Por José María Vallejo.- El gobierno del Presidente Boric ha sido criticado, en estos meses de administración, por varios de sus nombramientos, seguros o fallidos.
Idoneidad, currículum, experiencia, prudencia y relaciones laborales, han sido parte del caldo. Desde la designación de la doctora Izkia Siches como ministra del Interior, pasando por el embajador en España, hasta el fracasado intento de instalar a José Morales como Fiscal Nacional.
Pero hay otras designaciones más complejas que han pasado tras bambalinas, en medio de una demora supina en la designación de autoridades regulatorias y fiscalizadoras. Un caso reciente es el de la ingeniero forestal Marta Cabeza como superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), quien aunque llevaba muchos años en la institución como jefa de gabinete, no tiene la misma expertise que el anterior jefe de servicio.
Sin embargo, hay otra duda más seria en ciernes, pues pronto debe disponerse de la titularidad en la Superintendencia de Medio Ambiente, donde se ha cuestionado a la “favorita” del gobierno, la abogada Marie Claude Plumer (actualmente jefa de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente), quien tiene una acción disciplinaria pendiente en la Contraloría General de la República por su responsabilidad en el otorgamiento de un permiso para la recepción final de más de 200 viviendas en un proyecto que no pasó por el Sistema de Evaluación Ambiental, cuando ella trabajaba en la SMA. La investigación interna, inicialmente, fue desestimada (perdonada) por el cuestionado ex superintendente en tiempos de Sebastián Piñera, Cristóbal de la Maza, pocos días entes de la segunda vuelta, pero fue repuesta por la Contraloría.
El cuestionamiento se extiende al hecho de que el ex superintendente De La Maza forma parte de una empresa que se adjudicó, por parte de la misma SMA, una licitación por más de 120 millones de pesos en agosto pasado.
A eso se sumaría una serie de reclamos del Congreso Nacional por deficiente gestión de informes de fiscalización de la SMA cuando ella era la jefa de la división de Sanción y Cumplimiento.
En la administración pública, suele pasar que en mandos medios se impide que los funcionarios o ex funcionarios que tienen pendientes sumarios o cuestionamientos disciplinarios sean contratados el otros puestos. Eso, amén de que los lazos con un gobierno anterior ideológicamente disímil también suele ser fuente de problemas. Cuesta entender, entonces, que la mencionada candidata aparezca con el aparente favoritismo del gobierno, adoleciendo de ambos elementos en contra.
Aquí, además, se corre el riesgo de un vicio, pues el sumario que reabrió la Contraloría que debe ser fallado por la misma jefatura de servicio. Si la abogada Plumer es nombrada superintendenta, ¿cómo se asegura que siendo la jefa de servicio mantendrá la investigación interna? Y aunque lo hiciera, siendo la jefa de servicio, ¿tendría que fallar sobre sí misma en caso que le fuera adversa? Y si no fallara ella, tendría que hacerlo, en teoría, la misma ministra que la nombró. ¿Acaso la secretaria de Estado sería ecuánime con la persona que aparece hoy como su “favorita”? Sancionarla sería poner en duda su propia decisión.
