¿Plebiscito para una intervención militar?: Análisis de la crisis de Venezuela desde dentro

Por ReporteConfidencial.info.– El 16 de julio de 2017, más de siete millones de personas votaron en un referendo convocado por la misma Asamblea Nacional que ahora tiene a Juan Guaidó como Presidente del parlamento y encargado del Ejecutivo. Los diputados de la Asamblea Nacional (todos opositores) aprobaron la consulta popular el miércoles 5 de julio de 2017 basándose en los artículos 5, 70, 71 y 187.4 de la Constitución Nacional.

La consulta nacional de Venezuela de 2017, también llamada Plebiscito Nacional de Venezuela de 2017, es considerada el “acto de desobediencia civil pacífico más masivo que han protagonizado los venezolanos en toda su historia”. El proceso electoral se trató de un acto de rebelión civil, en el contexto de la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana, que señalan:

Artículo 333°.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350°.- El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Cuando la “Comisión de Garantes de la Consulta Popular” conformada por prestigiosos rectores de universidades, le puso número a la consulta, el resultado sobrepasaba los 7 millones 280 mil 170 votos.  Más de 693.789 venezolanos, consignaron su voto en el extranjero. Solo 14 mil mesas fueron habilitadas en este proceso desconocido por el CNE, organismo que cuando convoca lo hace con más de 40 mil puntos distribuidos en todo el territorio nacional.

En la consulta popular fueron tres las preguntas en aquel 2017:

¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

El presidente encargado Juan Guaidó ha expresado su intención de, junto con la Asamblea Nacional, aplicar el artículo 187.11 de la Constitución que establece: “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Pero ReporteConfidencial.info sabe de primera mano que países aliados a la causa del joven presidente,  se han negado a acompañar tal eventualidad por considerarla “extrema”.  La noche del 23 de febrero el presidente de Colombia negó toda posibilidad de usar su territorio como punto de partida de cualquier incursión de Fuerzas de Paz.

Ahora bien, el debate hasta ahora se ha presentado sin el concurso de los más afectados, es decir el ciudadano común, y siendo que la Constitución  aprobada en 1999 se finca en el principio de democracia participativa y directa por encima de la democracia representativa, y tomando en cuenta las atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional de organizar consultas conforme al mismo artículo 187, pero en su ordinal 4, que señala “Organizar y promover la participación  de ciudadana en los asuntos de su competencia”, y fundamentado en el precedente del referendo del 16 de julio de 2017, se hace necesario promover un debate sobre la posibilidad de que sean los ciudadanos en REFERENDO POPULAR los que otorguen MANDATO a la ASAMBLEA NACIONAL para “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Las evidente ventaja de esta fórmula, es que no serían un grupo de diputados y un presidente a quienes la comunidad internacional tendría que oír. Por el contrario, serían los principales afectados los que con su voto estarían convocando o desautorizando la misión de paz y los países del mundo estarán obligados a tomar en cuenta el llamado de un colectivo sometido a un sufrimiento de características históricas antes de que sea “in extremis”.

Un batallón ha desertado por la frontera

En una entrevista concedida a la cadena Blu Radio, el general Cliver Alcalá Cordones, hizo un inventario del estado de la Fuerza Armada Nacional y, más allá de la propaganda oficialista que habla de 245 mil efectivos más la fantástica suma de 2 millones de milicianos, lo cierto es que en total (con milicianos incluidos) el personal armado que custodia al régimen de Maduro no alcanza siquiera a 100 mil efectivos. Dejemos a un lado la muy cuestionable lealtad que han jurado (los hechos, como veremos, hablan de otra cosa) y tengamos presente ese número mientras leemos este epígrafe: 100 mil.

En la antigua República Democrática Alemana, se había acuñado un término para describir el comportamiento de aquellos que desertaban del régimen socialista que ahí imperaba desde 1945 hasta 1989: Republikflucht (fuga de la República); un problema inmenso que significó la huida de entre 3 a 4 millones de personas de la RDA, afectando, como es de imaginar, toda la estructura económica de aquella nación. El flujo de personas bajó abruptamente a partir del 13 de agosto de 1961, en cuanto las autoridades comunistas se dieron por vencidas en el terreno de la propaganda, aceptaron la realidad financiera de aquella sangría humana aparejaba, y se dispusieron a construir un Muro que separara el enclave de Berlín Occidental y reforzaron la seguridad fronteriza con la República Federal Alemana.

En Venezuela, por contraste, ya se habla de la huida de entre 4 a 5 millones de ciudadanos (con una proyección de aproximadamente 6 millones al cerrar el año, es decir casi un 20% de la población); pero la peculiaridad de nuestra diáspora trae un nuevo elemento: la deserción militar. Al cierre del mes de febrero, Migración Colombia contabilizaba 567 efectivos -la mayoría habría huido por el estado Táchira y pertenecen a la Guardia Nacional-, lo que no comprende el puñado de efectivos que lograron escapar por la frontera con Brasil y aquellos que, sin uniforme, ya se habían mimetizado con el resto de los migrantes venezolanos.

El problema de la deserción militar en sí no es nuevo: ya los distintos cuerpos armados han publicado inmensas listas de personas que consideran desertores, citándolos a comparecer a procedimientos disciplinarios; ni si quiera es exclusivo de Venezuela: en Yemen, Siria, Afganistán, Cuba, Libia, Camboya o la RDA se han visto deserciones más o menos numerosas, de hecho, en los seis primeros países mencionados los desertores se reagruparon para combatir a sus gobiernos (recuérdese que en el episodio de Bahía de Cochinos participaron, por ejemplo, muchos escapados del ejército de Batista) y más específicamente en el caso de Camboya (con ayuda de los vietnamitas) las tropas lograron deponer a la tiranía de Pol Pot y su Khmer Rouge.

Lo novedoso de este episodio estriba en que aquellos que abandonan sus puestos, no lo hacen en el marco de un conflicto armado o de alguna confrontación al estilo de la Guerra Fría, sino que se van por mero hartazgo, por hambre, por miseria… Al cruzar la frontera son desarmados y su destino incierto se une al de los avatares de la política criolla. El número de evadidos (frente a los menos de 100 mil combatientes todavía en Venezuela), empieza a ser de entidad para ser tomado en cuenta en los cálculos políticos en el horizonte.

La política de Guaidó

Hasta el presente, además de las marciales fotografías de los soldados en Colombia con el Presidente encargado, poco se sabe del destino que tendrá la tropa (o los funcionarios policiales que también han escapado) y más allá del cobijo que han ofrecido los neogranadinos no está en el tintero qué se debe hacer con aquella gente; aunque por ahora no hay indicios de que se les trate de armar y emplear en alguna aventura como la del vapor “Falke”.

Los desertores deben pasar por los filtros de la inteligencia colombiana y, en menor medida, brasileña. Mantenerlos agrupados conlleva un costo, cuyo origen está lejos de ser aclarado, mantenerlos en disposición operativa y entrenados trae una serie de dudas en cuanto a las implicaciones de derecho internacional, pero seguramente en este sentido debería apuntar las acciones del gobierno interino y sus aliados internacionales.

Mas aún, el trato hacia los militares venezolanos del otro lado de la frontera, debe hacerse con el mayor de los esmeros, buscando que estos individuos sean los primeros que promuevan la deserción de sus compañeros aún en armas. Sin embargo, queda la prioridad contraria de mantenerlos en sus puestos dentro de Venezuela de cara a un desenlace de quiebre. Este sería un objetivo sencillo de cumplir, algo más complicado es saber qué se quiere hacer con la soldadesca y si hay la intención de convertirla en el germen de la reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional.

Hasta el momento, la Asamblea Nacional los ha recibido con el criterio de la acogida a la Ley de Amnistía, pero cabe preguntarse si existe alguna previsión para que en rigor sea autorizada la salida de tropas al extranjero en esas condiciones o si se dejará en el limbo aquella extraña presencia militar en territorio colombiano.

El problema de Maduro

La pésima imagen (internacional y nacional) que las deserciones imponen trae demasiados retos para el atareado régimen venezolano. En lo inmediato, según se ha podido extraer de las expulsiones hechas por los colombianos, ya se han enviado infiltrados a modo de recolectar material de inteligencia entre los desertores; ordenar un repliegue de fuerzas que dificulte la huida a pie por la frontera podría ser alguna media provisional adicional; la intimidación a familiares también se incrementará y las medidas de control y espionaje a funcionarios que presten servicio en el borde la República se ejecutará en la escala de las menguadas posibilidades de Miraflores.

Más allá de “pañitos calientes”, pensar en un muro, la creación de alguna unidad de élite que custodie Bolívar, Apure, Táchira y Zulia al estilo de la RDA o contar con refuerzos extranjeros (cubanos, iraníes, rusos y sus derivados) que aseguren la frontera, está fuera de cualquier aspiración para Maduro; de lo que es dable concluir que apenas pudiéramos estar atestiguando el inicio del desmantelamiento de la Fuerza Armada Nacional.

Todas las opciones siguen sobre la mesa

En paralelo, tres hechos disruptivos han cambiado el escenario político a corto plazo. Por una parte, el fracaso al procurar el quiebre del gobierno plantando un cerco humanitario; segundo, el retorno del presidente encargado Guaidó, no de manera clandestina, sino en el mismísimo aeropuerto de Maiquetía y, tercero, el apagón bíblico registrado desde el jueves 7 de marzo.

La estrategia de confrontación directa al estamento militar ha dado paso a una de baja intensidad representada a su vez en tres vertientes que terminan confluyendo entre sí:

Un paro escalonado de la administración pública destinado a socavar el control burocrático del régimen sobre el país, para lo que se hace indispensable coordinar con el sector sindical los modos de implementación, pero sobre todo ejecutar con toda rapidez la labor de proselitismo sobre el funcionariado para que se atienda con la mayor contundencia tal convocatoria.

La marcha hacia Caracas, anunciada por el presidente encargado en la concentración del sábado 9 de marzo, para lo cual también se participó de un recorrido a lo largo del país que busque reorganizar las fuerzas sociales y construir las bases eficaces para el movimiento.

El incremento de la presión internacional, destinada no sólo al establecimiento o acrecentamiento de sanciones contra funcionarios en particular o el régimen en general; sino además destinada a mantener sobre el tablero la amenaza de intervención militar, a negociar directamente con los agentes que todavía se consideran en el bando de Maduro (Cuba, Rusia y China) y a provocar deserciones en el aparato gubernamental.

El propio Juan Guaidó también adelantó una de sus piezas, tratando de minar el tibio apoyo nominal que han expresado los chinos hacia Maduro y de forzar el reconocimiento al gobierno encargado, cuando nombró al economista venezolano de Harvard Ricardo Hausman en la inmejorable tarea de asumir el puesto de la República ante el BID, justo antes de que se celebre la reunión del organismo en la propia China.

La estrategia consiste en “construir capacidades” (Guaidó) para alcanzar el objetivo primario de cese de usurpación, es algo mucho más complejo que simplemente esperar que la Asamblea Nacional requiera una intervención extranjera amparada en cualquier artículo de la Constitución y rogar que del otro lado de la línea exista un país que atienda ese requerimiento y no deje colgados de la brocha a los solicitantes. En el plano puramente militar, como se ha visto, concretar tales hipótesis depende de tableros que todavía se están jugando fuera de Venezuela.