El cruce entre en el Parlamento por la Ley Miscelánea revela algo más profundo que una disputa legislativa: expone el desgaste de una cultura política donde el cálculo táctico parece imponerse sobre la deliberación, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Por Gustavo Campos.- El debate en torno a la Ley Miscelánea deja una señal preocupante sobre la calidad de la deliberación parlamentaria. El llamado “tsunami de indicaciones” y la respuesta del Ejecutivo no son solo episodios procedimentales. Son síntomas de una política que confunde firmeza con bloqueo y defensa de atribuciones con renuncia al diálogo.
Desde una perspectiva democrática, el Congreso existe para procesar diferencias, ordenar conflictos y producir acuerdos legítimos. La deliberación supone desacuerdo, pero también reglas compartidas, escucha y responsabilidad pública. Cuando el debate deriva en maniobras, acusaciones cruzadas y cálculos de corto plazo, la ciudadanía solo percibe deterioro institucional.
El problema no es que existan diferencias entre Gobierno y oposición; eso es propio de una democracia viva. El problema aparece cuando la diferencia deriva en un diálogo de sordos y cada actor habla más para su propia barra que para resolver problemas. Allí, el daño deja de ser comunicacional y pasa a ser político. Se erosiona la confianza institucional, se debilita la imagen del Parlamento y se instala la idea de instituciones más ocupadas de sus disputas internas que de responder a la vida cotidiana.
Los representantes fueron elegidos para legislar, fiscalizar y construir acuerdos posibles, no para convertir cada discusión en una prueba de fuerza. Mientras el Congreso multiplica gestos y el Ejecutivo calcula respuestas, la ciudadanía espera soluciones en seguridad, salud, empleo, educación y costo de vida. Cuidar el diálogo parlamentario no es una concesión amable: es una exigencia básica de la democracia representativa.
Gustavo Campos es investigador CDOP en la U. Central
