Por Camila Castillo Guerrero.- La construcción de la nueva Constitución no solo representa el Chile que renace, ese que volvemos a pensar en conjunto a partir de las particularidades de nuestros grupos, como también aquello que nos une. Es un momento histórico para lograr una verdadera regionalización a partir de la descentralización del poder. Desde la mirada de la actual Constitución la regionalización de nuestro país no tiene relación con la descentralización. En efecto, la regionalización fue más bien diseñada para facilitar la administración y seguridad nacional, por tanto, las regiones desde su creación han sido pensadas con escasas atribuciones políticas, administrativas y fiscales.
Pero, ¿cómo nos gobernamos actualmente en Chile? Hasta ahora lo que tenemos es un Estado Unitario, hay un solo pueblo soberano, con un gobierno centralizado. En el otro extremo a nivel global podemos encontrar los estados federales, como ocurre en Estados Unidos o Argentina, que reconocen independencia territorial, a través de leyes locales, aunque sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del poder federal central. Pero hay una posición intermedia, que es el denominado Estado Autonómico, como el que rige en España, que nos permitiría contar con autonomía política y administrativa en las regiones, para convertirnos en una estructura eficiente de nuestra gobernanza territorial, que al mismo tiempo contribuya a la cohesión y solidaridad entre los distintos territorios, y que su finalidad no sea el poder de los partidos políticos o de los grupos económicos, sino la atención y el servicio a los ciudadanos.
Si visualizamos lo que tenemos hoy, los intendentes regionales -por ejemplo- responden a los gobiernos de turno y ejecutan las prioridades de inversión definidas desde el nivel central. Es precisamente eso lo que cambia con la elección de los gobernadores regionales, quienes no tendrán que priorizar las agendas centralizadas, es decir, ya no tendremos que pedirle permiso al gobierno central para priorizar los recursos que se invertirán en la región y que, además, son de nuestra región, y sin embargo no se quedan en la zona.
Si bien hemos avanzado hasta el momento, en la descentralización político-electoral, que con la elección de gobernadores regionales implica casi la totalidad de las autoridades locales elegidas y no designadas, también sumaremos la descentralización administrativa a partir del traspaso de una parte de las decisiones de inversión territorial y competencias de algunos servicios públicos.
Para ir en armonía con este avance, la nueva Constitución debe garantizar la autonomía de cada región, pasar de ser un Estado unitario centralizado, que nos recuerda la tristemente célebre frase “Santiago es Chile”, a uno que transfiera reales facultades a los territorios, para garantizar que los recursos producidos por la región se queden en ella y que nuestras propias autoridades electas sean quienes definan las prioridades en base a las necesidades locales que evidentemente, conocen mucho mejor.
Pero estos avances aún mantienen la mesa coja, porque precisamente para que los recursos que la región produce se queden en las regiones, nos falta una ‘tercera pata’, la autonomía fiscal, a través de los Tributos Regionales, tema constitucional que se debería instalar en el debate convencional. Es el gobierno central el que define cómo, cuándo y dónde se reparte la torta, por lo que suena a lo menos desigual que -entre muchos ejemplos- las empresas instaladas en determinados territorios paguen sus tributos centralizadamente y no en la región desde dónde producen.
Sin duda hablamos de un tema complejo, porque quienes arguyen en contrario recuerdan que existen territorios que producen menos y en consecuencia tienen más pobreza, respecto de aquellos que generan mayores matrices productivas. Pero es ahí precisamente donde surge la importancia del aporte basal de parte del gobierno central, para darle equidad al reparto de recursos en las regiones, sin dejar de lado la retribución fiscal que merecen las particulares riquezas en cada uno de los territorios. La nueva Constitución, sin duda, reconocerá en el debate constituyente que es el momento de las regiones.
Camila Castillo G. es abogada iquiqueña y feminista
