La Ley de Inclusión establece que las universidades deben proveer los ajustes razonables necesarios para garantizar la participación plena de los estudiantes con discapacidad, indica la académica Cristina Orozco.
Por Cristina Orozco.- Chile en los últimos años ha avanzado significativamente en la implementación de políticas púbicas destinadas a garantizar el acceso a la educación superior de personas con discapacidad, especialmente con la promulgación de la Ley N° 21.091 sobre “Educación Superior”. Pese a ello, resulta fundamental adoptar una perspectiva crítica sobre su verdadera efectividad, particularmente en lo que respecta a la inclusión de personas con discapacidad intelectual.
La inclusión en Educación Superior no se refiere únicamente a la mera presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas, sino a la integración real en todos los aspectos de la vida universitaria, donde el acceso a oportunidades, apoyos y recursos adecuados sea una realidad concreta. La Ley de Inclusión establece que las universidades deben proveer los ajustes razonables necesarios para garantizar la participación plena de los estudiantes con discapacidad.
Ver también:
La necesidad de ocuparse de la discapacidad en serio
Sin embargo, la implementación de estos ajustes es desigual, lo que revela las tensiones entre la norma y la práctica. Las universidades no siempre están preparadas para atender las necesidades específicas de este grupo, lo que conlleva una experiencia educativa fragmentada, en la que los estudiantes con discapacidad intelectual son relegados a ser «observadores» más que participantes activos.
Es imprescindible fomentar un cambio de paradigma que cuestione la concepción tradicional de la educación y que promueva un enfoque verdaderamente equitativo, en el que cada estudiante, sin importar su discapacidad, pueda aprender y desarrollarse en igualdad de condiciones.
La integración social y académica de las personas con discapacidad intelectual debe ser vista como un beneficio para toda la comunidad universitaria, ya que fomenta la diversidad, la empatía y el respeto hacia la diferencia.
Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva, donde las personas con discapacidad intelectual tengan la misma posibilidad de acceder a una educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.Principio del formularioFinal del formulario
Cristina Orozco Canelo es educadora diferencial y académica de la U.Central
