Por Carlos Alvear Pareja.- Renunciar a la Democracia Cristiana no me fue fácil, quizá porque siempre mantuve un poco de esperanza en que el sentido común en algún momento llevaría a ponerse de acuerdo y buscar vías de solución para la crisis. Pero esto no se trata de fanatismos: se trata de política, esa misma por la cual entré a militar con diecisiete años mientras estudiaba en el Liceo de Aplicación.
Siempre entendí la política como una expresión de servicio al prójimo, una expresión de servicio al bien común como cristiano en política. Estuve cuatro horas frente a la página web del SERVEL, en la duda sobre si apretaba o no apretaba “enter” para enviar mi renuncia al sistema.
Fue un hecho público y notorio que, ante el llamado de los ex Presidentes de la Democracia Cristiana para que la Junta Nacional del partido se autoconvocara, estaban puestas las esperanzas de la mayoría de la militancia para que se debatiera sobre los destinos del país y la crisis partidaria. Esa salida que muchos vimos con esperanza se vio truncada con la decisión de un tribunal supremo caducado desde julio de este año.
En esos términos se llega a una Junta Nacional virtual de este fin de semana, donde por todos los medios se buscó evitar una discusión fraterna, pero presencial, excluyendo a varios camaradas de participar en la elección del Consejo Nacional, es decir, se eligen cargos sin las garantías que un proceso democrático interno requiere para salir de esta crisis, y de un momento a otro, los miembros de este Tribunal Supremo se transformaron en juez y parte, como candidatos, total falta de pudor, privando de una discusión presencial, excluyendo a varios camaradas competidores de la disidencia al Consejo Nacional por secretaría, tribunal que ha demostrado actuar arbitrariamente como instrumento de una acción claramente política. La crisis del Partido Demócrata Cristiano es sólo una manifestación de una crisis de descomposición de nuestro sistema político. Este era el momento para analizar presencialmente, cara a cara, permitiendo el diálogo y el entendimiento.
Sin embargo, la directiva nacional -hasta el 11 de noviembre- se valió de una serie de argucias para evitar la discusión de fondo, a través de un Tribunal Supremo que debió ser renovado a través de elecciones conforme a la ley 20.915, evitando por secretaria que los delegados autoconvocados pidieran explicaciones luego de un resultado electoral, a través de un debate sano, de cara al país.
Luego, se evita nuevamente el debate de la cuenta pública de la mesa nacional y su posible rechazo con la renuncia estratégica de la senadora Provoste a la mesa nacional, el presidente interino cede su cargo y se integra al camarada Alberto Undurraga como presidente nacional, y así una vez más se evita discutir el fondo.
Una lectura errónea genera diagnósticos errados, y un diagnóstico errado en política no lo pagan los políticos, lo paga el pueblo de Chile.
Es la hora de ir al fondo: hace un mes, en octubre, la mesa nacional nombró al senador Huenchumilla para encabezar las conversaciones para el nuevo proceso constitucional, post plebiscito, y se saltó a la jefa de bancada de senadores del partido, en ese entonces Ximena Rincón. Lamentablemente nunca se escuchó al senador Huenchumilla o senadora Provoste hacer una autocrítica sobre la forma en que quedó redactara la propuesta constitucional sobre plurinacionalidad que ellos tanto defendieron y cómo esto afectaba al país en un contexto de crisis política, social, económica, de seguridad, etc.
Es importante hacer un poco de memoria
La propuesta constitucional que rechazó el 62% de la población abdicaba del principio de igualdad ante la ley, principio sobre el cual se fundó la República de Chile, la misma que concurrieran a construir Carrera, O’Higgins, Freire, y mujeres como Javiera Carrera, inspirados por la tríada de la Revolución Francesa de la libertad, igualdad y fraternidad, sobre la cual se cimentó la posterior doctrina de los derechos humanos.
En la lucha entre la libertad y la igualdad, algunos olvidaron el principio de la fraternidad como categoría política.
La propuesta contenía normas cuyo diseño hacían peligrar la integridad y eficiencia del Estado. Se instaló la plurinacionalidad como piedra angular del debate constitucional, sin que esta idea haya figurado nunca dentro de las reivindicaciones pacíficas de octubre de 2019.
Se buscó alterar el principio de la universalidad, ese que se funda en una condición común que es la que nos convoca nuestra vida común, sobre la cual se construyeron las sociedades modernas.
Nos quisieron dividir por origen, preferencia sexual, color, capacidades, alterando así el principio de igualdad ante la ley, buscando instalar normas que eran funcionales a una agenda oculta, con normas que edificaban aquello que el filósofo argentino Ernesto Laclau postulaba cuando hablaba de dislocar la sociedad a través de la creación de múltiples centros de poder. Sí, el artículo 114 Nº3 de la propuesta que muchos camaradas decidimos rechazar enérgicamente en el acto el acto ritual más importante que tiene una democracia, a través del voto, establecía que “toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos y naciones indígenas del país.”
En el fondo este artículo señalaba que quien se hubiera autopercibido como de algún pueblo originario (aunque no fuese indígena) podía exigir (no solicitar, sino exigir) que en el carnet de identidad o en el pasaporte se acreditara con su sola declaración de voluntad su pertenencia a un pueblo o nación indígena. Esto, sin que mediara un requisito previo y, por lo tanto, se daba lugar a cierta discrecionalidad y arbitrariedad, que tendría aquella persona que se creyera o sintiera Yaghan, kaweskar o Selk’nam, aun cuando sabemos que estos pueblos están casi extintos. Así, probablemente, habríamos tenido personas con acceso a beneficios otorgados por secretaría, abriendo paso a una posible tentación populista. La tentación del bono estaba dando vueltas, no nos engañemos, no somos una sociedad de ángeles. Recordemos que el neo populismo basa su poder de impacto en la lógica del clientelismo.
Eso, sin perjuicio que el proyecto Constitucional propuesta además permitía crear nuevos pueblos originarios.
Esto se iba a prestar para injusticias. Hecha la ley, hecha la trampa. No quiero ni imaginar, qué habría pasado con algunos declarándose abiertamente Rapa Nui y pidiendo un trozo de tierra en la isla. Y los verdaderos pueblos originarios, ¿cómo habrían quedado en relación a esta nueva vía? ¿O en qué condición habrían quedado las mujeres y los niños y niñas con la justicia indígena? ¿Que habría pasado con la ley de garantías de la niñez de haberse aprobado dicha propuesta?
Qué decir del registro de pueblos afrodescendientes. Chile, en su época colonial, no tuvo afrodescendientes, porque fuimos una simple capitanía (traer esclavos era muy caro y los pocos que hubo cumplieron labores como capataces). Los pequeños grupos afrodescendientes que existen son parte de flujos migratorios posteriores; pero si ese fuese el criterio, bajo ese mismo argumento, hagamos otro registro con la colonia palestina, judía, croata, y así sucesivamente. Con la lógica de la torre de Babel no se construye un país.
Acá se quiso instalar, a través de determinadas normas, una lógica interseccional que iba a fracturar el principio de igualdad ante la ley, el cual cedería ante demandas e intereses de grupos particulares o -como señala filósofo francés Pierre Manent- una primacía de los derechos individuales por sobre el bien común, ese que ha momentos está ausente en la discusión pública. Esa lógica que iba a partir el país buscaba instalar la hegemonía de determinados grupos, por sobre el interés general. Así con esa nueva configuración, se abría un nuevo cuadro electoral, porque el PC Chileno ya no representa a los trabajadores y trabajadoras: la lógica era tener un porcentaje de cada grupo y así asegurar representación por cada grupo y, por separado en esta nueva lógica, construir una nueva hegemonía. Nos demoramos años en salir de los enclaves autoritarios del Pinochetismo y con esta política pendular estábamos prontos en quedar a merced de otros enclaves, pero ahora de la izquierda.
Se buscaba dar paso a un nuevo concepto de ciudadanía que nos habría fragmentado en múltiples identidades, generando una lógica de antagonismos, con fronteras simbólicas que nos dividirían entre chilenos.
Me pregunto, ¿hicimos esa reflexión como democracia cristiana?
Esa autopercepción que nos proponía la norma del artículo 114 Nº3 era simbólica del cambio que se quería instalar de la mano de un nuevo concepto de igualdad sustantiva, la cual tenía por objeto impartir justicia asimétrica para transformar así las estructuras.
Creo que es bueno traer a memoria que el líder y fundador de Juntos Podemos en España, el señor Pablo Iglesias, cuando fue entrevistado por el diario La Segunda días después del plebiscito de septiembre, afirmó que “Chile ha sido el gran laboratorio político para la izquierda”. Como decimos los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba. Fuimos parte de un experimento social, de un proyecto político de la izquierda refundacional, que golpeaba las bases de la fraternidad cívica, esa misma que ustedes han desconocido una y otra vez. Esa tesis fracasó, y nunca se tuvo el ánimo de discutirlo abiertamente. Más bien siempre se buscó evadirlo. Necesitamos un poco de verdad en la discusión pública, el 62% del electorado dijo rechazo a una propuesta que instalaba una lógica que nos dividía, en el caso del Alto Bío Bío, donde la población indígena alcanza el 84,20%, la opción rechazo obtuvo 70,75%.
Bajo esa propuesta constitucional, algunos militantes decidimos hacer uso de nuestra libertad de conciencia, de nuestra libertad de expresión, evitar que se fragmentara el Estado de Chile, y con ello las transformaciones que las chilenas y chilenos quieren.
Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad, y esto implica que en el contexto actual de crisis migratoria, aumento de la violencia y crisis de autoridad donde la tasa de homicidios ha aumentado en un 55%, donde la violencia en la Araucanía, el crimen organizado avanzan día a día, esa propuesta constitucional era irreal, era el diseño de un país imaginario.
La mesa del Partido Demócrata Cristiano y los senadores que la sustentaron nunca entendieron que lo que estaba presente en el proyecto rechazado el 4 de septiembre era parte propuesta ideologizada teñida de neo marxismo. No se trataba de la construcción de una gran casa común que sirviese para el reencuentro de Chile, esa propuesta instalaba la lógica de los antagonismos, esa lógica era contraria al humanismo cristiano.
Con pesar vimos cómo la directiva del partido no fue capaz de defender a Sergio Micco por la querella criminal interpuesta en su contra por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la misma comisión que en 1978 en la hora más oscura de la noche fundara el maestro Jaime Castillo Velasco. Simplemente el presidente interino se parapetó en el argumento de que Micco ya no era militante, el mismo que fue el encargado del Congreso Ideológico del partido hasta que fue nombrado director del INDH.
Chile está en una crisis de sus instituciones democráticas, una crisis de credibilidad. Las instituciones tradicionales como Ejercito, Carabineros, la Iglesia Católica (no es una institución del estado pero si una institución presente desde antes de la fundación del Estado de Chile) o el Ministerio Público están cuestionadas al igual que los partidos, ese cuestionamiento no es gratuito. Es parte de un proceso de descomposición.
El daño que el financiamiento ilegal de la política con PENTA y particularmente en los partidos de la ex concertación hizo SQM, es inversamente proporcional a la crisis y el nivel de impunidad que le hizo sentir a la ciudadanía. La dignidad reclamada en octubre de 2019 no solo decía relación con una vida digna, sino que una misma dignidad, porque en una democracia lo básico es que todos somos iguales ante la ley, y no existen tratamientos especiales.
Mientras los partidos tradicionales no hagan una revisión de cara la ciudadanía (algo que creo ya no ocurrió), sin hacer actos reales, se van a seguir escondiendo en el poder, ya sea con el poco o mucho poder que logren acaparar, no les interesa afrontar la crisis.
Mientras los partidos Socialista, PPD y radicales lograron zafar de este escándalo ingresando al gobierno (y, de paso, desconociendo las mismas primarias en que ellos participaron) generando una paradoja porque lo único que interesa es el poder por el poder. Pero mientras su presencia en el gobierno ha sido elemento de sensatez política ante los desvaríos de Apruebo Dignidad, la DC tuvo su última oportunidad de salir a flote cuando tocamos fondo en la última elección donde se obtuvo un 5%. Ahí se abrió una última ventana para enmendar, y el plebiscito del 4 de septiembre la última oportunidad de sintonizar con la ciudadanía.
Decidir ser oposición honesta y leal al gobierno del Frente Amplio era la oportunidad de trabajar en la rearticulación partidaria, la posibilidad de haber cuestionado la permanencia de personas como el ex senador Jorge Pizarro quien es un ladrillo más en este muro que la DC levantó contra la ciudadanía, generando más desapego y distancia con la política. Nadie quiso hacer nada, y así la posibilidad de re articular el centro político que en un escenario de creciente atomización de los partidos, fuese una luz de esperanza, se fue apagando. Pero esa acción esperada, se hizo agua entre las manos con un voluntarismo, una falta de capacidad para reflexionar sobre la crisis que afecta la República y sus instituciones, falta de realismo para asumir los errores a estas alturas, de falta de voluntad para conversar y entenderse, y sólo buscar anular al adversario. Una dirigencia nublada, que no ha sabido darle conducción a las bases y orientarla en el transito de la crisis que viven las democracias liberales, ese era el momento para enmendar, para ser unos correctos interpretes de lo que quería la ciudadanía, nuestro electorado, ese que como dijo Carlos Huneeus, “tuvo una paciencia sobrehumana con la DC”.
Carlos Javier Alvear Pareja es abogado y ex Secretario General de la Comisión Chilena de Derechos Humanos