Segunda ola de COVID-19 y políticas sociales: El Estado no puede abandonar otra vez a las personas

Por Diego Durán Toledo[1].- Las cifras entregadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) el pasado 25 de diciembre, indican que, en un lapso de 24 horas, se registraron un total de 2.520 casos a nivel nacional de personas contagiadas de COVID-19, lo cual representa el número más alto desde julio del presente año.

Si bien el ministro Paris ha señalado que el país no vive una segunda ola de contagios de la pandemia, las cifras de contagio, las medidas tomadas en los grandes centros urbanos como la región Metropolitana y de Valparaíso de retroceso en el plan “Paso a paso” y las propias proyecciones emanadas desde el MINSAL, indican que prontamente la mayoría de la población a nivel nacional se encontrará con medidas restrictivas de confinamiento absoluto y un recrudecimiento de la situación sanitaria, durante el mes de enero de 2021.

Ante este escenario, se hace necesario replantear la situación de las políticas públicas en materia social, implementadas por el Estado, para apoyar a la población debido a los impactos económicos asociados a la pandemia.

En general, se aprecia que las políticas del gobierno siguen respondiendo a una focalización de beneficios sociales en los grupos más vulnerables a nivel nacional, principalmente a través de la entrega de aportes directos, que están condicionados no solo a la calificación del Registro Social de Hogares (RSH), sino que también a sistemas de protección social de los cuales. Pero si bien son integrados por un número de familias, se omite a un porcentaje importante de personas que no eran beneficiarias de los mismos y cuya situación económica a raíz de la pandemia se volvió deficitaria cayendo bajo la línea de la pobreza multidimensional, que no pueden acceder a estos beneficios al no ser parte con anterioridad de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, dentro del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

En específico, lo anterior se hace patente fundamentalmente en el llamado “Bono Covid”, donde es prerrequisito de la pertenencia a grupos inferiores al 60% de la población a los sistemas sociales, sin considerar la variación de la situación económica en los últimos meses de un sinfín de familias que no calificarían a estos beneficios, a pesar de la considerable disminución de ingresos.

Por otra parte, el Ingreso Familiar de Emergencia, si bien respondía a una política focalizada de transferencias monetarias directas a sectores sociales con dificultades socioeconómicas asociadas al COVID-19 y que ampliaba el grupo de beneficiarios considerando elementos surgidos a raíz de la crisis económica, su interrupción en el mes de noviembre ha generado efectos considerables en un número importante de familias, que aún no se recuperan de los elementos vinculados con la crisis económica y pérdida de empleos que ha dejado la pandemia.

Sobre el programa de “Alimentos para Chile”, la gestión del mismo ha sido ampliamente cuestionada por distintos sectores de la sociedad. Si bien efectivamente se han entregado las raciones de alimentos, esto supone una carga laboral sobre los municipios que no siempre contaron con el personal suficiente para llevar oportunamente los alimentos a las personas, y además de cuestionamientos no solo a la confección de las cajas de alimentos que correspondían a un paquete estandarizado, sin considerar las necesidades o particularidades de cada uno de los hogares, sino que también por convertirse en un negocio para las grandes cadenas, en vez de generar procesos de economía a menor escala en los lugares donde se vivía profundamente la crisis social, como una forma de dinamizar desde los espacios locales el crecimiento económico.

Y como corolario de la mala administración de las políticas sociales efectuada por la administración Piñera, son aquellas dirigidas principalmente hacia la clase media, tales como el “Bono clase media” que contó no solamente con errores informáticos en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, sino que también con un diseño de política pública deficiente al momento de determinar realmente la población objetivo y también comunicacionalmente, siendo entendida por parte de la población como un beneficio universal, cuando en realidad su alcance estaba focalizado a elementos restrictivos de la reducción del ingreso.

Para qué decir la política del crédito COVID para la clase media, que representa una forma soterrada de endeudamiento ante una situación de crisis económica, a un sector social que ya presentaba antes de la pandemia altísimas cifras de morosidad.

En síntesis, si se analizan detalladamente las políticas sociales desarrolladas para sortear la crisis del Coronavirus, se apreciarán las limitaciones asociadas a su alcance, pero también evidentes problemas en su diseño y sentido en relación con la población objetivo.

A su vez, no se aprecian políticas públicas que reconozcan que transversalmente la pandemia ha sido un mal que ha afectado a todos los sectores sociales a nivel nacional, siendo la única medida de este tipo el retiro de fondo de pensiones, que si bien es cierto representa una descapitalización importante de los dineros asociados a la vejez de las personas -constituyéndose en un ejemplo de la frase “pan para hoy y hambre para mañana”-, también es posible argumentar que para llegar al mañana, hay que sobrevivir el hoy. Para muchas familias el retiro del 10% de sus ahorros previsionales -incluso pese a las palabras de la ministra Zaldívar- no fue usado para televisores plasma sino, en su mayoría, para la satisfacción de elementos de primera necesidad en materia de comida, servicios básicos y salud, como a su vez al pago de deudas.

El Estado de Chile, debe enfrentar esta segunda ola de la pandemia desde una perspectiva distintas en materias de políticas de auxilio social, desarrollando programas de carácter universal para la población en materias de transferencias monetarias, reducción de la deuda familiar a través de la condonación de cuentas de servicios básicos, reforzar las políticas de generación de empleos a cargo del Fisco (en este sentido se valora positivamente los incentivos de contratación, pero se extrañan la generación directa de una mayor cantidad de puestos de trabajo) y facilitando las condiciones de las pequeñas y medianas no solo tengan acceso elementos crediticios como el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), sino que también mediante la condonación de elementos tributarios en el corto plazo.

Cabe señalar que todo lo anterior, obviamente, debe ir acompañado de una carga tributaria que sea mayor para el conjunto de la población, pero que a su vez sea de carácter progresivo en los porcentajes de recaudación hacia los sectores más acomodados, grandes empresas y fortunas en suelo nacional, con los consiguientes efectos en el corto plazo en la reducción del crecimiento económico e inversión. También significaría la prevención de males mayores en el largo plazo, asociados al aumento exponencial de los índices de pobreza.

En un escenario donde antes y durante esta pandemia el país vive una de las mayores crisis políticas desde el regreso de la democracia, con la figura presidencial con índices de aprobación por los suelos, con denuncias de violaciones a derechos humanos por múltiples organizaciones sobre el actuar de la policía chilena en el contexto de la protesta social post 18 de octubre de 2019 y con un proceso constituyente que hasta el minuto tienen más dudas que certeza, que el Estado chileno no responda en tiempo y forma a las problemáticas que se generen en la población a raíz de una posible segunda ola, generaría un cóctel perfecto para la desestabilización de la gobernabilidad democrática.

En síntesis, la administración pública y sus autoridades, deben aprender de sus errores en materias de políticas sociales para aplacar los efectos de la pandemia, el no hacerlo y dejar nuevamente a las personas a la deriva, puede desencadenar en una serie de acontecimientos que pongan en jaque la continuidad de la actual administración.