Por Gonzalo Martner.- Chile necesita tres nuevos pactos para superar la crisis.
Primero, es clave un nuevo pacto político. La salida democrática a la crisis es una asamblea constituyente a elegirse en 2020 que elabore una nueva constitución, de manera legal, institucional y plural, convocada por el actual Congreso.
Segundo, un nuevo pacto social debiera partir por:
– La revisión de las tarifas eléctricas, de transporte y de agua potable con una rentabilidad asegurada de no más de 5% a los operadores, con cambios iniciales de tarifas a partir de enero de 2020.
– La revisión del sistema de pensiones sacando a las AFP de las cotizaciones obligatorias, con un 7,5% de cotización salarial y un 7,5% de cotización salarial para subir la pensión mínima, corregir las inequidades de género y establecer un fondo de ahorro colectivo a partir de 2021 que permita aumentar las pensiones en el corto plazo y no en 40 años más.
– Los recursos acumulados de las AFP debieran poder ser utilizados en parte para contingencias personales.
– Un incremento de la pensión básica solidaria a 150 mil pesos a partir de enero.
– La revisión de la cotización de salud y su integración en un fondo único que financie un plan universal de atenciones de salud y subsidie los fármacos a las personas de menores ingresos.
– Un reajuste del sector público de 7% desde diciembre de 2019.
– Un aumento de la asignación familiar a 25 mil pesos mensuales hasta ingresos de 720 mil pesos.
– Un incremento selectivo de la gratuidad en educación superior, con énfasis en la educación técnico-profesional y las universidades estatales.
– Una disminución de la jornada laboral en cinco años a 40 horas.
– Una reducción a la mitad de las remuneraciones de ministros y parlamentarios.
Muchas de estas medidas tienen un costo, financiable con la suspensión de la reintegración tributaria prevista en la reforma del gobierno y con un mayor déficit fiscal temporal, que converja en 2022 hacia un déficit estructural de 1% del PIB.
Tercero, un nuevo pacto territorial debiera permitir a las regiones y comunas no sólo elegir sus autoridades sino también ser dotadas de nuevas capacidades fiscales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Fondo Común Municipal, a los que se integren en especial más impuestos a los recursos naturales y a la minería, para que decidan con autonomía y recursos propios sobre sus prioridades de desarrollo.
