Por Juan Medina Torres.- Alarma mundial provoca la decisión de Donald Trump, presidente de EEUU, de revocar el llamado «dictamen de peligro», dictado en 2009 por el Presidente Barak Obama, que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.
La decisión de Trump no considera que Estados Unidos es uno de los países más contaminantes del mundo, responsable de aproximadamente el 12% al 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, impulsado por el uso de combustibles fósiles, el transporte y la industria y desconoce el «Endangerment Finding» (Hallazgo de Peligro) que es una determinación científica y legal clave emitida por la EPA en 2009 (Agencia de Protección Ambiental de EEUU), que concluyó que los gases de efecto invernadero (GEI) amenazan la salud pública y el bienestar y sirve como base legal obligatoria bajo la Ley de Aire Limpio para regular emisiones de vehículos y plantas eléctricas.
Pero Trump defendió su medida diciendo que era «la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense» y asegurando que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores. “Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado», dijo Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.
Cabe mencionar que desde su retorno al poder en enero de 2025, Trump ha declarado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos. Asimismo, varias veces, ha condenado el uso de energías renovables como la solar o la eólica y ha cancelado varios proyectos de este tipo en Estados demócratas.
Los gases emitidos por los motores de combustión de vehículos, son: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆), los cuales, según diversos informes científicos, constituyen un riesgo para la salud humana y ambiental y actúan como potentes gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático.
Qué implica la anulación
Con la anulación del dictamen de peligro de 2009. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. pierde la capacidad legal para regular las emisiones de industrias y vehículos y frena normativas climáticas, permitiendo mayores emisiones. Es decir, el organismo cuya misión fundamental en Estados Unidos es proteger la salud humana y el medio ambiente, garantizando aire, agua y suelo limpios pierde su capacidad regulatoria. Se revierten así años de políticas destinadas a reducir la contaminación y contrarrestar el calentamiento global
Además, la anulación del dictamen sobre gases de efecto invernadero, tendrá sin duda, un impacto ambiental y sanitario a nivel mundial. El aumento de los gases de efecto invernadero, intensificaran el cambio climático, provocando, el aumento de fenómenos extremos, deshielo y riesgos graves para la salud humana.
Política de la negación
La postura negacionista de la política ambiental del gobierno de Trump, tiene como base maximizar la producción de combustibles fósiles, reducir las regulaciones ambientales, eliminar normas federales, fomentar la minería con permisos de perforación en tierras protegidas y desmantelar políticas de energía limpia. Por ello:
En definitiva, las medidas medioambientales del gobierno de Trump son un regreso de políticas que priorizan los combustibles fósiles, reabriendo un debate que parecía superado en Estados Unidos y ha encendido alertas en múltiples sectores.
Según The Guardian y The Washington Post, la política ambiental de Trump ha generado inquietud a nivel mundial, mientras jueces, académicos, expertos en energía y líderes demócratas en Estados Unidos, cuestionan el modelo que, lejos de reducir costos profundiza la crisis climática. Asimismo, señalan que el proceso enfrentará posibles desafíos legales, ya que tribunales y asesores han observado debilidades en la justificación científica y legal de la norma.
Germán Poveda Jaramillo, profesor titular e investigador de la Universidad Nacional de Colombia dice que: “Hay varias razones para calificar a Trum de negacionista en política medioambiental.
Al asumir su segundo mandato, Trump declaró una emergencia energética nacional, alentando la extracción de petróleo y gas, declarando: “drill, baby, drill”, que equivale a “perfora, nena, perfora”. Realizó despidos masivos en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), y en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), entre otras entidades y agencias.
Pero ha dado un paso más, el Departamento de Energía (DOE), publicó el pasado 25 de julio del año pasado, un informe que niega los riesgos de la actual crisis climática y argumenta que el cambio climático «parece ser menos perjudicial económicamente de lo que se cree comúnmente» y que «las estrategias de mitigación agresivas podrían ser más perjudiciales que beneficiosas» y agrega que: «las estrategias de mitigación agresivas podrían ser más perjudiciales que beneficiosas». Este informe fue realizado en tan solo dos meses por cinco investigadores, todos ellos reconocidos negacionistas climáticos, seleccionados por el secretario de Energía, Chris Wright, quien a su vez es un escéptico del cambio climático.
Es digno consignar que todas las medidas medioambientales adoptadas por Trump eran parte de su programa de gobierno, preparado desde el año 2020 y publicado por la Fundación Heritage, con propuestas específicas para la EPA, solicitando «un sistema, con un plazo adecuado, para actualizar la determinación de peligro de 2009». Uno de los colaboradores del capítulo de la EPA es Aaron Szabo, actualmente administrador adjunto de esta agencia.
Lo que ha dicho la CIJ
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, emitió el 23 de julio del año pasado, una opinión consultiva calificando el cambio climático como un “riesgo universal existencial” causado inequívocamente por actividades humanas, y estableciendo que los Estados tienen el deber legal de prevenirlo.
Su presidente, Yuji Iwasawa, destacó que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen efectos transfronterizos, y que el impacto del cambio climático —severo y de gran alcance— afecta a ecosistemas y poblaciones humanas, subrayando así la amenaza urgente que representa.
La opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas en abril de 2023, concluyó que el derecho internacional —tanto consuetudinario como tratado— obliga a los Estados a tomar medidas “apropiadas, consistentes, rápidas y sostenibles” para reducir sus emisiones y evitar daños significativos al medio ambiente y al sistema climático.
CONCLUSION
Considerando el ideario político económico de Trump es licito pensar que aumentará su apoyo a la industria de los combustibles fósiles, haciéndole mucho daño al planeta” desconociendo todos los tratados internacionales al respecto, los estudios científicos y la legislación de su propio país.
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