Por Cristián Fuentes Vera.- En momentos de máxima politización de la sociedad chilena, la política exterior no puede excluirse de la nueva Constitución. Los temas internacionales ya no son exclusivos de la elite, pues afectan la vida cotidiana de todos y la profundización de la democracia incluye la forma y el fondo de la identidad nacional que deseamos proyectar en la comunidad global.
El proceso iniciado por la ciudadanía para fijar las reglas de convivencia interna, sus valores e intereses, incluye una mirada acerca del poder en el escenario externo, perfeccionar las normas del derecho internacional, defender y promover los derechos humanos, fortalecer las instituciones multilaterales; y sobre asuntos tan relevantes como el cuidado del medioambiente, equidad de género, seguridad, desarrollo, pobreza, migraciones, justicia y solidaridad.
También emerge como tema, la relación con América Latina, en especial con los países vecinos, lo cual demanda resignificar la integración como meta y el proceso de pertenencia a la región. Vigorizar y balancear territorialmente el desarrollo se facilita complementando la inserción global con un proyecto que incluya al entorno fronterizo y transfronterizo. Además, el avance en estos aspectos permite enfrentar mejor la pugna hegemónica entre Estados Unidos y China, mediante un no alineamiento activo que resguarde nuestra autonomía estratégica.
La nueva Carta Fundamental debe contemplar los principios que guiarán la conducta de Chile en el mundo y una cierta orientación esencial para una política de Estado. Estas nociones básicas sintonizarían con las que consagra la Organización de las Naciones Unidas, más las referidas a la unidad latinoamericana, y serían políticamente exigibles, aunque no judiciables, es decir, su cumplimiento podría ser reivindicado ante el Ejecutivo y el Parlamento, pero no en los tribunales de justicia.
Urge terminar con el hiper presidencialismo, especialmente en política exterior. Para equilibrar las facultades de los poderes del Estado, el Congreso requiere mayores atribuciones, por ejemplo, en el nombramiento de embajadores, en las consultas, autorizaciones y denuncia de los tratados, y en la asignación de recursos.
La descentralización tiene su correlato en política exterior cuando se trata de mencionar en el texto constitucional las competencias de los gobiernos subnacionales (regiones y municipios), para establecer relaciones con sus pares del resto del orbe y gestionar cooperación para el desarrollo.
Importante también sería sumar, a la formulación, control y evaluación de política internacional, consultas obligatorias a la sociedad civil, abrir espacios a la representación de los pueblos originarios y dejar en claro la mayor jerarquía de los tratados internacionales, sobre todo los de derechos humanos. Ya es tiempo de iniciar el debate.
Cristián Fuentes es cientista político y académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.
