Por Carlos Jerez.- Caminar por la Alameda mientras se desarrollan las manifestaciones es una aventura extraña. Hasta hace siete semanas habría sido impensable ver ese panorama: vendedores de “merchandising” político (banderitas, afiches), junto a otros que ofrecen agua, marihuana u otras drogas en completa libertad.
A la misma hora, se quema un supermercado en alguna parte o brigadas de saqueadores están intentando entrar a alguna parte, mientras un solitario “guanaco” y un “zorrillo” recorren los faldeos del cerro Santa Lucía, lanzando chorros de químicos a manifestantes aislados. Los piquetes de Fuerzas Especiales no se acercan seriamente a los grupos más densos y ni a los que, revestidos de barristas, se desplazan como dueños de la calle. A ratos son ellos los que lideran los ataques a las cortinas metálicas de algún comercio. El resto de los locales, blindados con grandes barras de acero, como en una zona de combate.
Es un espectáculo lamentable e inexplicable. Mientras, los ciudadanos intentan desplazarse, soportando el hacinamiento de lo que queda del Metro y la escasez de micros, así como los inevitables desvíos que convierten los trayectos en una eternidad.
Por una parte, da la impresión de que los ataques a locales comerciales (incendios y saqueos) tienen un propósito estratégico. ¿Cuántas fuerzas policiales se desvían con ese propósito? ¿Qué pasa con los sectores que quedan desprotegidos? ¿Quiénes pueden desarrollar su actividad y lucrar en medio del caos?
Por otra parte, es obligatorio preguntarse, ¿está la fuerza policial actuando con alguna estrategia? ¿por qué pareciera que se ven sobrepasados y que terminan sobrerreaccionando con quienes no lo merecen, mientras que quienes sí lo merecen escapan impunes?
Las estrategias de control del orden público
Un manual de Carabineros de Chile señala que “la principal labor de Carabineros de Chile en cuanto a la libertad de reunión consiste en garantizar el derecho efectivo de todas las personas de reunirse sin permiso previo, de forma pacífica y sin armas, en espacios públicos”. En ese sentido, la principal causa de disturbio del orden es la comisión de delitos. Incendios, saqueos y otros delitos debieran ser, por lo tanto, la prioridad, en cuanto a estrategia de control.
Este criterio es, de hecho, un estándar internacional. En un acuerdo adoptado por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución No. 34/169, del 17 de diciembre de 1979, se señala que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”.
En Perú, por ejemplo, las normas señalan una gradualidad en la estrategia para el control de disturbios y siempre se debe partir por evitar la comisión de delitos y faltas, y después, sólo después, intervenir en otras alteraciones del orden público. Lo que sigue después de controlar el orden público es (y también está definido por normas internacionales) es auxiliar a los accidentados o afectados por su accionar.
Enfrentar aquello, por cierto, requiere de entrenamiento y estabilidad emocional. En Argentina, los policías que se dedican al control de disturbios deben pasar por un curso de especialización de 110 horas cronológicas, equivalente a un diplomado universitario. Una formación mínima así salvaría lo primero, para adquirir criterio en la toma de decisiones. Para lo segundo, se requiere no estar en permanente estrés. En el Manual de Carabineros se define ese estado como de “Pánico”, y afirma que “los efectivos policiales no están preparados para enfrentar solos situaciones dilatadas y deben solicitar colaboración anticipadamente, porque en este estado se producen fallas en la percepción y no se pueden adoptar decisiones adecuadas”.
La estrategia de control del orden público parece estado mal manejada, visto lo anterior. Da la impresión de que se ha desplegado más fuerza (sobre todo en las semanas inmediatamente posteriores al 18 de octubre) en las manifestaciones que en prevenir o controlar los disturbios en supermercados, centros comerciales o bancos. Es llamativo en ese sentido el incendio en el mall de Quilicura, cuya convocatoria había sido hecha a través de redes sociales, pero donde no hubo presencia policial para evitar la destrucción.
¿A quién le conviene este caos social?
En enero de este año la ciudad brasileña de Fortaleza se paralizó debido a disturbios organizados por bandas provenientes del narcotráfico. Se quemaron buses y oficinas públicas y hubo estallidos de violencia en las calles que tuvieron a esa urbe de 4 millones de habitantes sin actividad por más de una semana.
El caos genera la posibilidad de control territorial por parte del crimen organizado, ante la ausencia de policías. El concepto, de acuerdo con el Ministerio Público en su Observatorio de Drogas, es el de “barrios tomados”. “Entendemos que cuando se habla de un barrio “tomado” por el narcotráfico, se está aludiendo a un sector urbano dónde la presencia del Estado se ha debilitado de tal forma, que sus instituciones ya no son capaces de evitar la acción del narcotráfico, y sus cuerpos policiales han perdido la capacidad de disuadir a los delincuentes de la comisión de un delito, es decir, la presencia policial no es suficiente para evitar que los narcotraficantes realicen su actividad ilícita”.
De acuerdo con el académico Joaquín Villalobos, “en el momento en que se vuelve riesgoso para la fuerza del Estado mantener su presencia en ese terreno, es posible que éste decida replegarse y operar mediante incursiones esporádicas que serán cada vez menos efectivas por ausencia de información. Al llegar a ese punto, el Estado habrá perdido la batalla por el territorio y los criminales o los rebeldes habrán logrado su dominio, con lo cual podrán reproducirse, fortalecerse y expandirse. Las incursiones no sirven para recuperar territorio, éste sólo se recupera cuando la fuerza se establece de forma permanente”.
“El crimen organizado avanza más rápido que nuestras capacidades como país para perseguirlo. Por falta de coordinación estamos permitiendo que Chile sea una plataforma para la entrada de droga. Lo digo responsablemente: estamos atrasados”, alertaba en agosto de 2018 el director de la Unidad de Drogas del Ministerio Público, el fiscal Luis Toledo, a CIPER.
La estrategia, por ello, parece evidente: aprovechar la movilización social y sus legítimas demandas para generar focos de violencia que mantengan en estado de alerta permanente a las policías y despejar zonas donde puedan operar con tranquilidad y, al mismo tiempo, extender sus operaciones a zonas céntricas donde la acción policial están concentrada en las manifestaciones.
En México, el control territorial logrado gracias a la violencia y el caos, amén de la incapacidad del Estado para poner freno a ello, llevó a que zonas como Sinaloa quedaran virtualmente bajo el mando del narcotráfico, al punto que cuando se quiso detener al hijo del Chapo Guzmán, las mismas fuerzas policiales debieron liberarlo por el nivel de intimidación del crimen organizado.
Se requiere un cambio de estrategia urgente. Es vital (y esta palabra dejó de ser un eufemismo para pasar a tener ahora un sentido literal) que nuestras policías recuperen el control del territorio y aseguren el orden público dando seguridad primero frente a los delitos.
