Por Juan Medina Torres.- Han transcurrido treinta años donde una simple nota de prensa publicada por el diario La Nación, referente a un caso de corrupción, provocó uno de los momentos más tensos de la naciente democracia chilena, luego de 17 años de dictadura.
El viernes el 28 de mayo de 1993, La Nación tituló en su portada: «Reabren caso cheques del hijo de Pinochet”. Y agregaba “Ocho generales citados a declarar ante la Justicia”.
La noticia aludía al caso por el que era investigado Augusto Pinochet Hiriart, hijo del general Augusto Pinochet Ugarte, tras recibir el pago de 971 millones de pesos por parte del Ejército, tras la venta de la empresa Valmoval, que era parte de la institución militar.
Tras la nota de prensa, el edificio de las Fuerzas Armadas -a pasos de La Moneda- fue rodeado de soldados con uniformes de guerra, caras pintadas y boinas negras, en un episodio ocurrido mientras Pinochet era comandante en jefe del Ejército, y que fue denominado como «El boinazo«.
Enrique Krauss, quien ejercía el cargo de Vicepresidente de la República, debido a un viaje del Presidente Aylwin al extranjero, recuerda en sus memorias cómo fueron esos momentos de tensión entre las fuerzas del mundo militar y el mundo civil.
Krauss, señala que “los días viernes se celebraba una reunión en la que participaban los directores de Inteligencia de las ramas armadas, pero a la cita no asistió el representante del Ejército, sino un oficial de menor rango. Luego recibí una llamada telefónica del general Jorge Ballerino, quien por entonces era el colaborador más estrecho del comandante en Jefe. ‘Mi general está muy molesto con las publicaciones, es un hecho grave’, me dijo el hombre de confianza de Pinochet. En el fondo de la comunicación yo podía escuchar inentendibles gritos de Pinochet que confirmaban su ira y, me imagino, procuraban atemorizarme. Así que le sugerí a Ballerino dos cosas: que le diera un calmante a su general y que habláramos personalmente”.
Ver también: Secretismo del Senado: un “boinazo” civil
“Pinochet propuso que nos reuniéramos en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, pero yo me negué, así que le ofrecí que nos juntáramos en La Moneda, lo que a su vez Pinochet también rechazó. Al final, convinimos en juntarnos en la casa del general Ballerino. Cuando nos encontramos, Pinochet me dijo que había una serie de ‘problemas pendientes’. Entre ellos, el de las investigaciones por las violaciones de los derechos humanos durante su gobierno. No apuntó a que los militares buscaran escabullir esas causas, no al ‘trato’ que recibían en los tribunales.
Hablaba puntualmente e las expresiones de rechazo, concretamente gritos, insultos e intentos de agresión por parte de organizaciones y familiares de las víctimas cuando cumplían distintos trámites judiciales.
El planteamiento era razonable. Me comprometí entonces, a hablar con el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, quien había sido mi compañero de curso en el Instituto Nacional. La idea era buscar un procedimiento expedido, que no implicara un menoscabo para los uniformados durante esos trámites judiciales, pero le advertí que los inculpados o testigos que padecían estos ataques también debían declinar las actitudes provocativas con que concurrían a tribunales, en ocasiones hasta con condecoraciones y siempre altaneros y soberbios”.
Krauss añadió que “visto el primer punto de la ‘tabla’, Pinochet pasó al segundo: el ritmo, a su juicio lento, con que el Ministerio de Defensa cursaba los decretos de interés para el Ejército. Nuevamente, estimé que, si existía, se trataba de un asunto solucionable y le dije que plantearía a Defensa la necesidad de reactivar ese papeleo. El ‘pliego’ de Pinochet continuó con las remuneraciones de los militares, las que catalogó de ‘muy bajas’. Le hice ver que era una materia completamente ajena a mi competencia”.
Krauss recuerda que, de sopetón, Pinochet le planteó una inesperada petición.
“Me dijo: ‘Me interesa que usted le pida la renuncia al ministro de Defensa’. Como argumento, mencionó simplemente que no se entendían. Su impertinencia era manifiesta y lo paré en seco: ‘Mire general, soy el Vicepresidente en este momento, el ministro señor Rojas tiene una relación personal conmigo, pero su desempeño en el cargo es una materia de exclusiva competencia del Presidente de la República, a quien debe planteársela usted, si le parece conveniente’. Entonces volví a mi compromiso de facilitar un entendimiento entre su institución y Defensa. Le dije que asignaría una persona a esa tarea y hasta anticipé su nombre: Jorge Burgos”.
Enrique Krauss, finalmente, añadió que “en ese momento, fiel a su estilo autoritario y permanente afán de descolocar a quien tenía al frente, Pinochet anunció: ‘Entonces vamos a firmar un acuerdo’. Y de la nada, apareció un joven oficial que venía con un texto escrito en una especie de pergamino. Con firmeza le señalé un categórico ‘no, usted está hablando con el Vicepresidente de Chile, quien, de acuerdo a la Constitución, ejerce el mando supremo de la nación’. En ese punto, apelé a la majestad de la República: ‘A ningún mandatario chileno se le pone en duda la palabra…’. Visiblemente contrariado, Pinochet hizo un gesto, poniendo fin al encuentro. ‘Si’, respondió él, aunque sin mayor entusiasmo ni convicción. Nos despedimos de mano”.
Krauss recuerda que, insólitamente, en la reunión no se habló explícitamente del “Boinazo”. “Aunque estaba implícito, ni él ni yo lo mencionamos. Las razones que tuvo él las desconozco. En mi caso, consideraba que no era el momento adecuado. Estaba seguro que si poníamos el tema sobre la mesa, se abriría un debate estéril. Por otra parte, vincular las manifestaciones públicas realizadas con la solución era reconocer el sistema como válido para esto propósitos, lo que es inadmisible para los cuerpos armados. A mí lo me interesaba era despejar hechos concretos, para que los comandos dejaran el frontis del edificio del Ejército, pues esas acciones carecían de justificación y se haría patente la motivación real. Por las mismas razones, no toqué la situación de su hijo. Él tampoco lo hizo”.
Así se superó la crisis que tensionó al gobierno democrático del Presidente Patricio Aylwin durante la cual muchos pensaron en un nuevo golpe de estado.
El caso de los “Pinocheques” fue cerrado definitivamente durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
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