las causas estructurales del problema.
¿Conflicto con migrantes?
El discurso sobre los migrantes buenos y los migrantes malos es improductivo. Este constituye una retórica tautológica y circular en el debate público, que lejos de conducir a soluciones concretas, lo que hace es inducir a percepciones de discriminación. Un claro ejemplo son los resultados de la Encuesta Bicentenario publicada recientemente, donde el 71% de los encuestados cree que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes, empero, apenas 7% de los mismos encuestados manifestaron haber tenido alguna experiencia desafortunada con una persona extranjera.
Lo que parece lógico, entonces, es avanzar hacia un diseño institucional sólido para la implementación de un empadronamiento migratorio que comprometa el análisis de los casos que se presenten. Esto, en el marco de opciones institucionales que combatan la irregularidad con el reconocimiento de la inserción social de quienes ya están en Chile y suman al país.
Dra. Neida Colmenares es académica de la U.Central y Presidenta del COSOC SERMIG
