ElPensador.io.- La muerte del capitán de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo, como consecuencia de torturas, vuelve a dejar en evidencia que las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro son pan de cada día. Y eso que hace pocos días había dejado Caracas la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras dos días de entrevistas y compromisos.
El caso del capitán Acosta fue relatado por la abogada Tamara Suju a través de Twitter: “(El 25 de junio) llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Le pedía ponerse en pie, pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado al hospitalito y falleció a la 1 de la mañana del 26 de junio. El capitán habría confirmado asintiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), pero no podía casi gesticular palabras. Sólo decía auxilio, auxilio. Su estado era ya crítico”.
De acuerdo a Suju, ”la tortura no ha cesado, al contrario, se ha incrementado por el desespero de Maduro de que siente que pierde el control”.
En los primeros dos meses de este año, el instituto CASLA ha documentado 40 casos de tortura, dentro de los cuales se incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. De esos, al menos 8 han fallecido. Esta organización es un centro especializado en estudios de América Latina que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos al régimen de Maduro.
La misma opinión ha manifestado con anterioridad el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro: “La aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados”.
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Para Molly de la Sotta, la hermana de otro capitán torturado por el régimen de Maduro, es la Dirección General de Contrainteligencia Militar el principal centro de apremios ilegítimos, donde habría más de cien reos, entre ellos veinte militares de alto rango, aislados en sótanos sin ventilación, ni luz del sol.
Según la ONG Foro Penal, actualmente suman 859 personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela. El año pasado el instituto CASLA registró 106 casos de tortura. De ese total, 65 personas, el 61,3%, son militares. Pero la tendencia de este año parece superar esa cifra.
Un Informe de la OEA describe que en Venezuela “los atropellos van desde el empleo de tortura blanca y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general no reciben atención médica; tortura sexual; el someter a los detenidos a posiciones estresantes; las descargas eléctricas (incluso en los genitales); las quemaduras; el empleo de gas lacrimógeno; el dar comida podrida, o comida mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y, en algunos casos, el mantener a los detenidos sin comida ni agua. Por lo general, la tortura ocurre durante períodos prolongados y se repite a lo largo del tiempo. Entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes. Se observa el empleo sistemático de los mismos instrumentos y técnicas en las instalaciones de todo el país, lo que demuestra una política de atropellos”.