Por Samuel Fernández.- La toma del Capitolio y los desmanes de hace dos años se han mantenido muy presentes en Estados Unidos, y traído consecuencias para Donald Trump y los republicanos. El Presidente Biden, por su parte, igualmente ha sabido sacarle el rédito político respectivo. Es lógico, pues constituyen hechos sumamente graves, en cualquier circunstancia, para cualquier país, y mucho más si ocurren en democracia. Siendo tan inusuales y con consecuencias comprobables, sumado al repudio generalizado, salvo de incondicionales, parecían no repetibles, o al menos, podrían haber sido advertidos oportunamente.
No ha sido así en Brasil. Tienen similitudes evidentes, aunque no sean idénticos. No obstante, sus efectos institucionales y también políticos, probablemente serán los mismos, por su enorme riesgo potencial.
Muchas señales lo presagiaban como las tomas de carreteras, actos contestatarios, prescindencia del Presidente saliente Bolsonaro, el no reconocimiento explícito al Presidente Lula elegido, manifestaciones toleradas, si no incitadas, mientras todavía gobernaba un largo período de traspaso del poder. Un silencio deliberado ante estos acontecimientos. No los alentaba, pero tampoco se oponía, para intentar preservar los apoyos de una elección ajustada, frente a un cambio ideológico significativo, pero que no obtuvo Gobernaciones Federales importantes, y un Parlamento sin mayorías definidas, fragmentado, y atento a lo que pueda obtener del nuevo Gobierno. Pero, de ahí a la ocupación simultánea por la fuerza, de las sedes de todos los Poderes Institucionales, y actos en otros Estados, sin la adecuada información, ni el debido control policial preventivo, para incitar un levantamiento militar que derrocara al legítimo Presidente, a días de su asunción, es inquietante.
Demuestra que la institucionalidad democrática puede verse superada por la acción de masas decididas, así sea, violentamente. Fue inesperado en Estados Unidos, aunque no tan extraño en nuestra región y en otras latitudes. Son movimientos que se materializan por su número y determinación y que pueden comprometer muchas vidas. No ocurrió en Brasil, y se ha actuado con prudencia y efectividad, pese a las falencias del inicio. La tarea de recomponer una sociedad dividida y dispuesta a demostrarlo, será desafiante, en lo interno con sanciones efectivas, como en el exterior por los organismos competentes. Resulta muy necesaria, pues podrían ser hechos contagiosos y atentatorios a la democracia, la institucionalidad, y la ley, donde quiera que ocurran.
Samuel Fernández es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central
