Por Joanna Pérez y Carlos Alvear.- La propuesta constitucional rechazada en las urnas el 4 de septiembre por el 62% de la ciudadanía contenía ciertos pilares que la constituían en una constitución ideologizada.
Una constitución que abdicaba del principio de igualdad ante la ley, aquel sobre el cual se cimentó la construcción de la República de Chile desde O’Higgins, Carrera y Freire, principio que fue inspirado por la triada de la Revolución Francesa -libertad, igualdad y fraternidad-, esa misma sobre la cual se edificó la posterior doctrina de los derechos humanos. Esa propuesta alteraba el principio de universalidad, que es aquel donde todos compartimos una misma condición que nos convoca, a través de la cual se construye y organiza la vida común en las sociedades modernas. ¿Como destruía este principio? Al fragmentar el país en múltiples identidades, porque el resultado final no sólo tenía un énfasis cultural y simbólico, sino que daba paso una nueva hegemonía que se articulaba a través de determinados enclaves.
Nos querían dividir por origen, color, preferencia sexual, capacidades, alterando el principio de igualdad, haciendo verbo en normas constitucionales aquello que Ernesto Laclau planteara cuando hablaba de dislocar la sociedad a través de crear múltiples centros de poder, algo así como lo que inspiraba la norma del artículo 114 Nº3 de la propuesta, que permitía -sin requisito previo- a todo aquel que se autoidentificara con alguno de los pueblos y naciones indígenas del país “exigir” (no solicitar, exigir) que esta pertenencia a un pueblo quedara consignada en cualquier documento oficial de identificación, aun cuando estuviésemos hablando de pueblos originarios ya extintos como la Yaghan o Selk’nam.
De hecho una de las varias críticas realizadas a Laclau y Mouffe cuando escribieron Hegemonía y estrategia socialista, fue que este no consideraba el principio de universalidad puesto que lo erosionaba en su estatus fundacional. Se pretendió instalar una lógica interseccional que fracturaba la igualdad, y así el concepto de bien común, entre las demandas e intereses particulares de varios grupos, se disgregaría y evaporaría debido a que las demandas focalizadas tendrían mayor consideración en relación a las demandas generales de la ciudadanía. Esa lógica interseccional quebraba el país. Los resultados del plebiscito de entrada y la posterior elección de convencionales hicieron que algunos de estos actuaran con soberbia, los grupos indígenas negociaron con las ecofeministas; daba lo mismo si, producto de este sistema judicial diferenciado, los niños y niñas (así como las mujeres indígenas) se podían ver afectados por el pluralismo jurídico. Tenían los dos tercios y lo hicieron sentir; tanto, que se hicieron una constitución llena de particularismos, con una priorización de la agendas étnicas y de género.
Pero si finalmente hablamos de responsabilidad, tenemos la ceguera del Partido Comunista y el Frente Amplio, que eran las únicas fuerzas políticas con capacidad de articulación en la Convención Constitucional, y ya sabemos el resultado de la redacción fallida.
Hace unos días fue entrevistado en el diario La Segunda, Pablo Iglesias, fundador y líder de “Unidos Podemos” en España, quien señaló que “Chile ha sido el gran laboratorio político para la izquierda”. Esta afirmación ratifica que la propuesta rechazada tenía un fuerte componente ideológico, Gramciano, porque buscaba deconstruir la identidad nacional; no sólo buscaba la hegemonía de unos sobre otros, sino que además instalaba la lógica del antagonismo (para existir, debo negar al otro, y viceversa). Fuimos parte de un verdadero experimento social que formaba parte de un proyecto político de la izquierda refundacional. Tenemos una carta de 200 líderes y figuras internacionales de la izquierda que nos instaban a aprobar ese texto, pero ellos no conocen Chile. Ese texto tenía muy pocas posibilidades para que los mínimos derechos sociales fuesen viables con esa estructura y lógica excluyente, en un contexto actual de crisis migratoria, de crisis del concepto de autoridad, donde la ley se acata pero no se cumple, con instalación de bandas del crimen organizado en territorio nacional, aumento de la tasa de homicidios, la violencia en la Araucanía que día a día crece -la cual se va acercando nada vez más a la zona central- o el ecoterrorismo… sólo por nombrar algunos.
Esa propuesta fue rechazada por una amplia mayoría que no se vio representada por normas que nos fragmentaban como país. La derrota del apruebo, no solo es un derrota electoral sino que también una derrota ideológica, también es la derrota de Pablo Iglesias de Juntas Podemos. Esa propuesta ideologizada nos hizo perder una oportunidad de tener una buena y nueva Constitución para Chile.
En este contexto ideologizado que promueve la agenda refundacional de la izquierda Frente Amplista no se entiende el loco afán de la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana por no hacer una revisión crítica de la errada decisión de apoyar el apruebo. Incluso en su oportunidad postulaban aprobar sin reformar. ¿Será que el 62% del electorado estaba equivocado? ¿Será entonces que la directiva actual de Aldo Mardones y Yasna Provoste son quienes tienen la razón? Esa misma directiva nunca quiso recibir al único convencional Demócrata Cristiano. ¿Serán capaces de hacer un mea culpa por no haber sabido interpretar el Chile real? Por lo tanto, si no tienen un diagnóstico honesto de la derrota, ¿tendrán la sintonía que se necesita para saber interpretar el 62% que rechazó?
¿Entenderá la actual directiva que apoyaron un mal texto? Lo cierto es que el presidente interino nunca supo que la discusión del texto era fundamentalmente ideológica, porque nunca dieron el espacio para la discusión interna. Simplemente entraron en la lógica de todo o nada: o la Constitución de Pinochet (que tiene cerca de 285 reformas) o la constitución plurinacional promovida por una elite prejuiciosa con la clase media a quienes hostigan constantemente como aspiracionales, contra sectores populares a quienes tildan despectivamente como fachos pobres, una elite formada en colegios privados, porque ellos, y nadie más que ellos, son los elegidos para señalar qué es lo mejor para Chile y las familias.
La propuesta rechazada el 4 de septiembre fragmentaba el país para generar nichos electorales con cada uno de estos grupos identitarios, y con ello asegurar un porcentaje en cada grupo, los cuales les darían la posibilidad de construir una hegemonía.
En ese contexto, sin autocrítica y con nula capacidad de diálogo para tender puentes por la unidad interna, la actual directiva de Aldo Mardones y Yasna Provoste ha nombrado al senador Huenchumilla como representante de la DC en el diálogo constituyente, junto a una comisión de profesionales, entre los cuales hay rostros del apruebo, como el abogado Javier Couso y Tomás Jordán, quienes -junto al senador- avalaron la plurinacionalidad tal como estaba propuesta, léase el artículo 114 Nº3, no siendo capaces de articularse con los demás parlamentarios, ni con los jefes de bancada que fueron quienes jugaron un rol preponderante a la hora de escuchar e interpretar a la ciudadanía que se pronunció mayoritariamente por el rechazo. Así, se pasa deliberadamente por sobre la jefa de bancada de senadores DC Ximena Rincón que fue quién articuló este segundo momento constitucional, a través de la reforma de los 4/7 que modificó los quórums junto al senador Walker, reforma que hoy es garantía para el proceso constituyente.
Varios piden sanciones para los líderes del rechazo, pero olvidan que están prohibidas las ordenes de partido y afortunadamente existe la libertad de conciencia y la libertad de expresión, que fue la que permitió que se alzaran voces para llamar a votar rechazo.
Este nombramiento sólo busca anular el liderazgo de la disidencia dentro del partido, de excluirlos como interlocutores válidos en el Congreso. La carta del presidente Aldo Mardones dirigida a la militancia sólo habla de generalidades y no es capaz de hacer una autocrítica. Después de todo, la tesis del apruebo fue derrotada electoral e ideológicamente. Parece que nunca se dieron por enterados.
Ahora se suscribe un documento, un verdadero compromiso con el Frente Amplio, el PC, y el Socialismo democrático, replicando la misma lógica, sin hacer una autocrítica, queriendo asumir un contra liderazgo, apropiándose del nombre de la centro izquierda que fue la que llamó a votar por el rechazo, esta acción busca confundir a la opinión pública.
Es hora de que esta directiva de un paso al costado. Somos un partido político, no un club deportivo donde la directiva se pelea por el tiempo que le resta para concluir su mandato, mientras se lleva las pelotas y las camisetas para la casa para efectos de que nadie, sino ellos, jueguen el partido. Ese partido es el más importante de todos, el partido de Chile por la Justicia social, por hacer realmente viable un Estado Social y Democrático de Derecho, a través de una buena Constitución que nos interprete a todos.
La tesis del apruebo fracasó y la falta de autocrítica es simplemente evadir la realidad, por eso es que el punto de prensa del senador Huenchumilla con Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático anunciando un acuerdo es disociar el resultado electoral del 62% del electorado que no quiso una propuesta Constitucional ideologizada.
Joanna Pérez es Diputada y Carlos Alvear es abogado y ex Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos