Por Dante Castillo y Mario Torres.-En marzo recién pasado, el Ministerio de Educación advirtió que, en las universidades adscritas al sistema de admisión centralizada, los inscritos en las carreras de pedagogía bajaron en un 19%. Es decir, si en el año 2020 se matricularon 11.460 estudiantes, para este año 2021 la cifra disminuyó a 9.246. Al buscar las explicaciones, varios especialistas y expertos en educación argumentaron en tres ámbitos. Para algunos la explicación se encuentra en la crisis sanitaria y en la pandemia por Covid-19. Para otros y otras, el problema radica en que el teletrabajo mostró la precariedad de la labor docente y por lo tanto desincentivó al postulante y a sus familias. También se aludió a las ascendentes exigencias que el Ministerio de Educación les pide a los estudiantes para ingresar a las universidades para desarrollar su formación profesional en pedagogía. Más allá que el nuevo contexto esté influyendo en algo, las explicaciones para esta disminución son demasiado obvias para analizar una tendencia que se viene dando desde hace por lo menos 10 años.
Cómo explicamos que en el año 2011 la cifra de matriculados en primer año de pedagogía superaba los 26 mil estudiantes matriculados y que ahora difícilmente superemos los 9 mil. Para explicar esta tendencia, las causas que revelan la disminución de la matrícula universitaria, para las carreras de pedagogía, que se aprecia en la actualidad, se relaciona con las distorsiones que años atrás provocó el mercado educativo nacional. Concretamente, desde durante al menos dos décadas las universidades, los institutos profesionales y las autoridades de los gobiernos de la época, estimularon la matrícula para las pedagogías. Desde el inicio de los años noventa y hasta el año 2003 aproximadamente, es posible apreciar una alianza implícita entre las políticas de mercado y los intereses políticos de las autoridades por aumentar la matrícula en pedagogía. Los historiadores de la educación confirmarán que efectivamente fue una alianza en las leyes de la oferta y la demanda y la necesidad gubernamental de aumentar la cobertura educacional del país.
Por una parte, las instituciones de educación superior, públicas y privadas, competían (como lo hacen hasta la actualidad), por aumentar la matrícula estudiantil y así captar más recursos económicos, para financiar sus costos de operación anual y para crecer y seguir aumentando su oferta educacional. Propósitos que, para el caso de las instituciones privadas, se le debe agregar el interés por aumentar las ganancias y asegurar el lucro para sus inversores.
Por otra parte, el país venía saliendo de la dictadura y se enfrentaba a la necesidad educativa, social y política de aumentar la cobertura educacional y la calidad de la oferta. Es decir, uno de los énfasis de la reforma educacional promovida en los años noventa, tenía como uno de sus requisitos estratégicos, el aumento de la matrícula en las pedagogías para contar a la brevedad con nuevas profesoras y profesores. En estos mismos años, se promovieron mecanismos oficiales, apoyados, autorizados y certificados por el Ministerio de Educación, para que las universidades y los institutos profesionales, instalaran programas de acceso especial. Es decir, hasta bien avanzado el nuevo milenio, las instituciones de educación superior, se abocaron a la labor de titular profesores a través del acceso en programas especiales.
Dante Castillo es Sociólogo y Mario Torres es vicerrector de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Técnica Metropolitana
