¿Por qué el gobierno chileno firmó un acuerdo de inteligencia con el régimen de Venezuela?

En este caso, se trata de entregar información de inteligencia propia al régimen de Venezuela cuyos nexos con el tren de Aragua (que tiene presencia comprobada en Chile) han sido denunciados en más de una ocasión.

Por José María Vallejo.- ¿Usted firmaría un acuerdo de inteligencia con una dictadura? ¿Confiaría en un régimen que se basa en usar falsa inteligencia, poniendo en prisión a miles de ciudadanos con información construida, y con reconocidos nexos con el narcotráfico?

Pues bien, es precisamente lo que hizo el gobierno chileno el pasado 18 de enero, cuando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, firmaron un acuerdo de colaboración mutua para promover la cooperación eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada, “sobre la base del mutuo respeto de la soberanía, la igualdad y los beneficios para ambas partes”.

En una nota publicada en el mismo sitio web del ministerio encabezado por Carolina Tohá, se señala que el acuerdo se firmó con Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal de Venezuela, José Ramírez

Según el diario El Universal de Venezuela, el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rander Peña, expresó que esta jornada de intercambio de conocimientos en materia policial, cumple con las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, “quien nos ha solicitado ampliar todas las coordinaciones y esquemas para así enfrentar el crimen organizado y defender así a los pueblos de Chile y Venezuela”.

El acuerdo, según el Ministerio del Interior, incluye capacitaciones entre ambas partes, intercambio de información relativa a buenas prácticas investigativas; “compartir información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas, a fin de lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”.

También se contempla la generación de alertas tempranas relativas a nuevos modus operandi, germinación de bandas u organizaciones criminales emergentes, hallazgo de nuevos nichos criminales y otros temas relacionados con criminalidad internacional que pudiesen afectar a ambos países; mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas; intercambio de información referente a personas condenadas que se encuentren encarcelados; intercambio de antecedentes penales de blancos investigativos vinculados a delitos violentos, crimen organizado trasnacional, crimen cibernético y otros delitos entre ambos países.

¿No les parece que es un acuerdo muy amplio, con un gobierno que ha sido criticado ácidamente por el presidente Gabriel Boric? A mediados del año pasado, el mandatario chileno insistió en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ocasión en la que incluso se enfrentó al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien calificó ese tema como un “problema narrativo”, nada más. A su vez, de vuelta, las recriminaciones y ofensas de Maduro y Diosdado Cabello a Boric.

Y uno entiende que a veces los derechos humanos pasan a segundo plano cuando se trata de hacer negocios, como con China. Pero en este caso no eran negocios, no era el hacerse el sordo por una inyección de dólares. En este caso, se trata de entregar información de inteligencia y policial propia a un régimen cuyos nexos con el tren de Aragua (que tiene presencia comprobada en Chile) han sido denunciados en más de una ocasión. Incluso se ha señalado que Maduro acudió a la organización criminal para ayudar a reprimir las protestas de 2017.

¿No les parece que el socio no es confiable? Menos confiable aún si se tiene en cuenta que a menos de un mes de firmado este convenio, un ex militar venezolano acusado en su país de traición y terrorismo, y en condición de asilado político en Chile, haya sido secuestrado.

El ministerio del Interior debe responder por la lógica de este convenio de inteligencia, y por qué se ha confiado en un régimen dictatorial y con nexos con el crimen organizado denunciados públicamente desde hace años.